México: el precio de la autodefensa armada

David Espino.-

Pioquinto Damián Huato, dirigente de comerciantes de Chilpancingo, capital de Guerrero, México, pagó caro haberse sumado a las autodefensas armadas. El 28 de enero cuando venía de El Ocotito, luego de una reunión con el dirigente de los grupos armados, Bruno Plácido Valerio, cuatro camionetas se le cerraron en un tramo de la carretera federal próxima a llegar a la ciudad y le dispararon más de 120 tiros de AK-47. Dos de ellos le dieron a su nuera y otro a su hijo Walter. Ella murió en el lugar y Walter quedó herido de un brazo.

Fue un ataque estudiado. Los sicarios creyeron que Pioquinto venía del lado del copiloto y sobre ese lugar descargaron todo el fuego. Él oyó los primeros fogonazos y no hizo sino gritarle a Karen, su mujer, que se tirara al piso de la camioneta. “¡Tírate, agáchate!” le gritaba. Karen se quedó el shock sin atinar a hacer movimiento alguno. “¡Tírate, agáchate!”, le seguía gritando. Karen venía atrás del copiloto, a un lado de Pioquinto, que venía en medio; Walter manejaba y junto a él viajaba una comerciante socia de Pioquinto.

—¡Dios bendito!, ¡Dios padre! ¡Dios hijo! —gritaba la mujer, histérica.

Karen fue empujada por la mujer al piso donde ya estaba tirado Pioquinto. Los tres quedaron uno encima de otro. Walter condujo la camioneta como pudo: curveó, aceleró con tal de evadir el ataque. Escuchó el tableteo de su lado izquierdo y le cerró el paso a sus atacantes. Inmovilizó ese carril pero le siguieron disparando por atrás. Luego, otra camioneta se le emparejó por el lado derecho donde iba Laura, su mujer y le siguieron dispararon. Laura se puso en posición fetal, herida de muerte. Walter se percató y frenó de súbito.

—¡Avanza Walter, avanza! —le gritaba Karen, la mujer de su padre.

Walter descendió y se escondió entre los demás vehículos que para ese momento ya habían detenido el fluido del tráfico. Eran más de las ocho de la noche. Karen siguió gritándole que avanzara, que no se detuviera, pero ya no oía. Vio que Laura agonizaba. Los sicarios se bajaron de una de las camionetas y todavía cambiaron de cartucho. Pioquinto vio descerrajar el Cuerno de chivo contra la puerta donde creían que él viajaba. Entre los cristales que volaban Karen alcanzó su teléfono y llamó al Ejército mexicano. Luego mandó mensajes a los periodistas.

—¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! —alcanzó a escribió en su celular.

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La Autodefensa entró al valle de Chilpancingo, ciudad de unos 300 mil habitantes en su mayoría burócratas y comerciantes, a cuatro horas del Distrito Federal, el 23 de enero por petición de los pobladores. Las comunidades estaban siendo asoladas por los narcos que imponían toques de queda, extorsionaban a los comerciantes de la zona y secuestraban y asesinaban en plena luz de día. Del 1 de enero al 23 de febrero habían ocurrido en toda esta zona, incluyendo la ciudad de Chilpancingo, 47 asesinatos: casi uno diario desde que inició 2014. De éstos once fueron levantados (una especie de secuestro que ejecutan los narcos para asesinar a sus víctimas) y siguen sin aparecer. Hubo persecuciones en las calles entre delincuentes, entre policías y delincuentes, y entre delincuentes y policías. Ejecuciones sobre todo de chicos y enfrentamientos sangrientos en la vía pública.

En medio de este espiral fue requerida la autodefensa que comanda Bruno Plácido. Y entró con unos mil hombres echando tiros y deteniendo a quienes los pobladores señalaban de trabajar con la mafia. Ya había hecho lo mismo en Ayutla en enero de 2013 y desde entonces su movimiento se ha extendido a 13 municipios del estado. Además, Bruno es dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero, una organización indígena creada en 2010 como una escisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de su Policía Comunitaria, fundada en 1995 en San Luis Acatlán, región Costa Chica del estado.

