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Artículo 19, organización internacional por la defensa de la libertad de expresión, registró 87 agresiones a la prensa en el segundo trimestre de 2014, un aumento de 24% con respecto a las 70 agresiones documentadas entre enero y marzo de este año.
En total, hubo 157 agresiones contra informadores en el primer semestre, lo cual representa un leve aumento frente a las 151 que hubo en el mismo lapso de 2013. Asimismo, las 157 agresiones de enero a junio de 2014 representan un aumento de más del 50% con respecto a las agresiones que en el mismo periodo hubo en el año 2012.
Las agresiones a la prensa en México, durante el segundo trimestre del año, se caracterizaron por dos graves violaciones a los derechos humanos que han puesto en riesgo la labor periodística: La repetición crónica de ataques a la libertad de expresión y la inacción gubernamental.
Entre abril y mayo, la organización Artículo 19 ha podido documentar por lo menos 10 casos de periodistas y medios de comunicación que ante la impunidad imperante vuelven a ser blanco de nuevos ataques o amenazas a pesar de contar con medidas de protección del Estado Mexicano o denuncias penales por las agresiones sufridas con anterioridad.
El informe trimestral, publicado en el sitio de Artículo 19, afirma que “la repetición de las agresiones y la impunidad que suele acompañar a los casos documentados, ha provocado que la violencia contra la prensa tienda a incrementarse”, a lo cual debe añadirse que las agresiones amedrentan a los profesionales de los medios, “quienes optan por continuar con su trabajo a pesar de los riesgos de informar en un país como México donde más del 90% de los delitos denunciados quedan en la impunidad.”
En el segundo trimestre de 2014, la organización internacional documentó 87 agresiones a medios y periodistas, de las cuales 39 fueron físicas; 14 intimidaciones; 13 detenciones arbitrarias; 9 amenazas; 4 actos de censura y 8 acciones legales (4 denuncias por difamación y calumnia, y 4 citatorios judiciales o ministeriales). Las entidades más violentas para ejercer el periodismo en este segundo trimestre fueron: Veracruz con 19 agresiones; Distrito Federal con 15 y Quintana Roo con 12.
Además, se pudieron documentar de manera extemporánea, otras 4 agresiones físicas ocurridas en el primer trimestre del año. En suma, en el primer semestre de 2014, fueron registrados 157 ataques a la prensa, número un poco mayor a las 151 agresiones reportadas por la misma organización en el mismo periodo de 2013, y 50% mayor a las agresiones registradas en el primer semestre de 2012.
Para Artículo 19, el contexto de impunidad provoca “un efecto de repetición crónica de las agresiones”, y la falta de resultados por parte del Estado mexicano a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE – PGR) o de las Procuradurías locales y de los Tribunales “son un gran pendiente que amerita acciones contundentes para buscar verdad, justicia y reparación.”
De esta forma, al no existir castigo para los agresores de periodistas, ni para aquellos servidores públicos que caigan en la inacción o negligencia se “permite que los agresores continúen sin sanción mientras los ataques para tratar de acallar a la prensa siguen aumentando.”
Aquí algunas de las historias:
Para la organización, “es preocupante la repetición crónica de ataques a la prensa pues en la mayoría de las ocasiones hay denuncias penales de esos hechos. Esa inacción gubernamental ha generado que a pesar de contar con una Ley Federal que garantiza la libertad de expresión, un Mecanismo Federal para proteger a la prensa y una Fiscalía Especial para investigar las agresiones contra comunicadores y medios, el trabajo de la prensa se vea vulnerado.”
Asimismo, “no hay duda que el Estado mexicano ha incumplido con la obligación de castigar a los agresores de la prensa, poniendo en riesgo la libertad de expresión en México, incumpliendo diversas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aunado a la falta de claridad de políticas públicas y una estrategia contundente para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de ataques a la prensa.”
Las agresiones a Noroeste
El informe de la organización de defensa de la libertad de expresión relata uno de los casos más significativos del periodo, sucedido la madrugada del jueves 3 de abril, cuando el director general del Periódico Noroeste, Adrián López Ortiz, fue asaltado, golpeado y atacado de un balazo, durante su camino a casa desde el Aeropuerto de Culiacán, Sinaloa.
López Ortiz regresaba a Culiacán proveniente de la Ciudad de México, donde participó en una mesa de análisis organizada por Artículo 19 y Fundar, en la que habló sobre medios de comunicación y publicidad oficial. Tras bajar del avión –en el que coincidentemente viajaba el gobernador de ese estado, a quien Noroeste ha cuestionado públicamente por el desempeño de su administración – y dirigirse a su casa, López Ortiz fue interceptado por al menos dos vehículos. Tras robarle sus pertenencias, así como el vehículo en el que viajaba, los responsables huyeron para después regresar y darle un balazo en la pierna.
