mexicoPaloma Robles – Cosecha Roja.-

Hylcia Trujano y Marlén Valdez comparten la misma historia. Las dos son mexicanas, las dos son periodistas, las dos mujeres solteras, las dos fueron apuñaladas en la misma semana. Una en Veracruz, otra en Nuevo León. Marlén murió. Hylicia sigue en el hospital.

De los dos casos de agresión poco se sabe. La versión oficial es que las agresiones no tuvieron que ver son su labor periodística. Hay un elemento que parece contradecir esa historia: ambas fueron asaltadas al interior de sus casas y agredidas con cuchillo.

Marlén Valdez no escribía sobre temas de agenda política: se dedicaba a la fuente deportiva. Por esa única razón, su patrón Jesús Herrera Rábago, del semanario La Última Palabra de Nuevo León, también descarta que la agresión estuviera ligada a su trabajo.

Hylicia y su madre fueron agredidas con un puñal el pasado 17 de agosto en Jalapa Veracruz, el estado más violento para el ejercicio del periodismo. “Unos desconocidos se introdujeron en su domicilio” se publicó en la prensa.

Un día después Javier Duarte, gobernador de Veracruz, visitó a la reportera. La única información que se publicó de su caso, la difundió su oficina de prensa y se descartó que la agresión fuera resultado de su trabajo periodístico.

El último informe de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)  señala que el 75 por ciento de las agresiones a mujeres periodistas de México proviene de un funcionario público. El 30 por ciento de las agresiones las hicieron administrativos, el 19.8 por ciento la Policía Federal y el ejército.

La violencia contra mujeres periodistas es institucional, dice el informe. Las reporteras encargadas de la agenda política saben con quién se enfrentan y pueden denunciar, las que cubren asuntos judiciales saben que no pueden hablar.

“En México hay una cifra desconocida de amenazas por parte de policías y crimen organizado. Esas amenazas no se hacen públicas, y sólo de pronto sabemos que reporteros huyeron en estampida de varios estados o que están escondidos en algún sitio o cambiaron de profesión. Lo que es cierto es que los funcionarios permiten que eso ocurra. Son cómplices. Y  en muchos estados los narcos son los políticos. Son lo mismo. O los narcos son los policías”, dijo a Cosecha Roja la periodista mexicana Marcela Turati de la organización Periodistas de a Pie.

En el caso de las mujeres periodistas la violencia se vive de manera muy especial.

“Cuando denuncian las tratan como locas, como histéricas, los colegas no les dan crédito, es como si creyeran que sólo ellos (los hombres) pueden ser amenazados. En las redacciones llorar está prohibido o decir que se tiene miedo, si alguna mujer lo expresa se le descarta para las coberturas rudas. Muchas veces amenazan a las mujeres periodistas diciéndoles que van a hacerles daños a sus hijos”, contó.

En opinión de Turati, la violencia que viven las mujeres reporteras las pone al límite de debatirse “entre el amor a su profesión y la culpa por cubrir cosas riesgosas. Se sienten tóxicas, a veces el propio esposo les prohíbe llevar a los niños a la escuela por lo riesgoso que es estar con ellas (…) He escuchado a reporteras que se cuestionan si será irresponsable de su parte ser mamás en estos momentos en que toca cubrir tanta violencia. Y varias han optado por no hacerlo”.

Yunuen Rangel, encargada del área de redes a periodistas y libertad de expresión en CIMAC -quien elaboró el informe, coincide con Turati y señala que “están operando en México poderes fácticos, entre ellos figuran los medios de comunicación” que participan del acoso a las mujeres, la mayoría de las veces por omisión a la hora de enfrentar un caso de violencia.

El informe de CIMAC recoge cuatro casos emblemáticos de violencia a periodistas.

Desde el secuestro, tortura y persecución que vivió la periodista Lydia Cacho luego de denunciar casos de prostitución infantil, el femicidio del que fue víctima Regina Martinez, corresponsal de la revista Proceso asesinada en 2012 por sus investigaciones sobre la colusión del gobierno de Veracruz y el narcotráfico; hasta el desplazamiento forzado de la reportera Ana Lilia Pérez por sus investigaciones sobre corrupción en la empresa estatal Pemex y el despojo y allanamiento de la oficinas de CIMAC.

De los casos analizados, se concluye que por más seguimiento legal que se tenga de cada agresión, todos los casos permanecen impunes y no hay reconocimiento de que el trabajo periodístico de una reportera sea motivo de violencia por que está completamente borrada perspectiva de género en las investigaciones.

En México la violencia continúa, pero se publica menos del tema, “ya sea por presión o porque los empresarios de medios están al servicio del gobierno México que presume a nivel internacional que los periodistas ya están protegidos porque existe un mecanismo de protección a periodistas y a defensores de Derechos Humanos, pero el mecanismo no sirve, es una burla. Presume que existe una fiscalía especial que investiga las agresiones a periodistas que no sirve, que no funciona, que no castiga. Entonces ese es el juego”, concluye Turati.

, , ,