penal de magdalenaCosecha Roja.-

Rufina Verón no se olvida más de la noche del 15 de octubre de 2005. Su hijo César Javier Magallanes murió asfixiado en el incendio del penal de Magdalena junto a otros 32 presos. Diez años después, están acusados 17 penitenciarios y todavía no hay fecha de juicio. “Esta gente sigue matando y torturando, y nosotros somos personas olvidadas. Pero soy constante y voy a seguir hasta donde sea para que no vuelva a suceder”, dijo a Cosecha Roja Rufina, durante la movilización de esta tarde en La Plata.

La masacre comenzó como una pelea entre dos internos. Los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la División Canes llegaron hasta el pabellón con escopetas con munición antitumulto, dispararon balas de goma, golpearon a los detenidos y les lanzaron los perros. El incendio comenzó en el fondo, donde estaban las últimas camas. Los penitenciarios retrocedieron, sacaron a alguno de los presos y cuando el fuego se volvió incontrolable cerraron la puerta.

Los 17 agentes del SPB -entre ellos el jefe de la unidad y el jefe de Seguridad- que están procesados omitieron prestar auxilio cuando comenzó el fuego. En lugar de eso, cerraron las puertas. Están acusados de abandono de persona seguido de muerte y de homicidio culposo agravado.

“Este caso muestra dos cuestiones. La primera es que el Estado no puede paliar la sobrepoblación encerrando en lugares de mínima habitabilidad y construcción precaria. La segunda, la práctica del SPB enfocada hacia la represión y no al cuidado y la seguridad de los internos”,  dijo a Cosecha Roja Eva Asprella, abogada del Centro de Estudios Sociales y Legales. El CELS es una de las organizaciones que patrocinan a las familias de las víctimas junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).

El pabellón 16 de la Unidad Penitenciaria 28 de Magdalena no era habitable. El edificio compacto de hormigón armado estaba dividido en dos partes, en cada una había 60 camas. Las 58 personas alojadas en el lugar del incendio debían compartir tres letrinas. No existía la red antiincendio y los detenidos disponían de casi cuatro metros cuadrados por persona (menos de la mitad de lo establecido por los estándares internacionales).

“En 2007 el fiscal terminó la investigación y pidió la elevación a juicio. Pasaron ocho años y todavía el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de La Plata no fijó la fecha”, dijo la abogada del CELS. La causa tiene 300 testigos. Esta tarde los familiares de las víctimas y las organizaciones se juntaron en La Plata para exigir el comienzo del juicio.

Rufina llegó hasta el centro platense con sus cuatro hijas y su nieta. César era el único varón, el hermano del medio, y vivía con la mamá y hacía changas. Cuando cayó preso, en marzo de 2003, tenía 23 años y graves problemas de salud. No tenía condena y esperaba la resolución del TOC 4 de Morón. Cuando la mamá viajaba más de seis horas para visitarlo y llevarle comida, nunca le dejaban pasar los remedios que necesitaba. “Esa noche se escuchaban los gritos desesperados de los internos y los penitenciarios no abrían las puertas. A diez años de la masacre, pedimos justicia”, dijo Rufina.

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