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Marcela Turati – Proceso.-

Once fosas clandestinas han sido descubiertas en las inmediaciones de Iguala durante la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 38 cuerpos. Ninguno es de los estudiantes secuestrados por la policía municipal igualteca, pero sí, en su mayoría, de víctimas de esa corporación. Sus identidades empiezan a surgir, así como las historias de dolor que han dejado detrás.

Un cura africano asignado a México, un taxista que fue migrante, una familia (un hombre con su hijo, una sobrina y un sobrino) que viajaba a Iguala a un velorio son los otros desaparecidos que han sido hallado en las fosas de Iguala, durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. La mayoría fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y desde entonces no se sabía de su paradero.

Según el gobierno federal, 38 cuerpos han sido encontrados en 11 fosas desde octubre que comenzó la búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Según la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la agrupación de policías comunitarios que ha realizado una búsqueda paralela, existe un número indeterminado de fosas -al menos 11- que el gobierno se ha negado a exhumar.

El único cadáver identificado oficialmente en las fosas clandestinas es el del misionero John Ssenyondo. En el caso del señor Gildardo Lagunas, su hijo Luis Alfredo y sus sobrinos Marlene Hernández y José Luis Cruz -detenidos por la policía de Iguala- ninguno de los restos ha sido entregado a sus familiares aunque están en el Semefo de Chilpancingo y salieron positivo en la prueba genética.

el taxista Luis Felipe Parra aún no ha sido exhumado aunque se sospecha que su cadáver está en una fosa identificada por los policías comunitrios, no por el gobierno.

Ellos son los cinco cuerpos identificados de las decenas de fosas encontradas y de entre los 38 cadáveres reconocidos por el gobierno y los agregados por la comunitaria que no se pueden contabilizar porque permanecen bajo tierra.

En entrevista con Proceso, el líder de la UPOEG, Bruno Plácido, sostiene que el gobierno les ha puesto muchos obstáculos para los rastreos y no ha querido exhumar los cuerpos que su grupo ha encontrado.

“¿Por qué no se han podido exhumar esos restos encontrados?”, se le preguntó. “Sería mejor que ustedes le pregunten al gobierno. Tenemos muchos obstáculos por parte del gobierno. No sé. Hay muchos intereses de por medio. Ustedes hagan la pregunta con ellos porque no quieren coordinarse con nosotros”, dijo vía telefónica el líder que es señalado como aliado del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivera.

Plácido señaló que en este momento la organización emprendió una segunda etapa de búsqueda por diferentes partes del Estado.

Para saltar las trabas que dice le pone el gobierno, la UPOEG ha invitado a las familias que tienen a algún integrante desaparecido a que se acerquen para que pongan su denuncia; además se alió con la recién nacida Ciencia Forense Ciudadana, que financiará las muestras de ADN, aunque aún no cuenta con permiso para cotejarlas con los restos hallados.

El 10 de octubre miembros de la UPOEG se reunieron en Iguala con el sacerdote Óscar Mauricio Prudenciano González, párroco de San Gerardo María Mayela y con la organización forense para acordar que ayudarían a las familias que también tienen desaparecidos en la zona de Iguala, porque el gobierno las ha ignorado al enfocarse en la búsqueda de los 43.

El 14 de octubre fue el primer encuentro con familiares. El sacerdote explicó ese día a Proceso que la convocatoria surgió a partir de que los líderes de la UPOEG denunciaron que el gobierno no los ha acompañado a destapar todas las fosas que han encontrado, noticia que angustió a los lugareños que temen que sus familiares puedan estar en esos hoyos.

El propósito, explicó la activista Julia Alonso, madre con un hijo desaparecido y representante de la organización forense, es obligar a las autoridades a identificar los cuerpos exhumados en las fosas que han localizado en la zona norte de la entidad a partir de la búsqueda de los 43 normalistas, y cotejar las muestras recabadas por la asociación con los resultados que emitan las autoridades sobre los cuerpos no identificados.

“Entendemos que autoridades no permiten que se realicen las investigaciones. La gente quiere excavar, sacar restos sin pedir permiso o autorización porque no les dan. Están preguntando si vamos nosotros mismos a excavar porque son alrededor de 20 fosas que no les permitieron destapar”, explicó así el sacerdote la intención del encuentro. Ese martes llegaron unas 70 personas.

La semana pasada más de 200 personas acudieron a dejar sus muestras genéticas.

Bitácora de hallazgos

Desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, las búsquedas han llevado al constante descubrimiento de fosas ocupadas por otros cuerpos que no son los de los buscados.

El 4 de octubre la Procuraduría de Guerrero informó del hallazgo de seis fosas (“una vacía”) que contenían 28 cuerpos en Pueblo Viejo, periferia del municipio de Iguala.

Éstos habían sido calcinados.

El 10 de octubre la PGR ubicó en La Parota (también llamado Rancho La Sierpe, Pueblo Viejo) cuatro fosas con ocho cadáveres, que en un principio se dijo que habían sido calcinados.

El 14 de octubre los policías comunitarios informaron del hallazgo de otras cuatro fosas en Barranca del Tigre a las faldas de Cerro Grande, que otros ubican como Las Parotas. Se desconoce el número de restos.

El 15 aparentemente encontraron otras seis, dos abiertas pero sin utilizar, y en las otras restos óseos y ropa, en el punto conocido como Monte Hored, ubicado en la zona de Las Parotas. No supieron cuántas personas eran.

