Del 24 al 28 de agosto se realizó la 18va Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil y orientada a repensar los modelos regulatorios y sus efectos en la salud, la seguridad y los derechos humanos. Las jornadas se dividieron en diez paneles, con conferencistas nacionales e internacionales, que trataron las políticas de drogas en relación a temas como feminismos, juventudes, educación y Covid-19, entre otros. En el panel “Las respuestas represivas: consecuencias de una reforma que nunca llega”, una de las conferencistas fue Teresa Garcia Castro, Asociada Principal de Programas de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), autora de esta columna que escribió para Cosecha Roja.
Por Teresa Garcia Castro
Entre 2000 y 2017, el encarcelamiento de mujeres aumentó un 53%, mientras que el de hombres un 19% a nivel mundial. En la mayoría de los países de América Latina, los delitos relacionados con las drogas son la principal causa de encarcelamiento de mujeres.
Estos datos se enmarcan en un contexto mayor: en América Latina y el Caribe, la población en prisión se incrementó en proporciones alarmantes. En las últimas dos décadas, la tasa de encarcelamiento se ha duplicado de 118.8 a 241 por cada 100 mil habitantes.
Durante casi medio siglo, el gobierno de los Estados Unidos ha alentado e intimidado a otros países para librar su “guerra contra las drogas” en todo el mundo. Este fenómeno es especialmente evidente en América Latina.
Las mujeres latinoamericanas han sido desproporcionadamente afectadas por estas políticas represivas. Por ejemplo, datos disponibles muestran que en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela los delitos relacionados con las drogas son los delitos más comunes para las mujeres privadas de la libertad, quienes, además, están sobrerrepresentadas en comparación con los hombres.
El aumento del encarcelamiento de mujeres refleja la vulnerabilidad específica de estas con respecto a la pobreza, la discriminación y la violencia basadas en el género. Generalmente, las mujeres encarceladas por delitos de drogas cometen ofensas no violentas, la mayoría no tienen antecedentes penales y presentan bajos niveles de reincidencia. Estas mujeres, usualmente, operan en el nivel más bajo del crimen organizado y, generalmente, están involucradas en el tráfico de pequeña escala, transporte de drogas dentro de un país o a través de fronteras, la introducción de drogas en las prisiones y el cultivo de plantas para ser procesadas como sustancias controladas. La mayoría vive en situaciones de pobreza y marginalización, tiene bajos niveles de educación, enfrenta mayores niveles de vulnerabilidad económica que los hombres, está desempleadas o subempleadas, son las principales cuidadoras de hijas, hijos y ancianos, a menudo son víctimas de violencia doméstica y algunas tienen problemas de salud mental y de uso de drogas.
El encarcelamiento de mujeres tiene consecuencias desproporcionadamente negativas para las mujeres y sus comunidades y ocasiona el aumento del número de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados. De acuerdo a una encuesta desarrollada en 2018 en 8 países de la región, el 87% de las mujeres encarceladas tenían hijas e hijos.
Poblaciones en condiciones de vulnerabilidad
Dentro de las mujeres, hay interseccionalidades como la raza, etnia, condición migratoria, si cuentan con documentos de identidad, estado socioeconómico, condición de calle, dependencia de drogas, e historial de salud, que atraviesan las vidas en contextos de encierro. Por ejemplo, en países como Brasil y Panamá, mujeres de raza negra o afro-descendientes están desproporcionalmente representadas en las prisiones. Las mujeres indígenas también constituyen una parte significativa de las mujeres encarceladas por motivos relacionados con las drogas en la región, particularmente en México y Perú.
De manera similar, las mujeres migrantes o extranjeras se han visto afectadas por las políticas punitivas de drogas. A pesar de que los porcentajes no son tan altos comparados con el resto de la población, enfrentan desafíos particulares que pueden incluir una situación migratoria irregular, carencia de vivienda o empleo estables y dificultades para lidiar con procedimientos en un sistema de justicia penal con el cual no están familiarizadas.
Además, hay otros grupos privados de la libertad que presentan mayores vulnerabilidades o necesidades especiales, como las personas LGBTI+ y, en particular, las mujeres trans. A nivel mundial, las mujeres trans han sido sujetas a la discriminación, la criminalización y la violencia institucional y, a menudo, enfrentan exclusión social, violaciones de sus derechos humanos y transfobia. En muchas ocasiones, estos factores las lleva a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el mercado de drogas y/o el trabajo sexual. Como resultado, son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso y a ser encarceladas como consecuencias de estas políticas punitivas.
A pesar de que existen muy pocos datos oficiales sobre esta población, una investigación reciente sobre mujeres trans en contextos de encierro muestra que están sobrerrepresentadas en las prisiones y son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones. Por ejemplo, en Argentina, el 70 por ciento del total de personas trans están encarceladas por delitos de drogas.
COVID-19: una posible sentencia de muerte
A medida que el COVID-19 se propaga hacia y dentro de las cárceles, las personas privadas de la libertad se enfrentan a problemas de salud graves y posiblemente mortales.
Algunos países como Argentina, Brasil y Colombia han emprendido acciones importantes para reducir las poblaciones en prisión. Sin embargo, a medida que el virus se extiende, los esfuerzos de descarcelación deben avanzar más rápidamente y en todos los países de la región, y deben tener en cuenta las necesidades de las mujeres encarceladas. De esta manera, se recomienda que los estados implementen las siguientes medidas:
Implementar acciones inmediatas para liberar a las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad. Dicha liberación podría ser a través de alternativas al encarcelamiento, indultos, reducciones de sentencias u otros medios de acuerdo con el sistema legal y judicial del país.
Evitar poner más mujeres tras las rejas. Las y los funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley deben suspender los nuevos arrestos o detenciones por delitos no violentos.
Para aquellas mujeres que permanecen en prisión, los gobiernos deben mejorar las condiciones sanitarias en las prisiones, garantizar el derecho a la salud, así como el contacto con familiares y amigos.
Para aquellas mujeres que han sido liberadas de prisión, los gobiernos deben apoyar su reinserción social garantizando, al menos, pruebas de detección del COVID, atención integral de salud, una forma segura de transporte a su casa o casa intermedia, suministro de documentos oficiales y programas de educación, capacitación y empleo.
