Por Edgardo Nuñez
Hay testigos que estuvieron el día de la Masacre de Magdalena y ahora están en libertad. Hay otros que aún siguen detenidos, algunos incluso recibieron amenazas. Desde que se incendió el penal y murieron 33 presos hasta el comienzo del juicio pasaron doce años. Algunos familiares de los fallecidos, representados por el CELS, CPM y CIAJ, temen que se hayan diluido datos claves de la memoria de quienes declararán durante más de dos meses ante el TOC 5 de La Plata. Los abogados son más optimistas: “Logramos una reconstrucción con mucha credibilidad y verosimilitud”.
Un sobreviviente de la masacre recordó ante los jueces cómo vivió la escena del incendio:
“Empezaron a tirar muchas balas de goma. Uno de los pibes dijo:
– Voy a prender fuego para que no tiren más.
Ahí se cortó la luz y se prendió fuego. Fue todo muy rápido. Sólo pude tirarme al piso y aguantar el aire. Escuchaba los gritos y la desesperación de los pibes. Con las últimas fuerzas llegue a la ventana y me tiraron un balde de agua fría los pibes del pabellón 17, y me tapan con una frazada mojada. De ahí me llevaron a sanidad.”
Otro testigo declaró que fue amenazado por personal del servicio penitenciario antes de ir hacia los tribunales:
– Tenga cuidado con lo que dice – le dijeron los agentes y le anticiparon el castigo: quedar aislado y perder los privilegios por buena conducta.
“El testigo declaró angustiado por lo que vivió en su momento y por lo que vive ahora”, contó a Cosecha Roja Mariano Lanziano, abogado del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS). Después del testimonio, la querella solicitó al tribunal que la custodia de la sala y el traslado de los testigos sean realizados por otra fuerza de seguridad. “Los testigos que aún están privados de la libertad son más vulnerables. Los agentes penitenciarios que tienen hoy en día son colegas de los que están en la causa”, explicó.
Lanziano es uno de los abogados que lleva adelante la querella. “El juicio se encuentran en una etapa satisfactoria porque declaran los detenidos de aquel momento”, y consiguen “una reconstrucción con mucha credibilidad y verosimilitud”.
Además de los doce años que transcurrieron hasta el comienzo del juicio, uno de los mayores los contratiempos es la imposibilidad de ubicar a los testigos que se encuentran en libertad: las bases de datos que manejan no tienen las direcciones actualizadas. Y a eso se suma la confusión de los ex detenidos que creen ser citados en calidad de responsables y faltan a las audiencias en las que deben testificar. “No tenemos reuniones previas con los testigos, sólo se realiza un seguimiento posterior para darles tranquilidad. No queremos que por cualquier suspicacia se manchen los testimonios”, explicó Lanziano.
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La causa por la Masacre de Magdalena tiene 33 víctimas, 25 cuerpos, cinco anexos periciales y siete expedientes de sumario administrativo. El juicio comenzó el 15 de agosto en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Plata, integrado por los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena. Hay 17 agentes del servicio penitenciario acusados por abandono de persona seguido de muerte y homicidio culposo agravado. Entre ellos están el director de la unidad, Daniel Oscar Tejeda, y el jefe de Seguridad Exterior, Cristian Alberto Núñez.
Aquella noche del 16 de octubre de 2005 Omar Pereyra, de 31 años, murió en Pabellón 16 de la Unidad Penitenciaria 28 de Magdalena junto a otros 32 presos. Había sido trasladado un mes antes de la unidad número 9 de La Plata, pero la familia no sabía que estaba ahí. Nadie les informó del traslado, ni de su muerte. Su hermana Gisela Pereyra se enteró por el listado que salió publicado en el diario del lunes.
Las historias sobre el mal funcionamiento del sistema penitenciario se repiten en la voz de los familiares. Gisela aún recuerda cada uno de los días que tardó en saber que su hermano fue trasladado a Magdalena sin que les avisaran. La noche de la masacre vio la noticia en la televisión y tuvo el presentimiento de que algo malo pasaba. “Mi hermano estaba preso pero no tenían derecho a dejarlo morir así”, dijo a Cosecha Roja.
Gisela es una de las familiares que asiste a las audiencias. A las familias de las víctimas las representan el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Muchos familiares coinciden en el abandono del Estado y de los funcionarios durante este tiempo. “Hace doce años pasó esto y jamás dieron una explicación, ni el pésame, ni nada”, dijo Gisela. Y agregó: “Ningún funcionario se acercó a preguntar si necesitábamos algo. Tengo a mi hermano en el cementerio y tengo que pagar para que lo pasen a un nicho: de todo eso me hago cargo yo”.
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La masacre comenzó con la pelea de dos internos. Los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la División Canes llegaron hasta el pabellón con escopetas con munición antitumulto, dispararon balas de goma, golpearon a los detenidos y les lanzaron los perros. Los internos prendieron fuego colchones en la parte de atrás para espantar a los penitenciarios. En respuesta, los agentes cerraron la puerta con candado y el fuego se extendió sin control dentro del pabellón. Los internos quedaron encerrados, sin poder escapar de la nube negra de humo. El saldo final fue de 33 muertos por quemaduras y asfixia.
El pabellón 16 de la Unidad Penitenciaria 28 de Magdalena no era habitable. El edificio compacto de hormigón armado estaba dividido en dos partes, en cada una había 60 camas. Las 58 personas alojadas en el lugar del incendio debían compartir tres letrinas. No existía la red antiincendio y los detenidos disponían de casi cuatro metros cuadrados por persona (menos de la mitad de lo establecido por los estándares internacionales).
Los 17 agentes del SPB -incluídos los dos jefes- están procesados por no prestar auxilio cuando comenzó el fuego. En lugar de eso, cerraron las puertas. En la primera audiencia, la fiscal Florencia Budiño sostuvo la acusación contra 15 penitenciarios por el delito de abandono de personas seguido de muerte y contra el jefe del penal y otro agente más por homicidio culposo agravado.
El juicio tiene más de 400 testigos y las audiencias se realizarán de lunes a jueves durante todas las semanas hasta noviembre.