Bruno formó parte de la CRAC durante diez años. En 2005 decidió separarse para dedicarse a la gestión de ejes carreteros para los pueblos colindantes entre las regiones Montaña y Costa Chica. “La CRAC se quedó en el tema de la seguridad y era necesario ver también por el desarrollo de los pueblos”.

El 5 de enero de 2013 secuestraron a uno de sus compañeros (el comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alvarado García) en Ayutla y entonces consideraron que tenían que responder a las agresiones físicas que sufrían. “Decidimos brotar como autodefensa. Pronto nos dimos cuenta que la inseguridad no era un problema de Ayutla sino de todo el estado. Un mes después formamos lo que hoy es el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano y la Policía Ciudadana, como una forma de normativizarnos”, dijo.

Con la experiencia acumulada en la CRAC, la UPOEG se extendió rápido como grupo de autodefensa. A un año de su irrupción, la organización de Bruno está en 13 municipios, incluyendo una decena de pueblos del valle de Chilpancingo donde entró apenas en enero.

El movimiento de inmediato concitó la simpatía de los sectores de clase media de Chilpancingo y de las organizaciones que los aglutinan: Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), encabezada por Jaime Nava Romero, y Canaco (Cámara Nacional de Comercio), cuyo dirigente honorífico es Pioquinto.

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Jaime Nava Romero sube a su camioneta blindada. En uno de los asientos de atrás, atento, un hombre ceñudo, de lentes oscuros, lo vigila. Es miércoles 19 de febrero. Sale de la reunión mensual del Consejo Ciudadano por la Seguridad y la Paz Social de Guerrero, que él encabeza como dirigente empresarial. Hasta antes del 28 de enero era común verlo caminar en el zócalo de la ciudad, solo, tal vez deprisa o con el vicepresidente de la organización, Paco Osorio. Era fácil localizarlo o verlo en reuniones en diferentes partes de la ciudad. Ahora anda en una blindada.

—Me la dieron después de tanto exigir protección —dijo sentado en el asiento del chofer, con las manos en el volante, en el estacionamiento del restaurante Toninos, donde se desarrolló la asamblea.

Aunque no lo mencionó, el vehículo blindado se lo proporcionó el gobierno del estado como medida de protección tras el intento de asesinar a Pioquinto.

Entre Jaime y Pioquinto hay marcadas diferencias. Jaime tiene menos de 40 años, Pioquinto rebasa los 60. Pioquinto, además, es político (ha sido dirigente del PRI y diputado federal); Jaime es la primera vez que sale a la vida pública. Hay diferencias pero no tantas. Al menos tienen un punto en común: ambos han denunciado la violencia creciente en Chilpancingo, ambos han responsabilizado al gobierno de su crecimiento inusitado y de la impunidad con que actúa el crimen contra los sectores productivos de la población, y ambos se han acercado al líder de las autodefensas, Bruno Plácido, con quien platicaron sobre una eventual ocupación de la autodefensa en la capital.

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A partir del atentado contra Pioquinto, Jaime se ausentó un par de semanas de Chilpancingo por temor. Reapareció en la junta de su sector donde aprovecharon que había dos diputados como invitados para reclamarles la pasividad del Congreso ante hecho que estaban costando vidas. Los diputados dijeron que están trabajando y que ellos también tienen temor y están de acuerdo en que si una autoridad no puede con su responsabilidad que se renuncien. Pero son ellos quienes pueden renunciarlos.

Jaime tiene una convicción y es que si las cosas han llegado hasta donde han llegado en Chilpancingo es por la falta de interés del gobierno.

—Un año y medio buscamos por la vía formal acercarnos al gobernador para plantearle nuestra preocupación por la inseguridad y nunca nos dio respuesta —dice.

Luego se acercaron a Bruno Plácido.

