Por María Aranzazú Ayala Martínez

(Desde Puebla, México)

 

Olga Nayeli, Judith, Araceli, Gizeh, Georgina, Paulina, Samai, Brenda y Tania. Y una más. Y otra, y otra. Desde que en 2013 se tipificó el feminicidio en Puebla, México, la lista de nombres y rostros crece y las voces gritan cada vez más fuerte por justicia. Apenas van a ser tres años que en el quinto estado más poblado del país, con más de seis millones de habitantes, se agrava la pena para alguien que asesine a una mujer por razones de género. Y en ese tiempo los casos han ido en aumento.

De 2013 a dos semanas de que acabe el 2016, fueron asesinadas casi dos mujeres por semana en Puebla. Casi dos mujeres muertas de la manera violenta: la mayoría encontradas en lugares públicos, con los cuerpos expuestos. Y prácticamente todos estos crímenes permanecen en total impunidad.

La capital de Puebla es la cuarta ciudad más grande de México, con alrededor de 2 millones de habitantes. El estado ronda los seis millones y aunque tiene los primeros lugares de importancia industrial y de inversión, está entre las entidades con los niveles más altos de pobreza y falta de servicios, según datos oficiales.

El estado también ha sobresalido en 2016 por un incremento en los feminicidios: a 15 días de terminar el año, 81 mujeres han sido asesinadas de manera violenta. Las marchas y las acciones ciudadanas se multiplicaron, unidas a las voces de algunas autoridades que piden frenar la violencia feminicida y sugieren políticas públicas que atiendan el problema de raíz. Sin embargo, gran parte del problema está en el núcleo de confianza de las víctimas.

En los casos más sonados de 2016, el culpable fue la pareja o ex pareja. Los feminicidas identificados tenían la confianza de las víctimas.

A Sandra Nava Flores le disparó su ex esposo, un policía inactivo, por la espalda, mientras caminaba en la calle de la mano del hijo de ambos, el 7 de septiembre de 2016.

A Samai Alejandra la mandó a matar Rafael Portillo, de quien estaba embarazada.

A Tania Luna, estudiante de sociología, la asesino en su domicilio un hombre con el que había salido recientemente.

Un análisis realizado por el portal Lado B de los casos de 2013 a 2015 revela que aunque del 51% de los casos no hay información de la relación de la víctima con el asesino, el 31.5% de las veces el feminicida fue la pareja sentimental (actual o ex pareja) y 10.7% un familiar.

De las víctimas que en ese lapso se conoce el último lugar donde fueron vistas, 32.9% del total estaban en un lugar privado, pero 63.1% halladas en un espacio público. Esto quiere decir que muchas estaban en espacios de confianza cuando fueron asesinadas –o ahí fue la antesala para el crimen–. Pero sus cuerpos fueron llevados a lugares públicos, a la vista de cualquiera, como si se tratara de mandar un mensaje. Un mensaje de impunidad, como si la mujer y su cuerpo fueran desechables.

Pese al agravio de la problemática, no hay una cifra oficial de los feminicidios en Puebla: los dos conteos que existen son del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla, que contabilizó de 2013 a 2015 un total de 187 casos. La otra es la base de datos pública del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), que tiene la cifra de 160 casos en ese periodo. Para 2016 ha identificado 81 casos.

Durante los tres años en los que ha tenido efecto la tipificación del feminicidio, ha habido 241 asesinatos violentos de mujeres por razones de género. 241 feminicidios en 154 semanas: 1.6 feminicidios cada semana durante tres años.

Tampoco se sabe cuántas sentencias firmes hay por el delito de feminicidio; las autoridades no se ponen de acuerdo y al responder declaraciones o preguntas los números no cuadran. En marzo de 2016 el Director General de Ejecución de Sanciones y Medidas de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Luis Alejandro Durán Cerón, dijo que no había ninguna sentencia firme por feminicidio y que había sólo 33 personas procesadas por asesinatos violentos de mujeres. Pero el 4 de octubre la diputada local Silvia Tanús dijo que eran tres las sentencias.

El conteo de las víctimas se ha limitado casi en su totalidad a repetir cifras y a anunciar en la nota roja quién murió y cómo fue asesinada. Sólo de algunas se conoce su historia.

Araceli Vázquez Barranco, asesinada en su propia casa por su ex pareja, a puñaladas. Judith Coatí Cuaya, tirade en un pozo por su vecino y amigo.

Paulina Camargo, cuyos restos no han podido encontrar las autoridades.

Olga Nayeli Sosa, descuartizada por su esposo en su propia casa.

Ninguno de los asesinos ha sido sentenciado.

El feminicidio no está tipificado penalmente en todos los estados del país. Pero en Puebla está considerado desde 2013 como tipo penal, y algunas de las agravantes para considerarlo (incluyendo las contenidas en la reforma que se hizo en 2015) son celos extremos, lesiones infamantes, amenazas, perfidia (abuso de confianza) y acoso, además de la exposición del cuerpo en un lugar público.

Los feminicidios van de la mano con la violencia y la crueldad: a Stephanie Juárez Morales la encontraron sin ojos; otra mujer, en calidad de desconocida, apareció con el cuero cabelludo arrancado y signos de violencia sexual. Aunque cada vez ha habido más movilizaciones y más organización para detener la violencia de género, pareciera que nada da resultados concretos.

En Puebla, pese a las insistencias de la sociedad civil y organismos que trabajan temas de género, no se ha conseguido emitir la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mecanismo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), que sirve de acuerdo a la definición oficial, para proteger los derechos humanos de las mujeres mediante “un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado.

El escritor y pensador uruguayo Raúl Zibechi dijo en una conferencia en la Universidad Iberoamericana de Puebla que los feminicidios y el crimen organizado sirven como formas de control social. Y no sólo en México, sino a nivel regional en toda Latinoamérica, el cuerpo de la mujer se ha convertido también en un lugar donde se ejerce una violencia simbólica: matar a una y enviar un mensaje para todas. La realidad y lo que quieren decir los feminicidios es un llamado a todas las mujeres a que se “queden en casa tranquilitas, a que no molesten”.

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