El 22 de octubre la PGR se trasladó a Pueblo Viejo, al mismo punto donde se localizaron las primeras seis fosas por parte de la Procuraduría de Guerrero, y con el apoyo de georradares, a menos de un metro de las primeras seis fosas encontró otra de la que se extrajeron dos cuerpos.

El 25 de octubre, ante el escándalo por el creciente número de fosas, la PGR difundió un comunicado en el cual estableció que hasta ese momento había hallado 11 fosas y que sólo 10 tenían cadáveres. Además señaló que las fosas que había anunciado la UPOEG como sus descubrimientos eran las mismas que el gobierno había destapado antes.

Sin embargo el líder de la UPOEG ha sostenido que son distintas e incluso ha mostrado fotografías en las que se ven osamentas y prendas de vestir de las personas que podrían estar enterradas en esos lugares.

Al día siguiente la PGR llevó a la prensa al último lugar donde fueron hallados restos humanos, ubicados éstos a la intemperie en el basurero de Cocula, en la zona conocida como El Papayo. Luego encontró a la orilla del río los restos calcinados y fragmentados que supuestamente habían sido incinerados en el tiradero y que podrían ser de los normalistas.

A la orilla del río esperaban localizar una fosa con cuerpos que habían sido quemados con anterioridad, según el anuncio del procurador Jesús Murillo Karam con base en la información de los sicarios detenidos.

El 30 de octubre se anunció el hallazgo de 14 cuerpos en fosas clandestinas en el ejido San Luis de la localidad de Ocotitlán, del municipio de Zitlala, y en Eduardo Neri, ambos cercanos a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero.

En el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, a donde fueron trasladados los restos, se informó de las identidades de las víctimas rescatadas, todas originarias de Chilpancingo.

Se trataba de Jaime Benítez Medina, Miguel Ángel Romero Silvestre, Juan Carlos Martínez Salgado, Enrique Adame Marín, Vicente Alfonso Gil Mojica, José Sánchez Mejía, Iván Giovanni Hernández Chávez, Luis Antonio Castro Lucena, Obed Carbajal Vélez y Antonio Tolentino Miranda.

El taxista Parra

Tarjetas de identificación que no alcanzaron a quemarse y unas pulseras de plástico colgadas de un árbol ayudaron a la familia de Felipe de Jesús Parra, migrante y taxista, a dar con su paradero. A través de la página de Facebook “Frente Igualteco Por la Dignidad”, el pasado 24 de octubre la UPOEG dio a conocer las fotografías de los hallazgos. Entre los objetos detectados estaban las identificaciones y pertenencias en las que se alcanzaba a leer un nombre: Felipe de Jesús.

La familia del migrante, que reside en Texas según una investigación de Univisión y Excélsior, llamó a México y una cuñada se presentó para reconocer las pertenencias de quien desde el 5 de septiembre de 2013 se encontraba en calidad de desaparecido. Su vehículo apareció abandonado en las calles del centro de Iguala. Su ausencia fue denunciada el 9 de septiembre.

El activista y líder de una organización de migrantes mexicanos en Estados Unidos, Taurino Castrejón, se mantiene en contacto con la familia del taxista, la cual vive en Houston, para ayudarlos.

“Los familiares no pretenden enviar los restos a Estados Unidos. Se pretende identificar cuáles son los restos de los que se han encontrado. El problema es que el hijo que vive en Houston no tiene documentos para viajar y nosotros ofrecimos realizar los trámites allá para obtener su ADN y apostillarlo para presentarlo ante las autoridades mexicanas”, declaró.

El sacerdote

El Padre John, como lo llamaban los fieles de Chilapa, era un hombre querido por las comunidades mixtecas. Desapareció el 30 de abril pasado y las iglesias de la diócesis alzaron oraciones por él. Incluso el obispo Alejo Zavala pidió a quienes fueran sus captores que lo liberaran.

A partir de la búsqueda en Iguala de los 43 normalistas, su ausencia dejó de ser un misterio: John Ssenyondo, oriundo de Uganda, misionero comboniano que había llegado en 2010 a Guerrero para evangelizar, estaba en una fosa clandestina.

Fue interceptado por un grupo armado cuando regresaba de la comunidad de Santa Cruz, donde ofreció una misa de matrimonio. Según testigos, sus captores lo sometieron y lo encajuelaron en su propio auto. Esta misma versión fue divulgada por las autoridades eclesiásticas de la zona.

Dos años antes, en el curato de la parroquia de Nejapa, el sacerdote africano había sido amarrado y despojado de dinero en efectivo y de una camioneta.

La familia Lagunas

El 12 de agosto el señor Gildardo Lagunas se comunicó por teléfono con su esposa, pero colgó porque en un retén lo detuvieron policías municipales en el cruce de Iguala con Teloloapan.

En el automóvil, con él, iba su hijo Luis Alfredo, de 21 años, con sus primos Marlene Hernández, de 28, y José Luis Cruz, de 29. Iban al funeral de su abuelo. Durante tres meses se los tragó la tierra. Hasta que las autoridades comenzaron a buscar a los normalistas…

La esposa de Gildardo y madre de Luis Alfredo sigue penando entre dependencias para que le entreguen los cuerpos.

Varias de las desapariciones, según se sabe ahora, ocurrieron en los “filtros” instalados por los policías de Iguala sobre las carreteras federales, donde a su arbitrio detenían todos los vehículos que cruzaban por las tres entradas a la ciudad, interrogaban a conductores y ahí decidían su suerte.

El Ejército, aunque tiene dos instalaciones en la zona, nunca hizo nada. El ejército también está acusado de la desaparición de seis jóvenes, en mayo de 2010 en Iguala. (Con información de Thalía Güido)

 

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