Por Ignacio Carvajal – Liberal del Sur.-*
La entrada al rancho El Diamante parece el preámbulo del edén, el sueño dorado de un criador de ganado. Pero no. Allí, a menos de dos kilómetros de la comandancia de policía y del ayuntamiento de la ciudad de Tres Valles, asesinaron a 24 hombres y siete mujeres. Los cuerpos aparecieron enterrados en una fosa común. A dos meses de la masacre sólo se identificaron diez cadáveres y no hay ninguna pista de los autores de los crímenes.
La noche del 16 de junio personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) dio con el cementerio clandestino. Debajo de los frondosos árboles y a un lado del arroyo se escondía el horror de la tierra sobre la carne muerta.
En un operativo, los agentes de SEMAR habían conseguido información sobre una fosa con personas asesinadas al sur de Veracruz. Caminaron por brechas, barrancos, montes y riscos. Una noche lluviosa, después de internarse en un camino accidentado, los marinos se toparon con el sitio. Las investigaciones siguientes quedaron en manos de la fiscalía local que en total exhumó 31 cadáveres. La noticia dio la vuelta al mundo.
Los agentes periciales no se daban abasto. Después de horas de cavar y extraer carne podrida, el cansancio era devastador. Necesitaron a la Policía Ministerial: sus miembros hicieron a un lado las armas y cogieron la cuerda cuando había que sacar un muerto. “El cuerpo se exhuma amarrado, era complicado porque unos no traían manos o pies. Nos cansamos de tanto jalar cuerpos, llegó un momento en que donde metíamos la pala salía sangre y pudrición”, relató uno de los policías.
A las 10:30 pm del 17 de junio la noticia de esa masacre estaba más que confirmada. La cifra oficial quedó en 31. Desde esa hora, hasta la mañana del 18, ningún enlace del Poder Ejecutivo contestaba llamados telefónicos para aportar más información.
Ofrendas
Trastes sucios, comida rezagada, colchonetas malolientes, toallas húmedas, medicamentos y discos piratas. Ropa tirada en los cuatro puntos cardinales. Un retrete rebosante de porquería. En el interior de la casa en la colina del rancho El Diamante lo que más terror causa es una imagen de 30 centímetros de la Santa Muerte. Es una clara representación de “La Piadosa”de Miguel Ángel pero Cristo no yace sobre la virgen María renacentista sino en el regazo de la Santa Muerte. Y está montada sobre un cubo de 20 litros, alrededor de una docena de cirios de las Siete Potencias (Obatalá, Elegguá, Changó, Oggún, Orunlá, Yemayáy Ochún). En la vivienda aparecen regados otros cirios: podrían ser 31, uno por cada víctima del cementerio clandestino.
Los moradores del rancho, un grupo de sicarios, hasta hace unos días ingresaban por un brecha que va desde la ciudad, a lo largo de las vías del ferrocarril, en medio de arboledas y un camino de tierra roja. Cuando los militares llegaron, la casa olía a comida: chile, tomate, una sartén llena de papas con chorizo. Como en el operativo no hubo detenidos, todo apunta a una fuga a tiempo, antes de la comida.
La escena dentro de la casa era un caos. Más de 20 colchonetas tipo DIF, regadas por doquier. En el desmadre que quedó, las autoridades no prestaron atención a un detalle: docenas de llaveros olvidados en el brocal del pozo. Llaves de casas, de coches, de gavetas y de cajones. Llaves de quienes fueron sustraídos y asesinados aquí.
El Diamante es una atalaya: desde la colina se domina con la mirada Tres Valles. Al otro lado una pradera sembrada con pasto, cerca un sonoro arroyo corre serpenteando rancho abajo a la sombra de árboles frutales.
Los reportes de la policía lo ubicaban como un rancho abandonado. En un rincón, los antiguos inquilinos habían construido una capilla en honor a la Virgen de Juquila. Los nuevos la destruyeron: dentro de la habitación de unos tres por tres, con un altar en medio y nichos en su pared principal, hay colchonetas y condones usados. A la virgen no le dejaron flores ni veladoras, pero a la muerte piadosa la acompaña su ofrenda: dos botellas de whisky y una bolsa de pan.
En un punto de la carretera rumbo al pueblo, un hombre disfrutaba un jugo de piña mientras miraba la carga de su camioneta: unos 20 ataúdes. Es dueño de una funeraria y la noticia de la masacre lo entusiasmó. Desde el puesto de refrescos comenzóa hacer llamadas a todos los contactos, sobre todo en el Forense, para tener más información sobre la primicia. “Creo”, dijo al cortar la comunicación, “que vamos a tener que pedir más”.
