Por Camila Gramajo Graña*
Foto: Movimiento Cannábico Mexicano
“Me amarraron una bolsa a la cabeza, me mojaron, y me decían que me iban a dar toques eléctricos”. “Nos rociaron gas lacrimógeno estando dentro de la patrulla”. “Es algo usual en Solidaridad, los policías han llegado a golpes y abusos sexuales con tal de sacar dinero de alguien o sólo desquitarse”.
Los relatos anteriores forman parte de los 150 testimonios recopilados en “Historias de detención por posesión simple. Violación a DDHH en contra de la población usuaria de drogas en México”, un informe realizado por los colectivos Elementa Derechos Humanos y ReverdeSer. El documento de 64 páginas muestra situaciones de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad hacia las personas detenidas en México por el simple hecho de tener en sus manos unos gramos de droga.
La publicación pone en agenda tres temas fundamentales a tener en cuenta en el proceso de legalización de la marihuana que se debate desde hace meses en México: la violencia, la extorsión y la siembra de sustancias psicoactivas. “Refleja una realidad que debe ser tenida en cuenta en cualquier diseño de política pública en materia de seguridad pública y persecución penal”, comenta Adriana Muro, directora ejecutiva de Elementa DDHH.
“Desde Elementa comenzamos a ubicar que el delito de posesión simple en México, afectaba a diferentes poblaciones: sobre todo a usuarios o quienes que se dedican al microtráfico de drogas en contextos de vulnerabilidad, violencia y exclusión. Son en su mayoría hombres jóvenes que normalmente son procesados y sentenciados por muy pocos gramos”, explica en entrevista con Cosecha Roja.
Es así, que junto con ReverdeSer confeccionaron la encuesta anónima “Las Otras Rutas del Narcomenudeo”, que debido a la pandemia fue aplicada en sus redes sociales, obteniendo 150 respuestas de personas que han sido detenidas por posesión. “No podemos decir que es una muestra representativa de lo que pasa en el país, pero sí nos sirvió para encender algunas alarmas”, comenta la representante de Elementa DDHH.
“Cortaron cartucho en mi cabeza en más de una ocasión. Querían saber para quién trabajaba”, refleja uno de los testimonios del informe que muestra que por lo menos 80% de las personas encuestadas sufrieron algún tipo de violencia.
La mayor vulneración a los derechos humanos se da al momento de la detención y como consecuencia de las leyes que dan competencia a las fuerzas de seguridad para detener a las personas por posesión. Estas disposiciones no sólo habilitan tratos violentos, sino también extorsiones y fabricación de culpables. Es decir, se puede detener personas por la siembra de cannabis y luego se les investiga por otros delitos mucho más graves como homicidio, secuestro o narcotráfico.
Dentro de las violencias sufridas al momento de la detención, cinco experimentaron violencia física, 51 personas violencia psicológica, y 61 ambas. Dos sufrieron además violencia sexual, y otras dos, violencia psicológica y sexual.
“¿Estamos hablando de que en México a una persona se la puede torturar por traer 10 o 20 gramos de cannabis? ¿Se le puede privar de la libertad? ¿Puede ser víctima de violencia sexual? Esto no es tolerable en un Estado de derecho, ni en un Estado que se supone que garantiza derechos humanos”, menciona Muro. Y agrega que el informe apunta a que el Estado comprenda que no puede perseguir a quienes deciden, bajo el libre desarrollo de la personalidad, consumir una sustancia psicoactiva.
Extorsión como modus operandi
De acuerdo con el relevamiento, el 90% de las personas detenidas fueron extorsionadas para no ser llevadas al Ministerio Público. Las fuerzas de seguridad han desarrollado un modus operandi que se caracteriza por el uso de la violencia, seguida de la extorsión. Jugando con el miedo que genera un posible traslado al Ministerio Público, donde también se presentan tratos crueles, los policías piden coimas (“mordidas”) que van desde los 200 a los 10 mil pesos: “Las cuatro veces que me han detenido es lo mismo ‘Ya te cargó la verga y lo sabes, mejor dinos cuánto traes y ni tú ni yo perdemos el tiempo”’, dice otro de los testimonios.
