El jueves 2 de septiembre a las 17.30 los vecinos que viven cerca de la Brigada Femenina de Policía de la ciudad de Concepción, en Tucumán, vieron salir humo de ese edificio.
La Brigada está a la vuelta del destacamento de Bomberos voluntarios y a 200 metros de un hospital. Pero el pedido de ayuda no salió de adentro. Fueron los vecinos quienes llamaron a los bomberos para pedir auxilio.
Ya era tarde: Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia habían muerto carbonizadas en su celda. Ninguna llegaba a los 30 años. Las cuatro estaban detenidas en la Brigada con condenas de entre 3 y 6 años y hacía meses que esperaban ser trasladadas a la única cárcel de mujeres de la provincia: la Unidad 4 de Banda del Río Salí. Ese día iniciaron una protesta para exigir el traslado.
“Las cuatro murieron abrazadas”, contó después la madre de una de ellas. “Vivían en una celda de tres metros por tres; dormían en el piso, en unos colchones sucios. No tenían cocina; no podían cocinarse nada”, dijo. Comían lo que les llevaban sus familiares.
La Brigada Femenina de Concepción no está en condiciones edilicias para alojar presas. Pero ni en la Unidad 4 ni en las seccionales hay más lugar.
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Como sucede en el resto del país, las cárceles hace años que están colapsadas. Y en 2020 la pandemia agravó la situación de sobrepoblación y crisis carcelaria. La CIDH recomendó a los Gobiernos, en abril del año pasado, reducir la población carcelaria para garantizar en el distanciamiento social en las prisiones. También pidió proveer productos de higiene y protección necesarios para evitar la propagación del virus, garantizar la atención médica adecuada y facilitar la toma de muestras para la detección efectiva tanto para las personas encarceladas como para el personal penitenciario.
En marzo de este año varias organizaciones de derechos humanos solicitaron a la CIDH una audiencia pública por la situación específica de las mujeres privadas de la libertad durante la emergencia sanitaria. Ni las leyes, ni la Justicia, ni las políticas públicas tienen una perspectiva de género interseccional que contemple el contexto en el que llegan las mujeres y LGBT a ser detenidas: situaciones de vulnerabilidad, pobreza, violencia que se agravan en el contexto de encierro.
La muerte de cuatro mujeres no fue suficiente para que la noticia se ganara una tapa.
“Las llamas impidieron a los policías acceder a la celda”, repiten la mayoría de las notas que salieron en los medios locales y nacionales. No mencionan si había matafuegos alrededor o algún otro tipo de elemento de seguridad.
Familiares de las cuatro mujeres contaron que la celda en la que murieron tenía cerradura y candado. Imposible salvarse del incendio sin la ayuda exterior.
Desde la Brigada, la versión oficial de cómo se inició el incendio fue que una de las detenidas prendió fuego de manera intencional un colchón. Tanto las familias de las víctimas como la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, lo desmintieron. Desde Andhes informaron que una de las detenidas golpeó un foco de una instalación eléctrica que sacó chispas e hizo que se prendiera. Las víctimas estaban reclamando por su traslado.
La jefa de la Brigada y tres efectivas subalternas que estaban de turno en el momento del incendio fueron pasadas a disponibilidad. El ministro de Seguridad, Claudio Maley, informó que se inició una investigación.
