Mientras un temporal mantiene en alerta amarilla a toda la zona centro norte de Chile, decenas de agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y sobrevivientes a la represión de la dictadura de Pinochet llegaron esta mañana a la explanada del palacio de La Moneda. Ayer, 11 de mayo, se cumplieron tres años desde que cerraran un acuerdo con la presidenta Michelle Bachelet. Del acuerdo poco se ha cumplido, pero los manifestantes no fueron recibidos por el gobierno.
Una de las demandas más sentidas es la aprobación en el Congreso de una reforma que termine con la aplicación de la figura legal de “media prescripción” para los violadores de derechos humanos. La media prescripción contraviene los convenios internacionales de Derechos Humanos, pero es profusamente aplicada en la investigación de los crímenes de la dictadura de Pinochet.
Los familiares llegaron desde todo el país: Iquique y Pisagua, Antofagasta, Paine, La Serena, Talca, Linares, Parral, Chillán, Los Ángeles, Concepción, Valdivia, La Araucanía y Osorno, lugares en los que estuvieron los principales centros de detención y exterminio fuera de la capital.
Liderados por Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), organización que ha presentado cientos de querellas por casos nunca investigados en los últimos años, dos docenas de dirigentes de todo el país esperaron en vano bajo la lluvia.
Reducción de penas y beneficios
La media prescripción permite que ex represores condenados por los delitos más graves del Código Penal como homicidio, secuestro, torturas o violación tengan bajas condenas, lo que a su vez se traduce en otro problema político: su aplicabilidad para posibles beneficios de cumplimiento alternativo de pena o excarcelación.
La figura legal posibilita que, cada cierto tiempo, los abogados de los militares recluidos en el penal especial de Punta Peuco recurran a la justicia pidiendo su libertad condicional.
Algunos de los que han recibido condenas bajo esta figura son el infame ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, Manuel Contreras; Basclay “El Troglo” Zapata o Miguel Krassnoff Martchenko, quien por sí solo suma 393 años de condena por decenas de crímenes.
Desde el Instituto de Derechos Humanos, organismo estatal, se han pronunciado en contra de la aplicación de la media prescripción. El año 2006 la Corte Interamericana falló contra Chile instando a dejar sin efecto alguno el Decreto Ley de Amnistía 2191 de 1978. “El Gobierno y el parlamento no pueden seguir dilatando la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. Suficiente tiempo ha pasado y creemos necesario honrar nuestros compromisos internacionales en derechos humanos”, señalaron en 2015.
Campaña por la impunidad
Mientras en Argentina miles se reunían para protestar contra el fallo que aplicaba el 2×1 a los genocidas, en Chile una de las noticias de la semana era una entrevista a la Agrupación de Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado en uno de los diarios de la cadena El Mercurio.
La organización, compuesta por familiares de ex represores condenados por violaciones a los derechos humanos, presentó una solicitud de indulto a favor de cuatro presos en diciembre pasado. El miércoles volvió a la carga: “ya todos cumplieron con la justicia, están condenados. ¿Por qué no terminar sus días en casa?”, preguntó en el vespertino La Segunda Susana Ruiz, hija del oficial aéreo Freddy Ruiz Bunger. A sus 90 años, fue condenado, en agosto pasado, a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Nicolás López Suárez, ex dirigente sindical comunista, en 1976.
Desde los sobrevivientes y familiares de ejecutados y desaparecidos denuncian esto como una campaña por la impunidad que se aprovecha de la nula actividad legislativa para terminar con los resquicios legales.
“Existiendo voluntad política de sancionar la impunidad, podremos avanzar en curar lo que se ha llamado ‘la herida abierta’. Ese tiempo que podemos recuperar, es corto, pues lentamente se impone la “impunidad biológica”, aquella que deja de sancionar los crímenes de lesa humanidad por muerte de los perpetradores”, indicaron desde las agrupaciones de derechos humanos. Esperaron dos horas bajo la lluvia pero no fueron recibidos y desde la vocería de La Moneda no hubo respuesta.
