Cosecha Roja.-

A once meses de la masacre de Rosario, la Comisión Investigadora entregó a la Cámara de Diputados de Santa Fe el informe preliminar sobre la investigación del caso. El texto, que se hará público esta semana, denuncia el rol de la policía en la protección del delito, critica al Poder Ejecutivo por la falta de políticas de seguridad y reclama que la conducción de la fuerza esté en manos de civiles.

El 1º de enero, Jere, Mono y Patom, tres militantes del Movimiento 26 de Junio fueron asesinados en Villa Moreno, en la zona sur de Rosario. Los pibes fueron víctimas de una venganza entre bandas narco. El informe preliminar dela Comisión Investigadora fue presentado el jueves ante el plenario dela Cámara y lleva las firmas de Eduardo Toniolli, Germán Kahlow y María Eugenia Bielsa (PJ), Germán Mastrocola (Unión Pro Federal), Inés Bertero y Griselda Tessio (Frente Progresista). Estas dos últimas con disidencias parciales en las conclusiones.

El eje del informe es el vínculo entre la policía y el delito organizado. A partir de la investigación judicial y de los testimonios de jefes de la fuerza,la Comisión concluye que se dieron al menos cuatro situaciones en torno al triple crimen en las cuales la policía actuó en protección de las bandas. “Por un lado se observan las irregularidades en el registro del ingreso de Maxi Rodríguez al HECA (Hospital de Emergencias Clemente Álvarez), por otra parte la situación que implica a los oficiales Carrillo y Centurión en cuanto al contacto con Sergio Rodríguez, sumado a esto es necesario incorporar todas las denuncias realizadas por los familiares de las víctimas respecto a las actuaciones del personal dela Comisaría 15°”, dice el dictamen.

Las denuncias sobre la comisaría 15ª tienen que ver con la desaparición de pruebas en un intento de homicidio anterior –que desató la serie de venganzas que concluyó en el triple crimen- y con el supuesto conocimiento por parte del comisario Abel Santana de los vínculos policiales con la banda de Sergio El Quemado Rodríguez.

En las conclusiones, el informe critica la “falta de diseño de políticas públicas de seguridad permanentes” por parte del gobierno provincial y plantea la necesidad de que exista un control político de la fuerza policial, que se prohíban los ascensos de los jefes policiales investigados administrativa o judicialmente y que se destinen los “recursos económicos suficientes “para dotar a unidades investigativas de delitos complejos de equipamiento tecnológico y recursos informáticos de alta complejidad”.

Finalmente, los diputados solicitan que se extiende la vigencia dela Comisión Investigadora hasta la conclusión de la investigación judicial.

Ajuste de cuentas

Otro de los aspectos sobre los que hace hincapié el texto presentado en Diputados es en el rechazo a la figura del “ajuste de cuentas” que intentó instalar la policía luego de la masacre. Según explicó a Cosecha Roja la diputada María Eugenia Bielsa, esta calificación “funciona como una expresión tranquilizadora hacia la sociedad”. “Se instala la idea de que ‘se matan entre ellos’ y exime a la policía y a la política de accionar sobre este delito”. “La primera vocación del Estado fue desentenderse del problema”, agregó.

La causa judicial

En la causa del triple crimen están detenidos seis miembros de la banda del Quemado. En una causa en la que se investiga las complicidades policiales hay tres uniformados procesados. Al comisario de la 15ª, Abel Santana, se le dictó la falta de mérito.

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