Al cumplirse los 6 años de la Masacre de La Cárcova habrá una nueva marcha desde la estación de José León Suárez hasta adentro del barrio, contra las vías, donde la Policía Bonaerense mató a Mauricio Ramos y Franco Almirón para defender a un tren que había descarrilado y estaba lleno de autopartes. Ahora, con la escalada represiva que acompaña al ajuste económico de Cambiemos, las organizaciones se manifestarán en contra de la baja en la edad de imputabilidad y por el respeto a los trabajadores de la economía popular, que vienen siendo violentamente expulsados del espacio público.

Mauricio y Franco eran “quemeros”, trabajadores de la Economía Popular, como tantos en su barrio y en la zona. La materia prima con la que muchos trabajan son montañas de residuos del CEAMSE. Fue una conquista de los laburantes de la zona poder ingresar una hora por día. El punto de inflexión fue la desaparición del joven Diego Duarte en 2004, un crimen que permanece impune. Ahora hay varias cooperativas que trabajan ahí, y hay otros que van con sus carros, por su cuenta. Recuperan plástico, metales, cartón, papel y otros materiales reciclables.

“La producción de basura es una de las mayores preocupaciones que nos deja este modelo de consumo voraz”, dice el diputado nacional Leonardo Grosso, militante del Movimiento Evita de San Martín. Y cita al Papa Francisco, quien cuestiona “la cultura del descarte”, una preocupación a la vez ambiental y por los sectores que pasan hambre.

Los barrios de Suárez están construidos sobre unos antiguos “bañados”, que se fueron rellenando con basura y vendiendo de forma clandestina. En San Martín el aparato represivo siempre defendió la propiedad privada de la basura más que a la vida de los hambrientos, y fue la organización popular la que abrió las puertas de ese basural, donde se encuentran alimentos por vencer de las grandes marcas, o contenedores enteros de artículos de limpieza que se revenden en mercados populares. Pero este año se intensificó la política represiva.

“Empezamos 2017 con la represión a los manteros de Once, a los Mapuches de Cushamen, con el intento de endurecer la responsabilidad penal de los y las jóvenes, como si fueran los organizadores de los delitos. Ese el tipo de respuestas que Mauricio Macri tiene para problemas que son sociales”, explica Grosso, uno de los organizadores de la marcha que este año colgará una bandera contra la baja a la edad de imputabilidad en frente de la Comisaría 4ª de José León Suárez –que tras el asesinato de los chicos hizo una razzia y detuvo a casi 20 adolescentes–.

El segundo punto de la marcha será en la Plaza de los Trabajadores, donde se espera la presencia de organizaciones de migrantes, paraguayos y senegaleses que venden en la vía pública, sectores que también se sienten perseguidos por el gobierno nacional a partir del decreto presidencial que modifica el trato hacia ellos, y de los proyectos de crear un fuero especial para migrantes y hasta una patrulla policial para las fronteras.

La marcha de las organizaciones sociales terminará en el lugar donde fueron asesinados los chicos, donde el padre Pepe Di Paola plantará un olivo por la Paz. También estará presente Adolfo Pérez Esquivel, el intendente Gabriel Katopodis, entre otros referentes sociales y políticos.

“Es cierto que a los pibes los mataron las balas policiales, pero les volvió a disparar una Justicia que todavía no llegó, y sus vidas deben hacernos pensar también en la cantidad de jóvenes y laburantes que buscan subsistir mientras en el país se instala un modelo que privilegia a las mineras, a los sojeros, a los capitales extranjeros. Tenemos que entender que el modelo neoliberal mata”, remarca Grosso.

Hace 6 años

Con este historial a cuestas -el de reprimir a los quemeros-, el 3 de febrero de 2011, cuando descarriló un tren carguero de la línea Belgrano Norte, la policía se esmeró en defender las autopartes que se desparramaron. Formaron detrás de los vagones y avanzaron disparando, con goma primero, con plomo después.

La mamá de Franco Almirón estaba “lavando nylon” para vender cuando escuchó el estruendo que hizo el tren al caerse. Su hijo estaba con sus amigos en una esquina, haciendo tiempo. Todo el barrio se acercó a curiosear. Franco estaba con sus amigos al lado de un árbol, y cuando la represión se puso más brava se escondieron atrás de una pila de escombros. Mauricio estaba con él. En el juicio oral que en 2014 llevó adelante el TOC 2 de San Martín uno de los chicos que estaba con ellos contó que un policía les tiró una bomba de gas lacrimógeno para que salieran de su guarida, y el policía motorizado de la Buenos Aires 2, Gustavo Rey, les disparó.

El principal testigo de aquel juicio fue el sobreviviente Joaquín Romero. Él describió la escena como “una cacería”. En un momento vio salir al instructor de tiro Gustavo Vega de “entre los pastos”. Le ordenó que corriera, se dio vuelta para escapar y se desplomó sintiendo el ardor en la espalda. Joaquín todavía reclama Justicia. El tribunal compuesto por Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro decidió no aplicar ningún agravante a su tentativa de homicidio, y darle apenas 7 años de prisión a Vega. También decidieron privilegiar a Rey con el “beneficio de la duda”.

La querella apeló y la Cámara de Casación dispuso que se fijara una audiencia para aplicar los agravantes correspondientes por ser un funcionario público para Vega, y que se realizara un nuevo juicio para despejar las responsabilidades de Rey. Ambas decisiones fueron apeladas por los acusados, y los vecinos y familiares de las víctimas siguen esperando por Justicia.

 

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