Milenio.-

24 mil 102 personas: el equivalente a la mitad de un estadio de futbol o una ciudad de mediano tamaño. Ese es el número aproximado de cuerpos que se han ido a la fosa común al cierre del actual sexenio. Y es un cálculo altamente conservador. No incluye registros completos de los estados más violentos de México, como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

A lo largo del sexenio que ya termina, miles de cuerpos han sido enterrados en el anonimato. Varios más se les suman todas las semanas: son migrantes, indigentes, personas sin familia, víctimas de homicidio y criminales -además de osamentas y restos corporales sin dueño aparente-, que se hallan enterrados y en muchas ocasiones apilados en cementerios por todo el país, desde la frontera con Estados Unidos hasta la península de Yucatán. Son cadáveres sin identidad catalogados en los registros oficiales únicamente como NN. Ningún Nombre.

Una amplia investigación periodística de MILENIO, realizada con base en más de 470 solicitudes de transparencia presentadas ante servicios médicos forenses estatales, gobiernos municipales y hasta la administración de pequeños cementerios locales, permite esbozar los primeros trazos de un atlas nacional de cadáveres no identificados.

Entre los datos que se desprenden de la investigación están dos hechos paralelos: 1) algunas procuradurías de justicia no quieren revelar las cifras de muertos sin identificar bajo su poder. Y 2) el número de cuerpos remitidos a fosa común ha escalado año con año desde el inicio del sexenio, a la par del número de ejecutados, criminales abatidos y víctimas en general de la violencia. En promedio, 10 cuerpos sin nombre o sin reclamar han sido inhumados diariamente.

Hasta ahora, con las cifras de 2012 aún inconclusas y actualizadas solo hasta agosto y septiembre, 2011 es el año en el que los restos de más personas fueron depositados en espacios comunes, sin el beneficio final de una lápida de identificación: 4 mil 927 cadáveres jamás fueron reclamados en ese año, durante el que, coincidentemente, se registró el mayor número de ejecuciones vinculadas al crimen organizado en la administración de Felipe Calderón.

El panorama que pintan los documentos obtenidos muestra también que en algunas ciudades, como Juárez, Celaya y Monterrey, fueron procesados tantos cadáveres en condición de abandono que la capacidad de los panteones quedó rebasada o cerca del tope. En consecuencia, nuevas zanjas y panteones han debido ser excavados. Es un escenario que se repite por toda la República, con fosas comunes que se están agotando o cementerios que han comenzado a reciclar sus espacios, al extraer y desechar restos de siete años de antigüedad.

Algunas ciudades y estados vieron el número de NNs multiplicarse vertiginosamente. En Nayarit se triplicó la cifra en tres años. En Baja California creció en un 100 por ciento. En Torreón se multiplicó 10 veces. En el puerto de Veracruz hubo más de mil cadáveres sin identificar en 2011. Durango pasó de haber inhumado ocho cuerpos sin nombre en 2006 a 438 en 2011 (ver gráficas).

No solo eso. El descontrol en el manejo de los restos sin identificar priva en muchas entidades y gobiernos, según se desprende de varias de las respuestas obtenidas dentro de este ejercicio, que tomó más de tres meses en su elaboración y para el que fue necesario crear una base de datos con miles de cifras. Pero esas son las que han sido recuperadas: faltan las que nunca podrán ser computadas. Medio centenar de municipios admiten haber perdido sus archivos previos al 2009 y 2008 y han extraviado la ubicación de cuerpos que difícilmente serán hallados para posterior identificación.

Algunos estados, como Michoacán, reconocen nunca haber integrado una base estatal de datos sobre cadáveres NN y apenas han iniciado ese proceso, pese a que la violencia ha dejado en esa entidad miles de víctimas de homicidio. La Procuraduría General de Justicia michoacana no puede responder ni siquiera cuántos cuerpos recibió su servicio médico forense en el sexenio. “No se cuenta con el dato estadístico”, justificó la dependencia.

“La información que se posee de los cadáveres que hayan ingresado al servicio médico forense no se ubica de manera conjunta y organizada en una sola relación respecto de todo el Estado”. Pero la PGJE-Michoacán aseguró que ya trabaja en corregir esa deficiencia.

UNA FOSA TORTUOSA

Las solicitudes de transparencia, que estarán disponibles al público para su consulta enwww.milenio.com, no solo dan una idea de la situación general de cadáveres no identificados, sino sobre los distintos niveles de avance en materia de transparencia en el país y los estados.

Para obtener los datos fue necesario recurrir a mensajes de correo electrónico y portales estatales (Infomex, Saimex, Unidad Guanajuato), sin dejar de lado numerosas llamadas telefónicas a unidades de enlace y de Comunicación Social para corregir “errores” como la pérdida de archivos, documentos ilegibles y páginas que pasaban semanas enteras fuera de línea.
En total, de las 479 peticiones presentadas –algunas bajo seudónimo- 230 fueron contestadas y191 quedaron sin respuesta. Es decir, fueron ignoradas por las autoridades. Otras 40 solicitudes fueron rechazadas, declaradas como inexistentes o clasificadas como información confidencial, de seguridad estatal.

Muchos estados y municipios entregaron la información sin retrasos, como el Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y Guanajuato, entre otros. Sus administraciones y municipios prepararon relaciones detalladas de las estadísticas en poder de sus servicios médicos forenses y administraciones panteoneras. En general, se pudo obtener información en 25 de los 31 estados del país, así como en 210 ciudades y municipios.