Familiares
La exhumación de cadáveres en el rancho El Diamante de Tres Valles concluyó la madrugada del 18 de junio. Las autoridades que participaron –estresados y con miedo–se retiraron y los cuerpos quedaron en el Servicio Médico Forense de Cosamaloapan, a unos 40 kilómetros. Entonces comenzó a emanar un olor que se metió hasta el alma de cada uno de los habitantes de ese poblado. Por esa podredumbre, que llegócon el cantar de los gallos, los familiares de desaparecidos sabían que debían marchar al Servicio Médico Forense.
El olor a muerte alteró los nervios de los habitantes. “Tuve que lavar mi ropa de nuevo porque el día que llegaron los cuerpos la tendí y se secó, pero todo el olor penetró y apesta”, contó una mujer de Cosamaloapan, la ciudad más cercana con servicio forense.
“Venimos porque supimos del montón de muertos y allá en la colonia tenemos como a cuatro chicos desaparecidos. Una camioneta les cerró el pasó y se los llevó”, contó un grupo de mujeres. Pareciera que no perciben el nauseabundo aroma ni el calor. Son esposas, madres, tías, abuelas o parejas de personas desaparecidas, las deudas de Cosamaloapan y villas vecinas que conforman una herida mal curada.
Wendy Cruz está desaparecida desde mayo de 2014. “A veces uno quisiera encontrarla ya y descansar. Que le digan a uno ya si estámuerta o qué”, dijo la mamá. La hija de Wendy sostiene una foto donde aparece la madre con blusa rosada y pantalón blanco ajustado. La última vez que le vieron iba a a comer con una amiga.
Otra familia aguarda a la sombra de un árbol. Hay mujeres y niños. La mayor de ellas trae la foto del nieto de 16 años que unos quince días atrás se fue de fiesta en Tuxtepec y a la fecha no ha regresado. “Nos trataron muy mal allá dentro, no somos de acá, venimos de Oaxaca y dicen que allí debemos arreglar nuestro asunto, que acá ni cuerpos hay, que se los llevaron a Xalapa (la capital del estado, donde hay mayor infraestructura forense)”, explicó una de ellas.
Por la tarde hubo un momento en que ya no esperaron más. Se abalanzaron sobre la entrada al inmueble y al menos dos de ellas se colaron. Llegaron a las planchas. Levantaron el velo del único cadáver y confirmaron que no era su familiar. Tras el ingreso por la fuerza, solas se marcharon.
La orden desde el gobierno estatal era que los cadáveres no se podían quedar allí, no cabían. Además, cuenta bajo anonimato un funcionario, “sería más complicado controlar a los familiares que llegarán en busca de informes”. Por eso los trasladaron unos 200 kilómetros hasta la capital de Veracruz, donde serámás fácil ocultarlos, como se ha hecho con las víctimas de otras masacres.
En la oficina del forense de Cosamaloapan sólo quedaron las últimas víctimas, las que presentaban menor grado de putrefacción. Eran a su vez las que habían salido primero: Rosalía Valerio Díaz, “La Bailarina”, sus tres hijos, un sobrino y su pareja. Los seis habían sido sustraídos de su casa en Tres Valles, el 13 de junio. Los testigos dijeron que se resistieron y trataron de huir. Los sicarios mataron allí mismo al novio de “La Bailarina”, tomaron el cadáver y se lo llevaron junto a los otros secuestrados hasta El Diamante.
Después del reclamo de los cadáveres de “La Bailarina”y su familia, unidades especiales de periciales con refrigeración y demás equipamiento salieron de Cosamaloapan rumbo a Xalapa para seguir el plan de esconder los restos. Había que evitar el escándalo: Veracruz era el estado anfitrión de una regata internacional de veleros de escuelas navales.
Los miembros de la familia de Tres Valles ya habían sido reclamados. Sus deudos, que no son de Veracruz, los recogieron con prestancia pues, como eran los más recientes, aún los buscaban en agencias del Ministerio Público (MP), Semefo y cárceles.
Silencio
La operación para minimizar la masacre tuvo éxito en los medios nacionales. En las ediciones del 19 de junio la nota de la peor masacre en la memoria inmediata de Veracruz no figuraba en portadas. En interiores se podían leer gacetillas de Javier Duarte con el Jefe de la Marina y los veleros, entre ellos, El Esmeralda de la Marina de Chile que, irónicamente, tiene un pasado funesto: fue escenario de tortura y muerte de cinco sacerdotes opositores al régimen de Augusto Pinochet, y decenas de personas fueron lanzadas desde allí a los tiburones.
