Morir sin identidad: cómo rearmar el rompecabezas de un cuerpo desaparecido

Cosecha Roja.-

El cuerpo de Luciano Arruga ingresó a la justicia como un cadáver NN: lo habían atropellado en un supuesto accidente de tránsito en la General Paz. En el mismo momento la familia del adolescente de 16 años lo empezó a buscar y la denuncia por averiguación de paradero entró al sistema judicial. Los dos expedientes recién se juntaron más de cinco años después gracias al rompecabezas que rearmaron a pulmón la familia y las organizaciones sociales. Así descubrieron que Luciano estuvo casi seis años enterrado en el cementerio de Chacarita.

“La Justicia Federal no tuvo una preocupación genuina por identificar a la persona, en la Provincia hubo muchas deficiencias e irregularidades. A eso se suman los problemas burocráticos y la falta de un registro unificado: fue necesario la judicialización y sentar en una mesa para que coordinen acciones a todas las agencias del Estado”, dijo a Cosecha Roja Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Luciano desapareció el 31 de enero de 2009. La noticia del hallazgo del cuerpo fue el 17 de octubre de 2015. Este fin de semana, para conmemorar el primer aniversario, organizaron una jornada cultural por los Derechos Humanos en el Espacio para la memoria Luciano Arruga, en Lomas del Mirador. “La familia todavía no tiene respuestas sobre su desaparición y muerte. Hoy sigue siendo necesario que todas las instituciones se comprometan seriamente en averiguar lo que pasó para que se cumplan el derecho de la familia de Luciano a conocer la verdad y la obligación del Estado de sancionar a los responsables”, escribió en un comunicado el CELS, que representan a la mamá y a la hermana de Arruga.

“No hay nada más triste que no encontrar a un familiar”, dijo a Cosecha Roja Juan Manuel Combi, otro de los abogados de la familia Arruga. “Hay una desigualdad estructural en el modo en que la Justicia responde cuando se trata de casos que no tienen atrás un reclamo importante”, dijo Litvachky. Aunque en los juzgados y fiscalías puedan argumentar que se libraron cientos de oficios, según Combi, la justicia va más allá de la formalidad. “Pedimos humanidad, sensibilidad: lo que pasó no es justo porque era evitable”, explicó el abogado.

El de Luciano Arruga es un caso de violencia institucional que sirvió para mostrar las prácticas de la policía Bonaerense contra los pibes de los barrios y, además, dejó al descubierto la fragilidad del Estado cuando se trata de buscar a una persona desaparecida. Cuando alguien desaparece o la policía halla un cadáver sin identificar, los procedimientos de investigación para cruzar los datos todavía son caseros porque no existe un registro unificado que lo haga automáticamente.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) lanzó junto con la organización no gubernamental de Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) un informe en el que relevaron que en el país existen al menos 6040 casos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas a las que las familias buscan. Mientras lo hacían se toparon con dificultades: la información está dispersa en distintas jurisdicciones, no hay homogeneidad en el modo en que cada cual registra los datos y no se actualizan constantemente. Además, hay provincias que no colaboraron. “Al menos hoy, es imposible establecer un número definitivo”, dijo a Cosecha Roja Marcelo Colombo, titular de Protex.

A raíz del informe, la propuesta fue crear una plataforma de carga de información. El mes pasado, junto con el Ministerio Público Fiscal, elaboraron una guía para ordenar los pasos que deben seguir los funcionarios para buscar a una persona. ¿Cómo se busca a una persona desaparecida? Según Colombo, hay que comenzar una investigación “inmediata, eficaz, y exhaustiva”. Si la persona buscada está siendo víctima de algún delito -secuestro, trata, crimen-, las primeras horas resultan cruciales.

Las agencias judiciales deben “procurar conocer a quien se busca” (identificar su núcleo familiar, de conocidos y amigos), conseguir una fotografía reciente, información sobre tatuajes, cicatrices y señas particulares. Con los datos recabados, los fiscales deben comunicarse con las fuerzas de Seguridad, el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Interpol y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. También tienen que buscar en los registros de detenidos, internados en hospitales o instituciones psiquiátricas, en hogares, en situación de calle y en morgues y cementerios.