—Cuando vimos que nadie estaba interesado por lo que estaba ocurriendo vimos a Bruno, y lo digo en serio, como un Robin Hood en medio de esta jungla urbana. Nos acercamos a él para ver si así el gobierno se daba cuenta que estábamos desesperados. Y funcionó. Ahora he tenido reuniones hasta con el director general del Centro de Seguridad e Inteligencia Nacional.

Jaime tiene una empresa de publicidad e impresión y hace no más de medio año que asumió como presidente de la Coparmex. Desde ahí, asegura, conoce casos de empresarios que han sido extorsionados y que han optado por salir del estado; conoce casos de empresarios que siguen siendo extorsionados pero que no quieren abandonar el estado porque todo lo que tienen está aquí. Conoce casos de empresarios que han sido secuestrados o cuyos hijos han sido secuestrados, han pagado cientos de miles de pesos y muchos han quedado en la ruina.

—Y todo en medio de la omisión del gobierno. Entonces cuando un grupo como la autodefensa toma partido, entra a una zona a tratar de restablecer el orden, se alarma, como de manera curiosa, no se alarma cuando ocurre toda clase de delitos contra uno de los sectores más productivos de la sociedad.

El riesgo, dice, es que se conviertan “en un Estado fallido”, que caminen de manera irremediable hacia esa condición y que los responsables no se den cuenta. “No veo autoridad por parte del gobierno”.

Jaime dice que apenas se reunió también con el director del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), Eduardo Sojo Garza Aldape, y que le confirmó un dato que él ya conocía: que 39.5 por ciento de la clase empresarial de Chilpancingo ha sido, de algún modo, afectado por la delincuencia organizada.

—Decir que no pasa nada, que se trata de alarmismo es sólo una estrategia de publicidad del gobierno. El de Ángel Aguirre Rivero (gobernador salido de las filas del izquierdista Partido de la Revolución Democrática) es un gobierno mediático, pero para afuera. Necesita cambiar de actitud. El gobierno del estado tiene que dejar de ser una empresa familiar.

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Para entrar al departamento de Pioquinto, en pleno zócalo del ciudad, hay que pasar al menos dos filtros policiacos que revisan entre la ropa, la mochila, el celular. Él determina, con credencial del IFE en la mano, si recibe o no a los visitantes. Una vez adentro no hay problema. Las pláticas sobre el atentado con Cuernos de chivo se desarrollan con la naturalidad de quien visita a un enfermo en convalecencia. Relata el atentado, se para de su asiento y emula el ataque. Repite los rezos de su acompañante, repite que dios es grande porque lo salvó de una muerte segura, repite lo que ha estado diciendo desde esa fecha: que fue el alcalde Mario Moreno Arcos quien lo mandó matar.

—Nadie más sabía el carro en el que viajaba. ¡Si me salve por un pelo!

—¡Milagro! —interviene su visita, un político en decadencia que en sus mejores tiempos fue diputado local por el PRI, que ya está instalado en uno de los sofás mullidos.

Piquinto sospecha del alcalde por otra razón: ese día que venía de El Ocotito, de la asamblea de pobladores que respaldan la incursión de la autodefensa, abrazó a Bruno y acusó al alcalde, que estaba en el lugar, de ser partícipe de la delincuencia. En otras ocasiones lo había acusado de proteger los intereses del narco, muchos de los cuales se sustentan en el comercio informal, en detrimentos de los comerciantes que pagan impuestos.

Del ataque a Pioquinto sólo le quedaron pequeñas excoriaciones por los vidrios que se desbarataron como migas de pan. Entre sus ropas, Karen, su mujer, le halló un fragmento de una esquirla, y ella tuvo un rozón en una pantorrilla que le valió cuatro puntadas. Ahora piensa irse del país, cosa que ya hicieron dos de sus hijos mayores.

—Yo los seguiré en breve, sólo tengo que dejar arreglando algunos asuntos aquí y me voy.

Sus manos son tan pálidas que parecen transparentes, su cara misma parece la de un fantasma. “¡Pues es que no salgo! Estoy prácticamente en arresto domiciliario. Si me asomo medio minuto al balcón, es mucho”.