Antes de las ocho de la mañana del 18 de junio difundieron la primera versión oficial sobre el cementerio clandestino de Tres Valles. El Subprocurador de justicia en la zona de Veracruz, Arturo Herrera Cantillo, reconoció haber mandado personal de su jurisdicción a El Diamante: los de allá no daban abasto sacando tanto muerto del subsuelo, dijo. Además, pidiópor radio a los ciudadanos de la región con familiares desaparecidos acudir a las instalaciones del Semefo para el proceso de identificación. Días después lo despidieron.
El mismo 18, casi al anochecer, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitióel comunicado 3731 en donde sólo se indica que “continúan las investigaciones relacionadas con el hallazgo de una fosa clandestina”, pero no se menciona el total de muertos.
Han pasado más de 50 días desde el hallazgo del cementerio clandestino en Tres Valles y hasta el momento el gobierno no ha dado información sobre las víctimas identificadas. Por comentarios de familiares y de la gente de los pueblos, se sabe que son menos de diez los que han sido reclamados por familias de manera formal, incluidos los del caso de “La Bailarina”.
Si el resto de las víctimas son migrantes, miembros de un bando criminal, víctimas de secuestro o inocentes, es algo que el gobierno veracruzano no ha investigado ni muestra la voluntad de hacerlo. Así lo ve Anaís Palacio, miembro del Colectivo por la Paz, una asociación civil de madres, padres y hermanos de desaparecidos. En la mayoría de los casos creen que fueron sujetos armados quienes se llevaron a sus familiares y en otros, que la misma policía veracruzana colaboró en los secuestros y desaparición.
Para Palacios lo peor de todo es que la fiscalía del estado de Veracruz no informa sobre los protocolos que emplea para identificar una víctima. Estas investigaciones solo se toman en serio “cuando se trata de algo que impacta mediáticamente y que es negativo para el gobierno”. El caso de El Diamante fue ventilado, a medias, por el escándalo de la masacre. Poco o nada se sabe de los que a diario aparecen en fosas clandestinas o en carreteras.
El rancho quedóabandonado y sin vigilancia. Los agujeros siguen allí, expuestos. Todavía huele a carne podrida. En el sitio se aprecian restos de cabello y ropa. En la casa, donde se supone que se hacían las masacres y el culto a la Muerte, hay sellos pero sin logotipos oficiales. Las pruebas que aún puedan haber allí quedaron a merced de las vacas.
RECUADRO
No es la primera vez que el gobierno estatal intenta esconder cadáveres. El 7 de octubre de 2011 aparecieron tres casas de seguridad llenas de gente muerta.
-En dos domicilios en el municipio turístico de Boca del Río encontraron a 28 cadáveres. Los maleantes, sabedores de que el gobierno haría todo a su alcance para esconder los muertos, colocaron los cadáveres en las azoteas y fueron avistados por los federales desde un helicóptero durante un patrullaje.
-El 5 de enero de 2012, en la víspera de la primera visita del presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria, un bando criminal abandonó 18 cadáveres en la zona norte de Veracruz, en un área conocida como Casas Fantasmas. Esa vez los medios de comunicación locales, caja de resonancia de los nacionales, fueron amenazados.
En ese entonces no se sabía, pero se iniciaba así lo que ahora se conoce como “el pacto de silencio”(estrategia del gobierno federal encaminada a disminuir la presencia de información sobre violencia en todo el país). Quedó evidenciado que el gobierno peñista ha sido tan violento como el de Felipe Calderón (121 mil muertos en la guerra contra el narco).
El pacto contemplaba tanto presión a reporteros (a los que llamaban amenazándolos que aparecerían flotando, desmembrados, en canales de aguas negras) como a funcionarios incómodos, para volverlos“prudentes”. El despido de Arturo Herrera Cantillo y el silencio que predomina en la prensa veracruzana (estado en donde han asesinado a 11 periodistas) sólo puede entenderse en ese contexto.
Fotos: Felyx Márquez, Ignacio Carvajal
*Esta investigación se desarrolló en el Seminario Taller de periodismo especializado en la cobertura de seguridad ciudadana, del que participaron 20 periodistas de América Latina. El encuentro organizado por la FNPI (Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano) fue en Bogotá, Colombia en mayo de 2014.
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