Centro de Investigación Periodística.-
La semana pasada el congreso de Sinaloa aprobó cambios legales que restringen la posibilidad de los periodistas de reportear hechos policiales. Se establece que la única fuente de información serán los boletines oficiales, pues no podrán acceder a los sitios del suceso ni grabar o fotografiar a las personas involucradas en los hechos. Se trata de uno de los estados donde la guerra del narco ha golpeado más fuerte y uno de los que concentra los asesinatos de periodistas. A continuación, la nota del sitio sinaolense Noroeste.
El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJES) en las que limita el trabajo de los medios en la cobertura policiaca. En el artículo 51 Bis se establece que los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.
En ningún caso, dice el dictamen, se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.
Ningún funcionario de la PGJES podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del Procurador General de Justicia del Estado o de la unidad de acceso.
La reforma detalla que sólo la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico y el imputado, a través de su defensor, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma.
Las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Seguridad Pública y de Justicia, dictaminaron dos iniciativas. Una iniciativa la presentó el 3 de junio de 2014, César Freddy Montoya Sánchez, diputado del PRI, y la segunda el 16 de julio de 2014, por el Gobernador Mario López Valdez.
El titular del Ejecutivo propuso reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la ley de Seguridad Pública, ambas del Estado. El dictamen fue aprobado por unanimidad de los legisladores presentes.
Prohibiciones
Lo aprobado por los diputados:
-Los medios tendrán acceso a la información de las investigaciones sólo a través de los boletines de prensa.
-No habrá acceso a los lugares de hechos policiacos.
-Prohíben tomar audio, video o fotografía de las personas involucradas en un evento delictivo.
-Ningún funcionario de la PGJE podrá dar informes a medios sin autorización expresa del Procurador.
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