Por María Florencia Alcaraz.-

Laura tiene 17 años y vive en la zona rural del gran Mendoza. Tiene un vínculo con un chico que la obliga a mantener relaciones sexuales sin protección. No es su novio. No es su amigo. Es un chico, de su edad, que la acosa y ella no sabe cómo romper con esa relación. Laura quedó embarazada. Ella, que no terminó el colegio, dice: “No quiero criar a un violento como él”. Laura pidió ayuda a una trabajadora social que motoriza en su barrio la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. La adolescente decidió abortar con pastillas usando misoprostol. ¿Qué hubiera pasado si el Estado le hubiera brindado un subsidio de $4.200 para continuar el embarazo? Es que en Mendoza un polémico proyecto de ley pretende subsidiar a las mujeres como Laura, víctimas de violación, para que no interrumpan sus embarazos. Laura dice que de todos modos no habría aceptado.
La iniciativa es del senador mendocino del Partido Justicialista, Matías Stevanato. Pero contradice el fallo de la Corte Suprema, que resolvió que las mujeres violadas podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. La propuesta, que está siendo debatida en la Comisión de Salud, será tratada en la Comisión de Hacienda y luego en la de Legislación y Asuntos Constitucionales. Si se aprueba en comisión, en mayo será tratada en la Cámara de Diputados provincial.
El “Programa de prevención, asistencia y compensacióna”, además del subsidio económico, propone asistencia médica, psicológica, patrocinio jurídico gratuito, medicación gratuita y hasta asistencia habitacional. La iniciativa es cuestionada por otros legisladores, organizaciones sociales y de derechos humanos.
“Es un proyecto mercantilista, discriminador y estigmatizador que reduce la problemática a una cuestión monetaria subestimando a las mujeres. Parece como si fuera un premio. No hay con qué pagar la pérdida y el daño que supone una violación. Se presentó como una respuesta a la intención de protocolizar el aborto no punible”, dijo a Cosecha Roja la diputada mendocina Liliana Vietti (UCR), autora del proyecto de adhesión a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles.
En diciembre de 2012 el Senado de Mendoza rechazó la adhesión a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles que tenía media sanción en la Cámara de Diputados provincial. El proyecto se archivó y será debatido recién en mayo próximo, con la apertura de las sesiones ordinarias. Así, el proyecto de Stevanato se presenta como una alternativa al protocolo solicitado en un fallo de la Corte Suprema. Mendoza se encuentra entre las diez provincias no presentaron sus propuestas.
Stevanato alega una visión “humanitaria” de la situación social. “Es un deber de la sociedad. Para proteger a la madre hay que salvar a las dos vidas”, dice en el texto. Este enfoque de protección de los derechos de la mujer está presente en la guía de aborto no punible, aclara Vietti: “La atención psicológica y el trato humanizado ya está en la guía que el Senado archivó”.
En el proyecto de ley de Stevanato, la mujer cobraría, desde la concepción del niño y de por vida, el equivalente a un salario y medio mínimo vital y móvil. La mitad sería otorgada a la mujer y el monto completo al niño, que solo recibiría el dinero hasta que alcance la mayoría de edad. Hoy la supuesta beneficiaria recibiría $4.250.
“Se subestima la problemática porque al ofrecer dinero, pareciera que esto pasa por las clases populares. Pero la violencia contra las mujeres no conoce de clases sociales”, dijo la psicóloga Sara Gutiérrez, de la organización no gubernamental “Las juanas y las otras”.
Otro aspecto cuestionado es que el proyecto continúa judicializando la problemática de los embarazos producto de violaciones. Porque plantea que “la asistencia será dispuesta por el juez que entienda en la causa promovida por la comisión del delito”.
Para Gutiérrez, el proyecto de ley “va en contra de lo dictaminado por la Suprema Corte”. “Es subsumir a la mujer en una violencia más profunda. Hay un primer hecho violento extremo en el cuerpo de una mujer que es la violación. Después se sucede un segundo hecho violento, que es que el material genético se enlaza a nuestros óvulos. Las mujeres, en general, no queremos sostener ese enlace violento. De los casos que yo conozco, solo uno decidió continuar con el embarazo”.

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