En el penal de Alto Comedero, a 4500 kilómetros de los Tribunales Federales de Retiro, Milagro Sala podrá seguir por televisión la audiencia en la que la Cámara de Casación revisará la única sentencia penal en su contra. Una condena a tres años en suspenso por “instigar” un ataque a huevazos contra el entonces senador Gerardo Morales, basada únicamente en la declaración de un empleado del gobierno de Jujuy. “Espero que la Justicia no se deje apretar por los tipos que están dominando nuestro país”, dijo en una entrevista telefónica con Cosecha Roja.
Milagro lleva 502 días detenida. En la tarde de ayer, interrumpió la reunión con uno de sus abogados para atender el teléfono que está junto a la entrada del pabellón.
Junto a ella están encerradas otras cuatro referentes de la Tupac y organizaciones aliadas. Nueve de los doce detenidos de la organización jujeña son mujeres. “Estamos acá con las compañeras presas políticas. Cada día que pasa nos fortalecemos más”, contó. “Todos los argentinos tienen que pelear por el país, que está atravesando un momento muy feo, de miles y miles de argentinos no tienen trabajo. Si nosotras estamos aguantando, estamos resistiendo acá, los argentinos tienen que salir a luchar”, agregó.
El testigo que trabaja para el gobierno
Los tres jueces de la Sala IV de Casación Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos autorizaron la presencia de medios en la audiencia de hoy. Además será transmitida en vivo a través de Cij.gov.ar, el sitio oficial de la Corte Suprema de la Nación. “Será la ocasión de ver si la condena se ajusta a derecho”, explicó la abogada defensora, Elizabeth Gómez Alcorta, a Página12.
Durante las audiencias del juicio, afines de 2016, quedó demostrado que Milagro no participó de la protesta en 2009 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, donde Morales iba a participar de una conferencia. Los jueces federales jujeños consideraron prescripto el delito de amenazas y condenaron a Milagro como “instigadora” de daños agravados por las roturas a los vidrios del edificio. También condenaron a tres años a Graciela López, de la organización Libertad, y a Ramón Gustavo Salvatierra a dos.
En los fundamentos de su sentencia, los magistrados valoraron una única prueba: la declaración del Cochinillo René Arellano, un ex integrante de la Tupac. El testigo, presentado por la querella, contó que en una reunión en su casa, previo a la protesta, Milagro le encargó el ataque.
El fiscal ante Casación, Javier de Luca, pidió que se revocaran las tres condenas: cree que los jueces forzaron la prueba. “La sentencia es arbitraria porque se basó en ideas políticas preconcebidas sobre la actividad de un grupo de personas y de su líder, sin la debida demostración en el debate, porque se ha valido del testimonio de testigos falsos y, además, que violó los principios constitucionales de congruencia y de incorporación de testimonios que las partes no pudieron interrogar y refutar”, indicó De Luca.
De Luca también pidió que se investigue a Arellano y su esposa, Cristina Noemí Chauque, por falso testimonio. Cree que los testigos mintieron al ocultar su relación con el gobernador Morales. Durante el juicio, Arellano declaró que vivía de una cooperativa de construcción y un lavadero de autos y negó haber trabajado para el Estado. Un informe del Veraz demostró que era el coordinador del área de cooperativas del gobierno de Jujuy desde septiembre de 2016.
“Nosotros vamos a demostrar la errónea valoración de la prueba, por el contenido de la testimonial de René Arellano y de Cristina Chauque. Cómo se omitieron sus, por lo menos, ocho mentiras. Y cómo más allá de eso, la prueba tampoco alcanzaría para probar la instigación de Milagro. Esta fue la primera condena. Y en su momento dijimos que fue una vergüenza nacional”, planteó la abogada Gómez Alcorta.
Más allá de la audiencia de hoy, las expectativas de Milagro están puestas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe resolver dos planteos sobre su prisión preventiva por otras causas. La diputada del Parlasur tiene más de una decena de expedientes judiciales en su contra que se acumularon desde que asumió Morales en Jujuy. “Estamos con mucha ansiedad que esto de una vez por todas se defina, ya sea para bien o para mal, que se defina”, sostuvo la dirigente. Y agrego: “Ya tienen los papeles, todos los expedientes, la decisión la tienen ellos”.
