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Elsa Marta Sosa de Fagetti era testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad en San Rafael, Mendoza. Tenía 62 años y era médica. El viernes apareció asesinada en su casa en Córdoba. Su familia la encontró con golpes en la cabeza y un cable enrollado en su cuello. La casa no estaba desordenada y en el lugar no faltaba nada, pero la primera hipótesis policial fue que se había tratado de un robo.

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Más tarde, los medios citaron a ‘fuentes con acceso a la investigación’ y  dijeron que se trató de un ‘crimen para cubrir otro de índole privada’.  Hasta el momento hay un detenido, el albañil Juan Carlos Ríos, que trabajaba en la planta alta de la casa de Elsa. Desde H.I.J.O.S. de San Rafael emitieron un comunicado. “Hoy a las 12,30h nuestro compañero Javier Fagetti dará conferencia de prensa en la ex casa cuna para sentar posición sobre el violento femicidio de su madre y compañera en la lucha por Memoria Verdad y Justicia Elsa Sosa  Javier y su familia ya sufren por la ausencia de su padre, Américo Fagetti, víctima del terrorismo de estado en Argentina, por esto, exigimos a los medios de comunicación masivos y alternativos, a las organizaciones compañeras y al público en general no valerse de especulaciones vanas que solo llevan a conclusiones que entorpecen el clima para llegar al esclarecimiento de este horrible hecho cuya responsabilidad (en el amplio sentido dela palabra) de investigación es exclusiva de las autoridades de justicia de la provincia de Córdoba”.

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Elsa era testigo y querellante en causas por delitos de Lesa Humanidad. Su marido, Aldo Fagetti, fue el primer desaparecido de San Rafael. Lo secuestraron el 25 de febrero de 1975 en su fábrica de empanadas. Lo mataron quince días más tarde, luego de firmarle la libertad.

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El crimen conmocionó a testigos y querellantes del segundo juicio de San Rafael por crímenes de Lesa Humanidad. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en ese debate oral se están siendo juzgados 26 represores. Y entre ellos se encuentra Hugo Ramón Trentini, condenado a 15 años de prisión por haber sido el máximo responsable del asesinato de Sebastián Bordón en septiembre de 1997. “Entre las 76 víctimas que forman parte de esta causa, se encuentra Aldo Fagetti, el primer desaparecido de San Rafael, antes del golpe militar, quien fuera compañero de Marta”, dijeron desde la CPM.

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Según la entrevista publicada por Infojus Noticias en septiembre de 2015, en ese juicio quedó al desnudo un centro clandestino de detención que funcionó en la sede de Tribunales llamado la “Casa Departamental”. El lugar, decía la publicación, “tenía una estructura de tres calabozos, donde se llevaba ilegalmente a detenidos y se los torturaba”. Para Pablo Garciarena, fiscal del juicio que tiene 72 víctimas y 26 imputados, “la coordinación entre la policía mendocina y los militares fue determinante para aceitar el mecanismo de la represión en una región donde todos se conocían con todos, pero que sin el apoyo de la justicia eso no hubiera sido posible”.

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En una nota publicada en noviembre del año pasado, la revista La Retaguardia habló con Victoria González, de APDH Mendoza. En San Rafael, dijo González, “los integrantes de organismos de derechos humanos incluso hoy viven situaciones complejas como el hecho de que se tapen pintadas, se rompan monumentos y placas de homenajes a las víctimas, además de recibir permanentes amenazas”. La referente hablaba de una “una ciudad muy conservadora”. Decía que allí, de tanto consenso social que había, los centros de tortura no necesitaban funcionaban en lugares escondidos.

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En las últimas horas, desde distintos sectores se comparó su caso con el de Silvia Suppo, la testigo y víctima de crímenes de Lesa Humanidad asesinada en 2010 en Rafaela, provincia de Santa Fe. Poco después de declarar contra el ex juez Víctor Brusa, la mataron de doce puñaladas a plena luz del día, mientas atendía su local. Por el crimen fueron detenidos dos adolescentes. Para la justicia se trató de un robo común. Los familiares de Silvia pidieron que se investigue a los funcionarios judiciales que intentaron descartar de plano el movil político del crimen.

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En 2007, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Elsa dijo a Página 12 que asumía sin rencores lo que le tocó vivir y que teía la esperanza de que la nueva etapa no sea “un boom de noticias ni una satisfacción individual, sino que los argentinos tomemos conciencia de que lo que pasó en esos años fue tremendo. No podemos admitir que en un gobierno democrático la muerte haya sido el punto de partida de todo”.