Zócalo. Saltillo.-

El presidente Felipe Calderón, quien convirtió la lucha contra el narcotráfico en su principal bandera, llega a la recta final de un mandato marcado por las 50 mil víctimas de la ola de violencia.

Después de seis años en el Gobierno, Calderón entregará al vencedor de las elecciones del 1 de julio un país convulsionado, “que no está en paz, ni tranquilo y con regiones que se han vuelto ingobernables”, dijo a EFE el analista Salvador García Soto.

“El balance final, el saldo para los mexicanos, va a ser negativo” porque entregará un México con muchos lugares donde “el crimen organizado está literalmente gobernando o disputándole al Estado las facultades esenciales de seguridad, incluso del cobro de impuestos”, apuntó.

Presidente de la guerra

Aunque prometió en campaña ser el “presidente del empleo”, una vez en el poder, Calderón lanzó una “guerra” contra el crimen organizado con la participación de miles de soldados y policías federales cuyos resultados han sido pobres.

Esa estrategia exacerbó los niveles de violencia; se multiplicaron los hallazgos de cadáveres decapitados y desmembrados, así como de fosas clandestinas con todo tipo de víctimas, incluidos inmigrantes centroamericanos inocentes.

Quien enfrenta esta lucha y “no lo hace bien, va a pagar el costo político de los 50 mil o más muertos que son atribuidos a este conflicto entre bandas criminales” y de éstas con las fuerzas de seguridad, declaró a EFE el politólogo Carlos Elizondo.

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) destacó que si bien Calderón “no tenía mucha alternativa porque la violencia venía creciendo desde 2005”, será recordado “por los costos de lo que él llamó la guerra contra el narcotráfico”.

“El legado final de Calderón va a depender de cómo termine este espantoso ciclo de violencia que ha sufrido México”, indicó y añadió que las violaciones a los derechos humanos serán “uno de los grandes temas que perseguirá al Presidente”, que concluirá su mandato el 1 de diciembre próximo.

“Creo que van a sobrar casos de abusos, de errores, de inocentes afectados por las fuerzas federales (que participan en el combate al crimen organizado), cuyo responsable último es el presidente Calderón”, señaló.

Grandes costos

“Éste es uno de los grandes costos que él en lo personal pagará”, aseguró el ex embajador ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al recordar la demanda presentada contra Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“Aunque no sabemos cuál será el cauce jurídico” de esta demanda, presentada en noviembre de 2011 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la lucha contra el narcotráfico, habrá otros actos jurídicos que tendrá que soportar, insistió.

Numerosas ONGs han denunciado un incremento dramático de los abusos cometidos por policías y soldados, que en su gran mayoría no son castigados.

En un informe de 2011, Human Rights Watch (HRW) reúne evidencias que sugieren la participación de militares en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales en el actual Gobierno y duda de la afirmación de Calderón de que 90% de muertes vinculadas al narcotráfico corresponden a delincuentes.

Según datos oficiales publicados en enero, 47 mil 515 personas murieron en acciones atribuidas a la delincuencia organizada de diciembre de 2006 a septiembre de 2011, un número que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) ya eleva a 60 mil y a 20 mil en el caso de los desaparecidos.

Ese movimiento, que surgió en mayo de 2011 tras el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia a manos de un cártel de las drogas, ha logrado poner en el centro de la atención a las víctimas de la violencia.

Encabezado por Sicilia, el MPJD ha realizado dos caravanas por el país y se ha reunido en varias ocasiones con Calderón para pedirle un cambio en la estrategia de seguridad, así como justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Sin cambio tangible

Calderón, cuyo nivel de aprobación era de 48% en junio pasado, dijo estar dispuesto a modificar su política en aspectos donde sea susceptible de mejora, pero hasta ahora no ha realizado cambios significativos.

A cinco meses de concluir su administración, defiende a capa y espada su estrategia.

Admite que probablemente muchos recuerden su gestión por la violencia y el crimen, pero confía en que la Providencia ponga “a la gente correcta en el lugar correcto”.

En materia económica, el legado positivo será la solidez macroeconómica y un renacimiento industrial, y el negativo, un bajo crecimiento que genera exclusión, desigualdad y pobreza, añadió Elizondo.

Las cifras

En un informe de 2011, Human Rights Watch (HRW) reúne evidencias que sugieren la participación de militares en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales en el actual Gobierno y duda de la afirmación de Calderón de que el 90 % de muertes vinculadas al narcotráfico corresponden a delincuentes.

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