Es de esas respuestas de las que surgen datos poco conocidos que van detallando cómo los mexicanos procesamos a nuestros muertos sin nombre. Por ejemplo, Jalisco crema los cuerpos después de tomar una muestra de ADN. Las cenizas y un pequeño frasco con material genético permanecen en nichos, a la espera de una eventual identificación. Monterrey es detallista: lleva un registro de piezas patológicas, es decir, extremidades y órganos recuperados de hospitales o en la vía pública. Algunas ciudades de Sonora abren sus fosas comunes a ancianos que ya no tienen familia y Pachuca registra fetos -¿abortados, abandonados?- entre los cuerpos enviados a su fosa común.

Pero está el lado contrario. Hubo entidades que hicieron todo lo posible por no revelar el número de cadáveres NN procesados en sus servicios médicos forenses. Pese a reiteradas llamadas, nunca se pudo encontrar una unidad de transparencia en la Procuraduría de Tamaulipas y el vocero de esa dependencia, Rubén Darío, aseguró de plano que “no existen de todas formas esos datos ya que hubo una transición de gobierno y no sabemos qué pasó antes”. Fue más allá: dijo que Tamaulipas no recopila datos de cadáveres porque “esa es tarea de la PGR”.

Algunas entidades rasuraron sus cifras o cometieron errores de cálculo. La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa reportó solo haber enviado a 54 cadáveres en su entidad a la fosa común en 2011 y a 227 en todo el sexenio. Pero una revisión simple a la página de su servicio médico, en donde se archivan y digitalizan imágenes de cuerpos no reclamados, pone en duda esos números. Su base de datos de occisos sin identificar ubica a un total de 332 personas no reclamadas en el sexenio. Tan sólo en 2011, 91 cuerpos –el doble de la cifra informada vía transparencia- quedaron abandonados en las planchas de su forense.

En otras entidades solicitar la información resultó ser un proceso enredado e imposible de cumplir. En estados como Oaxaca se pide llevar una carta impresa a las instalaciones de su procuraduría. En Campeche y Chiapas no existen siquiera sistemas de transparencia confiables: sus páginas llevan varios meses fuera de servicio o no admiten preguntas. Baja California Sur no se ha tomado la molestia de abrir un servicio.

El Estado de México merece una mención aparte. Los datos de cadáveres en fosa común fueron obtenidos por sus municipios y no su gobierno central, que puso distintas trabas para evitar que la información fuera dada a conocer. Mientras que la mayoría de los municipios mexiquenses revelaron los datos de sus cuerpos enviados a la fosa, la Procuraduría General de Justicia cometió “errores” al anexar los archivos a las respuestas en su página de internet. “Se resolverá rápido”, prometió la encargada de su unidad de transparencia. Ha pasado un mes.

Más allá de los problemas técnicos, están las negativas. Ese fue el caso de las procuradurías generales de Justicia de Veracruz y Aguascalientes, así como la Fiscalía de Yucatán. Las primeras dos entidades clasificaron como reservada toda la información relativa al número de cuerpos recibidos y procesados por sus respectivos servicios forenses (si bien sus municipios entregaron los datos sin problema alguno). La instancia yucateca se declaró incompetente para responder cualquier duda porque, aseguró, no está dentro de sus atribuciones contar cuerpos.

En lo que toca a Veracruz, su argumento llegó al extremo: literalmente aseguró que la permanencia del gobierno, de sus instituciones y hasta la integridad territorial del estado “estarían en riesgo” al darse a conocer datos como esos, además de que se “invadiría la privacidad” de los cadáveres desconocidos.

MILENIO interpuso un recurso ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) para revisar esa decisión convencido de que no hay invasión a la privacidad de un cadáver sin identidad. También se citó uno de los criterios del Instituto Federal de Acceso a la Información que establece que las estadísticas, sea cual fuere su naturaleza, son públicas.

Al final, el IVAI falló a favor de este diario al considerar que sus argumentos se sostenían y que la argumentación de la Procuraduría veracruzana “carecía de validez jurídica”. Hasta ahora, la PGJE no ha cumplido con el mandato de revelar sus archivos de cuerpos no identificados.

Pese a eso, una treintena de municipios veracruzanos sí entregaron la información solicitada. Y fue ésta la que permitió construir un mapa, incompleto pero funcional, sobre la situación de cadáveres no identificados y no reclamados en Veracruz. De esos datos se revela que ha sido el estado que más ha recurrido a la fosa común. En total, en lo que va del sexenio y aun a la espera de las cifras estatales que pudiera generar la procuraduría, las administraciones municipales tienen documentada la inhumación de 5 mil 245 personas. La cifra más elevada de todo el país.

24 mil 102 personas es la cifra más concreta que se ha podido sumar bajo esta metodología. Y aún así, es una cifra conservadora. Más allá de Monterrey, no se pudo preguntar a nivel de municipio en entidades violentas como Nuevo León –y mucho menos Guerrero- y las peticiones que se hicieron a las alcaldías de Sinaloa desaparecieron del sistema Infomex por un “error informático” que, dos meses después, no ha sido corregido por la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Ahí se perdieron datos de Culiacán, Badiraguato, Mazatlán y Los Mochis que, muy probablemente, hubieran elevado el número de NNs.

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