Patricia Dávila. Proceso.-

Gregorio Villanueva Salas, “El Zar de la Piratería”, a quien el Ejército Mexicano identificó como el principal operador de Los Zetas en Matamoros, Tamaulipas, junto con tres de sus cómplices, fue presentado en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) como presunto responsable de los granadazos ocurridos en esta zona a partir del pasado 31 de mayo.

Villanueva Salas, quien formaba parte del primer círculo de colaboración de Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, líder de “Los Zetas”, entregaba a este personaje ganancias anuales de la producción de 58 millones de discos pirata, en los estados de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El general Ricardo Trevilla Trejo, director General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que el pasado 11 de junio personal del Ejército Mexicano llevó a cabo una operación de precisión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, logrando la captura de “El Zar de la Piratería”, quien fue identificado como uno de los presuntos responsables de los ataques con granadas a escuelas, medios de comunicación, negocios e instalaciones militares en la plaza de Matamoros, llevados a cabo a partir del 31 de mayo del presente año.

Villanueva Salas es uno de los principales operadores del grupo delictivo “Los Zetas”, tenía a su cargo directo el control de la red de producción y distribución de discos pirata en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, incluyendo el centro de producción donde el 30 de octubre de 2011 el Ejército Mexicano aseguró equipo y material para reproducir discos apócrifos, en Torreón, Coahuila, con una capacidad de producción anual de 58 millones de discos.

“El Zar de la Piratería” mencionó que las ganancias provenientes de las actividades de la piratería bajo su mando las entregaba personalmente a Heriberto Lazcano Lazcano.

Junto con él, fueron detenidos tres integrantes de su célula identificados con los nombres de: Rodolfo Chan Cornejo, “Rudi”;  Christian Miguel Navarrete González,  “Christian”,  y  Rubén Darío Martínez Alvarado, “Chato”.

Durante su declaración, Villanueva Salas reveló que por órdenes de Lazcano se encargó de la contratación de sicarios para que lanzaran granadas en escuelas, medios de comunicación, negocios e instalaciones militares de Matamoros, con el fin de generar un clima de violencia en esa plaza y afectar las actividades del grupo delictivo antagónico, “El Golfo”, que tiene presencia predominante en esa entidad federativa.

De acuerdo con su declaración, los 14 cuerpos localizados el 7 de junio de 2012 en un camión abandonado en Cuidad  Mante, Tamaulipas, eran integrantes del grupo criminal “Los Zetas”, y fueron asesinados por miembros del cártel del Golfo en represalia por su participación en las agresiones con granadas a las instalaciones antes mencionadas.

El Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) adscrito a la Siedo inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/193/2012 por delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos cometidos en materia de derechos de autor.

Durante su detención fueron aseguradas cuatro armas largas, (entre ellas una subametralladora con capacidad de cincuenta cartuchos), un arma corta, cartuchos para armas de fuego de diversos calibres, seis vehículos (uno cuenta con un compartimento secreto); dos motocicletas; aproximadamente 291 mil pesos, así como equipo de comunicación y de cómputo.

También se localizó un laboratorio clandestino de reproducción de mercancía apócrifa, la cual cuenta con múltiples quemadores y una gran cantidad de discos vírgenes y maquilados.

Gerardo Salazar Bolaños, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud, solicitó la medida cautelar de arraigo en contra de los presentados, con la finalidad de que el representante social de la federación recabe los elementos de prueba suficientes para que en su momento ejerza acción penal contra dichos sujetos, así como de otras personas que se encuentren vinculados en los hechos delictivos señalados.

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