Tampoco hay un registro único de cuántos NN hay en las morgues y los cementerios. Cuando un cuerpo entra a la morgue sin identificación, allí se queda hasta que la Justicia ordene otra cosa. “Nos llegan pedidos de comisarías o fiscalías con el listado de personas desaparecidas para que cotejemos con los cuerpos que recibimos y que tienen esas características”, contó a Cosecha Roja el licenciado en Criminalista y autor de novelas policiales Gastón Intelisano.

“Desde que aparece un cuerpo empieza a funcionar una maquinaria de poder. Esto le pasa todos los días a los pibes de la calle, todo el mundo tiene derecho a llorar a su conocido”, dijo Combi. Se refiere al circuito de la policía que encuentra el cuerpo, el juzgado que interviene, el hospital, la morgue, el cementerio. “No hay nada más horrible que buscar a un familiar y no puede ser que no les llame la atención enterrar a un NN”, agregó el abogado.

Otras historias de cuerpos sin identidad

A Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco los mató el policía Daniel Veyga el 8 de julio de 2009 en un auto detenido en un pasillo de Villa 20. Dos días antes oficiales de la Comisaría 52 habían amenazado de muerte a Kiki. Cuando el adolescente de 17 años no volvió a su casa, su mamá Angélica se puso la búsqueda al hombro. Hizo denuncias, recorrió los pasillos de Villa 20, caminó, golpeó puertas en los juzgados y organizó marchas. No le daban ninguna respuesta. Ese mismo 8 de julio a las 18:40 y a las 18:50, los dos cadáveres habían ingresado a la morgue judicial.

Recién dos meses después, en el Juzgado 49 a cargo de Fernando Cubas, le avisaron que su hijo había sido enterrado como NN, igual que Arruga. El cuerpo de Ezequiel estaba en la Morgue Judicial. El 15 de septiembre, las familias reconocieron a sus hijos. Lo lograron porque se contactaron con la familia de Luciano y Combi, su abogado. “Los procesos de búsqueda avanzan casi exclusivamente por el aliento de los familiares o allegados y cuando no tienen los recursos necesarios para impulsar las búsquedas o darles notoriedad, los procesos quedan estancados y sin líneas de investigación suficientemente agotadas”, dijo Colombo.

El 13 de mayo, un llamado anónimo al 911 alertó a la policía de la Comisaría Tercera de Avellaneda sobre un cuerpo flotando en el arroyo Sarandí. Cuando los oficiales llegaron encontraron a un hombre descalzo, con la cara envuelta en papel film y atado por la espalda. Las esposas tenían la numeración limada. Medía un metro setenta y cinco, pesaba 80 kilos, tenía pelo negro, un chaleco azul Nike, un buzo clarito, jeans marca Dinamix, una remera blanca. No tenía tatuajes ni cicatrices. Más de quinientos días después el cuerpo está enterrado en el cementerio de Avellaneda como “NN”.

Fuentes judiciales contaron a Cosecha Roja las medidas que se tomaron para dar con su identidad: la fiscal Solange Cáceres hizo pedidos de averiguación de paradero a todos los departamentos judiciales y las unidades fiscales, cotejó la información con la policía judicial, con el Sistema Integral de Administración Tributaria, con la base de antecedentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los resultados fueron todos negativos.

Por el estado de descomposición del cuerpo, todavía no se sabe las causales de muerte, ni dónde lo tiraron. Como última medida, antes de comunicarse con los consulados, la fiscal remitirá una copia del expediente a la División de Homicidios de la Policía Federal que, con la ayuda de la sección Individualización Criminal e Interpol intentarán dar con el nombre.

En Puerto Madero, frente al edificio Le Parc, una mujer murió calcinada. La policía se enteró por un hombre que alertó y encontró el cuerpo el 15 de febrero a las 2.30 de la madrugada, en una plaza en Los Italianos y Marta Linch. Estaba irreconocible. Aunque hubo versiones sobre su identidad, la fiscal Alicia Bugeiro de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 19 todavía no resolvió el misterio.

