Al cabo Alberto Rubén Martínez, de la Policía de Salta, le asignaron una consigna fija: tenía que custodiar a una víctima de violencia de género que fue amenazada de muerte. El hombre llegó el martes por la noche a la casa de la mujer, en la zona este de la capital salteña.
Cuando se hizo tarde, ella le permitió entrar a la casa. Para que no se quedara dormido le dejó prendida la televisión del living y se fue a su habitación a dormir.
Alrededor de las tres de la madrugada, Martínez se metió en la cama de la mujer. Estaba en cueros y tenía puesto sólo un boxer.
-Correte para la pared – le dijo- Yo me acuesto en la orilla.
La empujó, la abrazó, le tocó los pechos e intentó sacarle la remera. La mujer le gritó “no” y le preguntó por qué hacía eso.
-Me tenté- contestó él.
Toda la situación la describió ella al diario El tribuno, de Salta. Y contó que en el momento en que Martínez intentaba abusarla llegó otro oficial que pasaba por la casa a controlar que el cabo estuviera en su posición. Como no lo vio en la puerta, hizo luces con el patrullero y prendió la sirena.
Martínez se levantó para cambiarse y la mujer aprovechó para salir corriendo y pedirle ayuda al policía recién llegado.
La mujer lo denunció y el abusador quedó detenido. El viernes fue citado a declarar ante el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Obeid.
El fiscal lo imputó por abuso sexual simple agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones. La Policía de Salta lo suspendió.
“Hoy temo más que nunca por mi seguridad, es muy lamentable”, dijo la mujer que lo denunció.
La situación de un policía que usa su poder para abusar y violentar a una mujer no es nueva: en junio de este año, una adolescente de 15 años recurrió a un policía conocido de la familia para denunciar a su padre por abuso sexual. ¿Qué hizo el efectivo? La violó. Pasó en la localidad cordobesa de La Carlota, a unos 275 kilómetros de la ciudad capital.
En mayo, se conoció el caso de una chica de 16 años que había intentado robar unos jeans en un local de un shopping, en el barrio porteño de Palermo. Los de Seguridad la demoraron. Aunque desde el comercio decidieron no denunciarla, un efectivo de Vigilancia la llevó a un cuarto, amenazó con detenerla y abusó sexualmente de ella.
La ley que pone el ojo en el victimario y no en la víctima
Paradójicamente, esta semana la Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto que modifica el artículo 10 de la ley provincial 7.888, de Protección contra la Violencia de Género, para que en lugar de imponer una consigna policial a las mujeres que denuncian violencia de género, esa custodia se imponga al agresor.
Las medidas dispuestas por la Justicia hasta ahora “afectan la vida de las mujeres, porque tener que vivir con un policía que la sigue a todos lados es otro estigma y viola su intimidad, mientras el agresor anda libre y tranquilo por ahí”, argumentó la senadora Silvina Abilés, cuando la cámara alta le dio media sanción.
“De esta manera el que vivirá con la consigna y un policía siguiéndolo será el agresor, y las mujeres dejarán de vivir esa doble situación de violencia”.
Si la ley se hubiera aprobado antes, hoy no estaríamos contando el caso de Alberto Rubén Martínez.
