Sin logros económicos ni sociales que mostrar en un año electoral el gobierno arrancó el 2019 con una apuesta fuerte al endurecimiento de las políticas de seguridad. La misma semana en que se anunció la compra de 300 pistolas Taser para las fuerzas federales y un proyecto para acelerar las expulsiones de migrantes acusados de delitos, el Ejecutivo puso en marcha la decisión de llevar al Congreso el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que prevé bajar a 15 la edad de punibilidad en casos de delitos graves como homicidios, secuestros extorsivos, violaciones y robos con armas de fuego.
El proyecto, que cuenta con el aval de los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, está basado en un presupuesto falso: la idea de que los menores tienen una alta incidencia en los delitos graves. Según el Informe de Homicidios del Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, en 2017 se cometieron en la Ciudad de Buenos Aires 144 homicidios. De los 221 victimarios, solo 7 (el 3,17 por ciento) fueron menores de 16 años.
“Es ineficaz hacer una modificación sustancial en el código penal para incluir a una categoría de la población cuya incidencia estadística en las tasas de delito es ínfima”, sostienen desde la Red Argentina No a la Baja, un colectivo que nuclea a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), el Observatorio de los Derechos Humanos (ODH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otras organizaciones.
La persecución penal como única respuesta
El mayor impacto de las políticas de ajuste, pobreza y exclusión se da en la población de niños, niñas y adolescentes. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 65 por ciento de las personas menores de 17 años está privada de algún derecho esencial como el acceso a la educación, la alimentación, la vivienda digna, la salud.
“La única respuesta del Estado con los chicos no debe ser el dispositivo penal. Se deben reforzar los dispositivos sociales, trabajar la inclusión, la rehabilitación y la reinserción social y educativa”, explicó a Cosecha Roja María Elena Naddeo, directora General de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y co presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
“Según la UCA y UNICEF, el 51,7% de los menores de 17 años son pobres, el 40, 2% nunca leyó un libro, el 22% comparte el colchón para dormir y el 17% nunca festejó su cumpleaños. ¿La única respuesta que propone Macri y Bullrich es mandarlos a la cárcel?”, criticó el diputado nacional Leonardo Grosso en su cuenta de Twitter.
Profesionalizar las prácticas delictivas
Una de las características de los delitos cometidos por niños y adolescentes es que son en su mayoría delitos contra la propiedad (robo y hurto) y no contra las personas (homicidios, violaciones, secuestros extorsivos). Según estadísticas oficiales el 7 por ciento de los delitos son cometidos por menores. En el caso de los homicidios la cifra es casi la mitad. El encierro de adolescentes tiene un efecto contraproducente: “estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas”, plantearon desde el colectivo No a la Baja.
La adolescencia “es una edad en disputa”, sostiene Claudia Cesaroni, abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y docente en una escuela secundaria de Ezpeleta (Quilmes). La disputa es entre la inclusión de esos adolescentes en las escuelas, con proyectos de vida y de crecimiento personal y colectivo y la iniciación en el mundo del delito a través de pequeños delitos. “Si a esos chicos los sacás de la escuela, los alejás de la familia, los privás de un ingreso laboral y los metés presos, esa carrera que se pretende que se haga en el mundo escolar y laboral se desarrolla en otro plano y con otras vinculaciones. A esa edad la marca del encierro es brutal”, explicó Cesaroni.
Una ley de la dictadura
En Argentina los delitos cometidos por menores están regulados por la ley 22.278, aprobada en 1980, que establece que los menores de 16 años no son punibles y que los jóvenes de 16 a 18 años solo pueden ser condenados en caso de que hayan cometido algún delito con penas mayores a dos años.
La aplicación de la ley es diferente a lo largo de todo el territorio nacional y depende del Código Procesal Penal de cada jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires en 2007 se dictó la ley 13.634 -complementaria de la 13.298- de procedimiento, conocida como la ley del Fuero de Responsabilidad Juvenil, que establece que los menores no punibles pueden ser sometidos a una medida de seguridad (encierro) cuando hubieran cometido un delito grave, como homicidio o robo agravado. “Se produjo una baja de la edad de punibilidad de hecho: algunos jueces detienen a menores no punibles y eso no es legal. En la provincia hay unos 50 o 60 menores de 16 años detenidos cuando no debería haber ninguno”, explicó Cesaroni.
En otras provincias, como Neuquén o Mendoza, y en la Ciudad de Buenos Aires se respeta la no punibilidad de los menores de 16: en caso de que cometan un delito son derivados a las direcciones o programas de niñez e infancia.
El mismo proyecto ya rechazado
El proyecto del gobierno no es nuevo. La primera presentación pública la hizo a principios de 2017, después del crimen de Brian Aguinaco en el barrio de Flores. En ese entonces Garavano proponía los 14 años como límite de edad. El Ministerio de Justicia convocó a una serie de audiencias públicas para reformar el Régimen Penal Juvenil. En la última audiencia, a fines de febrero, la mayoría de organizaciones que participaron coincidieron en la necesidad de aprobar una nueva ley que derogue la de la dictadura pero sin bajar la edad de punibilidad: de las 40 organizaciones que participaron, 32 rechazaron el proyecto, entre ellas UNICEF. Cinco se abstuvieron y solo 3 aceptaron la baja.
En un año electoral y ante el rechazo de las organizaciones el gobierno bajó el tema de la agenda. Ahora, envalentonados por la aceptación de algunas políticas de mano dura vuelve a la carga.