Otra de las situaciones que evidenció el informe es que si durante la detención las personas no tienen con qué pagar la coima, suelen ser trasladadas al ministerio público donde se las vuelve a extorsionar para que consigan su libertad: “En el MP el agente me dijo que hiciera mi llamada, que le pidiera a alguien que me llevara la factura de la laptop y listo, las cosas se arreglarían. Llamé y le dije las cosas a mi hermano, Mi hermano no encontró la factura y el MP le dijo que la había podido robar y que además me habían encontrado fumando mariguana en la calle. Le pidieron $600 para dejarme salir”, recuerda otra de las personas encuestadas.
Un dato relevante es que el 16% de las personas detenidas no contenían ninguna sustancia psicoactiva al momento de su detención. Cuando las fuerzas no encuentran ninguna causa para extorsionar a quienes detuvieron, acuden a la siembra.
De las 33 personas que dijeron haber sido trasladadas al Ministerio Público luego de su detención, por lo menos 14 tuvieron experiencias de siembra de sustancias psicoactivas de las cuales diez era cannabis.
“La primera vez que me detuvieron yo argumente que estaba dentro del rango legal. Un policía salió con una bolsa grande negra, me pusieron contra la pared, escuché como se rompió una hoja de mi cuaderno. Cuando me presentaron con la juez, me presentaron con el toque que traía forjado con un montón de mariguana en una hoja de mi cuaderno, creo fueron como 20 gramos cuando la pesaron. Después puede llamarle a mi mamá para que supiera donde estaba y la llamada fue como de secuestro: me dijeron exactamente lo que tenía que decir y me amenazaron de que si decía otra cosa simplemente iban a cortar”, recoge otro de los testimonios.
No debe existir el delito de posesión
Los colectivos sostienen que es necesario que en la regulación del cannabis el delito de posesión no exista. Sin embargo, en la actual reglamentación (que fue aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión aunque aún sigue cumpliendo su proceso legislativo), este delito sigue existiendo. Solo aumentaron la cantidad de gramos: de 5 a 28.
“Tú vas a poder ir a una tienda (a la cual el estado le dio la licencia), vas a ir camino a tu casa y aunque traigas menos de los 28 gramos el procedimiento es que la policía te tiene que detener y presentar al ministerio público. Entonces la criminalización no deja de suceder”, dice Amaya Ordorika de ReverdeSer.
El 61% de personas que están privadas de su libertad por crímenes contra la salud es por posesión simple. “Realmente las estructuras criminales en México están intactas. Latinoamérica en general tiene esta falsa idea de solución frente a la política de drogas de ir tras la población usuaria y microtraficantes, y no contra las estructuras de macrocriminalidad”, comenta Muro.
Los contextos de las detenciones
Otros de los datos que muestra este informe, refiere a que la mayoría de las detenciones se dan en el espacio público aunque quedan por fuera los barrios más exclusivos de la ciudad. Es la población usuaria en ciertos contextos la que sufre mayor persecución, y son las concepciones racistas y clasistas de las autoridades las que influyen al momento de la detención.
La mayoría de las personas detenidas por posesión simple son varones jóvenes de entre 15 y 20 años, 83 de lxs entrevistadxs estaban en ese rango de edad. Por otro lado, estas detenciones tienen un doble impacto en las mujeres, a quienes se las condena por transgredir su rol de género. Es también sobre ellas donde se presentan los mayores índices de violencia sexual, explica Amaya.
¿Cuál es el camino a seguir?
Para Amaya la clave está en no soltar el tema y visibilizar a las poblaciones vulnerables. “Nosotras empezamos por la población usuaria, pero queremos seguir por estos grupos de microtráfico en condiciones de violencia y vulnerabilidad. Hay que empujar una reforma a las leyes penales. Son muchos los delitos en este tema, todavía sigue el delito por cultivo. Hay que hacer una buena reforma a la legislación, pero también hay que hablar más con las fiscalías, con el sistema de impartición de justicia, a fin de impulsar un cambio de la política de persecución”, finaliza.
*Camila Gramajo Graña es profesional del ámbito de la comunicación y periodismo con orientación en géneros, sexualidades y vejez. Transfeminista, uruguaya y migrante.