Durante más de tres años, Wilson fue un misterioso hombre en una camilla del Hospital Ramón Vidal, en Corrientes. La policía había encontrado su cuerpo moribundo el 21 de septiembre de 2011 al costado de la Ruta Nacional 12. Tenía una peluca, un anillo rosa, una cartera vacía, un tatuaje en el brazo de la “A” de anarquía y un papel arrugado en el que autoridades brasileñas certificaban que se llamaba Wilson Pérez y que era paraguayo.

Nicolás Bonastre –a cargo de la Asesoría de Menores e Incapaces III­- contactó a Migraciones, al Consulado brasilero en Paso de los Libres, a la Policía de Itatí, a la Policía Federal Argentina, al juzgado federal y al electoral. Cero noticias de la familia de “Wilson Pérez”. Mientras el expediente engordaba –llegó a tener 600 hojas-­ el hombre se convirtió en el NN más querido del hospital. Los médicos y enfermeros armaron un perfil de Facebook y el misterio se develó 98 mil compartidos después: Wilson es Nando Cuevas, un uruguayo que se reencontró con su familia en Durazno y tuvo su final feliz gracias a las redes sociales.

En Argentina hay cientos de casos sin resolver. Miguel Bru desapareció en La Plata y nunca encontraron el cuerpo. A Facundo Rivera Alegre lo mataron en Córdoba y su mamá desconfía de que lo hayan cremado en el cementerio. Marita Verón fue capturada por una red de trata. A Andrea López la mató su marido boxeador: la justicia nunca encontró su cadáver. ***

A un año de la aparición del cuerpo de Arruga

La última vez que vieron a Luciano con vida era la una y media de la mañana del 1 de febrero de 2009: iba a ver a la hermana y nunca llegó. A las tres y media Luciano cruzó la autopista descalzo, asustado, como escapando y lo atropelló un estudiante de Monte Grande en General Paz y Emilio Castro. Por la colectora se alejaba una camioneta de la Policía Bonaerense sin las balizas prendidas.

Llegó al Hospital Santojanni, lo operaron y murió a las 8 de la mañana. De ahí lo trasladaron a la morgue judicial y el 3 de febrero le tomaron las huellas digitales. Lo enterraron como NN en el cementerio de Chacarita. Durante los primeros 45 días sin saber nada de Luciano, a los familiares nadie les dio bola. Recorrieron hospitales y presentaron recursos que la Justicia rechazó. “¿No entró un cuerpo NN con estas características?”, preguntaban la mamá y la hermana cada vez que entraban a un hospital.

El primero en prestarles atención fue Pablo Pimentel, presidente APDH La Matanza. En abril de 2014, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un habeas corpus y en septiembre lograron que el juez Juan Pablo Salas acepte el pedido. “Poner a los funcionarios a escuchar a la familia permite que reflexionemos acerca de lo que significa la problemática y la importancia de que brinden herramientas a la justicia para buscar a Luciano”, dijo a Cosecha Roja Orieta aquel día. En la audiencia se decidió que el ministerio de Seguridad de la Nación recabara, organizara, centralizara y coordinara la información proveniente de las fuerzas de seguridad federales y provinciales a través del área de búsqueda de paraderos, dependiente de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio.

El 17 de octubre desde el ministerio de Seguridad confirmaron a la Justicia que el cotejo de huellas había dado positivo. Entre los libros matrices de la policía Científica encontraron un cadáver enterrado como NN el 3 de febrero. Identificaron el cuerpo a través de un cotejo de huellas -mediante el sistema AFIS- entre el registro que había informado la morgue con el que había quedado en el Destacamento de Lomas del Mirador por la entrada de Luciano en 2008, una de las veces que lo torturaron. (Por aquel hecho, condenaron al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión).

El 22 de octubre forenses y una especialista del EAAF exhumaron el cuerpo y el 2 de diciembre se confirmó la identidad. “Esto es falta de respeto a la vida, falta de respeto a los pobres”, dijo Orieta durante la conferencia de prensa en la que contaron el hallazgo.

Foto Kiki Lescano: Nahuel Alfonso

Foto Luciano Arruga: Facundo Nívolo