Fernando Peña estaba limpiando la planta de Dreyfus en Timbúes, el piso cedió y cayó en una fosa con agua a altas temperaturas. Sufrió quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo y murió el 7 de enero en un sanatorio. Veinticuatro horas más tarde Adrián Ferreyra cayó desde el techo de un galpón de la empresa Aercom, en Rosario, mientras hacía tareas de mantenimiento. Lo operaron de urgencia pero murió a las pocas horas. Ese mismo día, en Avellaneda, murió José Rincón. El gasista matriculado estaba internado desde el sábado por una explosión de gas en el Club Deportivo Español, en el barrio porteño del Bajo Flores. Hace unas horas el club confirmó que también murió el dirigente Agustín Falco.
En lo que va de 2019 -apenas 10 días- murieron cuatro trabajadores por accidentes laborales. Las muertes por fallas en las condiciones de seguridad en el trabajo son una constante: según el registro de la organización Basta de Muertes Laborales entre octubre de 2017 y octubre de 2018, 375 personas fallecieron en accidentes laborales en el país. Una muerte cada 23 horas. En la mayoría de los casos se repiten los factores: trabajadores precarizados que no reciben capacitación y condiciones de salud y seguridad deficientes.
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Brian Emanuel Cantero tenía 23 años, le decían “Mechi”, tenía dos hermanos mayores y tres hermanas más chicas y una novia, Florencia, con la que planeaban mudarse juntos en 2019. En junio del año pasado, cuando ella se enteró de que Brian entró a trabajar con un contratista de la Papelera SEIN Y CIA S.A. de Ranelagh, se puso contenta: al fin iba a dejar de trabajar jornadas de doce horas por las que le pagaban 600 pesos colocando techos a más de 20 metros de altura. “Pensábamos que este trabajo era más seguro”, contó a Cosecha Roja.
La mañana del 24 de octubre de 2018 Brian desayunó con sus compañeros de la empresa tercerizada. Aunque estaba asignado a los trabajos en el taller ese día le tocó engrasar una máquina enrolladora de papel, una tarea para la que no estaba capacitado. Un encargado vio que salía vapor de la máquina. Se acercó y vio el cuerpo enganchado entre los engranajes. El joven murió haciendo un trabajo para el que no estaba preparado y sin protección. “A Brian lo mató la precarización laboral”, dijo Florencia.
La investigación por la muerte del joven de 23 años está paralizada. A la familia le cuesta encontrar testigos que detallen lo que pasó esa mañana en la planta de Ranelegh. “Los que estaban ahí ese día me contactaron por Facebook y me contaron lo que pasó, pero no quieren declarar porque tienen miedo de que los echen”, contó la novia de Brian.
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Después de la muerte de su novio, Florencia inició una campaña en redes y movilizaciones para exigir justicia y se puso en contacto con Basta de Asesinatos Laborales (BAL). La organización nació en septiembre de 2016. En un solo día de ese mes tres obreros murieron en sus puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano: David Ramallo, de la Línea 60, el obrero de la construcción Richard Alcaraz en el barrio porteño de Villa Crespo y Diego Soraire en el INTA.
BAL surgió como una espacio de lucha de familiares y compañeros de las víctimas para visibilizar las muertes laborales y crear espacios de formación para delegados y activistas en defensa de las condiciones de trabajo. El año pasado, cuando la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dejó de brindar datos públicos (que no contabilizaban las muertes de trabajadores informales) comenzaron un relevamiento de casos a partir de las publicaciones en los medios y los contactos con familiares de las víctimas. “Un trabajo de investigación que también contabilice las muertes por fuera del sistema”, explicó a Cosecha Roja Santiago Menconi, trabajador de la línea 60.
En la mayoría de los casos relevados detectaron que se dieron en contextos de ajuste, “sin inversión en condiciones de salud y seguridad y sin formación de trabajadores”. “Como en caso de Mechi Cantero: hacía dos meses que estaba trabajando, no había recibido ningún tipo de capacitación para ese trabajo ni había recibido los implementos básico para esa tarea”, explicó Menconi.
“En el caso de Mechi también es muy clara la connivencia entre el sindicato, el estado y la empresa”, dice . Es que un mes después de la muerte del joven, el Sindicato Papelero de Bernal sacó un comunicado en el que pedía no responsabilizar a la empresa por el accidente. “Para las empresas la culpa siempre es de los trabajadores que mueren”, reclamó Menconi.