Aun cuando la PGJ-Sinaloa asegura que el ataque contra López Ortiz fue un robo, lo anterior tras la captura de dos de los presuntos responsables, la cierto es que la agresión no se trata de un hecho aislado. Al ataque del directivo de Noroeste se suman 46 agresiones en que personal del periódico ha sido objeto en los últimos años. Todos esos hechos han sido denunciados penalmente ante las instancias ministeriales correspondientes, sin que hasta el momento existan avances en las indagatorias.
Las fallas del Mecanismo en el caso Contralínea
Otro caso importante es el sucedido el pasado 24 de junio, cuando las instalaciones de la Revista Contralínea fueron allanadas y saqueadas. Los responsables robaron expedientes periodísticos de temas que investigaba el medio, 19 equipos de cómputo –incluidas las laptops del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez–, y equipo de trabajo.
Los responsables rompieron puertas, ventanas y cortaron los cables de las cámaras de vigilancia que a su vez removieron. Cabe destacar que las cámaras forman parte de las medidas de seguridad dictadas a Contralínea por parte el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Mecanismo) y de manera negligente no estaban conectadas a ninguna base policiaca o de seguridad privada.
Previo al asalto a la revista, el 18 de abril pasado, la casa de su director Miguel Badillo fue asaltada. A ese ataque se suman, desde agosto de 2007, por lo menos 12 agresiones graves producto de su línea editorial. La agresión recurrente le ha valido a Contralínea medidas de “protección especial” del Estado de México, que evidentemente no han sido suficiente para detenerlas y castigar a los responsables. “Este tipo de actos es algo cotidiano para nosotros”, asegura Miguel Badillo, quien reitera que “nunca” en ninguno de los casos se ha resuelto algo. “Nunca es nunca”.
Negligencia de Estado Mexicano pone en riesgo vida de comunicador
Otro caso relevante fue registrado en Oaxaca, uno de los estados mexicanos que históricamente más ha sufrido los embates de informar, con 144 agresiones a la prensa registradas de enero de 2007 al segundo trimestre de 2014.
El pasado sábado 28 de junio por la noche, el periodista Said Hernández, director de la Revista Tucán, fue detenido arbitrariamente por policías municipales de Oaxaca, cuando se dirigía a su domicilio. Los funcionarios lo acusaron de obstaculizar el trabajo policial. Hernández, en ese momento, documentaba la retención de la que era objeto una colega periodista, y aun cuando casi tres horas más tarde fue dejado en libertad. fue fichado por las autoridades.
Dos días después, durante la madrugada del 30 de junio, una persona encapuchada intentó ingresar a la vivienda de Hernández. A pesar de solicitar el apoyo de la policía local, el responsable huyó del lugar de los hechos con relativa facilidad.
Para quien pudiera tomar estos hechos como aislados, el periodista fue víctima de un intento de homicidio el 24 de junio de 2012. Luego del intento de homicidio del que milagrosamente logró salvar la vida, Hernández solicitó la protección del Mecanismo, instancia que consideró que su riesgo “era alto”. Por eso motivo el Estado Mexicano solicitó una serie de medidas urgentes de protección para resguardar su integridad personal y garantizar su labor profesional, que evidentemente no se han implementando y por lo cual sigue siendo blanco de amenazas.
Fiscalía inoperante
También en Oaxaca, otro comunicador, Gustavo Sánchez, Director General del portal de noticias “La Policiaca del Istmo”, editado en Salina Cruz, denunció amenazas de muerte en su contra por la publicación de una nota periodística. La amenaza se dio de manera física el 5 de mayo por la tarde, cuando dos personas vestidas de negro y encapuchadas lo interceptaron y le exigieron que retirara una nota periodística publicada en su portal, pues de lo contrario le “darían piso (asesinarían)”.
Dos días antes de esos hechos, Sánchez recibió un par de mensajes de texto a su teléfono celular donde le advertían que por haberse metido con un conocido personaje de la región “sufriría las consecuencias”. Se trataba de la segunda amenaza que recibía el comunicador en un lapso de dos meses. La primera llegó el 10 de marzo mientras se encontraba trasmitiendo en vivo su noticiero radial.
Por la amenaza de muerte al aire el Comunicador interpuso una denuncia ante la PGR, instancia que inició una averiguación previa ante Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en la Ciudad de México.
Hasta el momento no se tiene conocimiento de avances en las indagatorias por las tres amenazas de muerte recibidas.
La clonación de portadas de Luces del Siglo
En Cancún, Quintana Roo, el semanario Luces del Siglo es otro de los medios de comunicación que en este segundo trimestre ha sido atacado reiteradamente. De mayo a junio, la portada de la revista había sido clonada en siete ocasiones de manera digital y compartida en correos electrónicos y redes sociales, al igual que la columna de uno de sus colaboradores. Además, uno de sus reporteros sufrió el robo de su teléfono celular cuando fotografiaba una manifestación contra el Alcalde.
En un lapso de tres años, Luces del Siglo ha sido objeto de 21 clonaciones (tres de ellas físicas) y dos ataques físicos a sus colaboradores. Lo anterior por la línea editorial crítica a la administración estatal y municipal. Por ninguna de estas clonaciones hay castigo para los responsables, pero si una afectación a su ejercicio periodístico.
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