Por Dario Martelotti
Es 25 de septiembre de 2018. Un llamado al 911 alerta sobre un enfrentamiento entre dos bandas en el barrio de Capibá, en las afueras de la ciudad de Paraná. Cuando el patrullero llega los grupos se dispersan. Gabriel Gusmán corre. Atraviesa un descampado y se mete en un baldío. Tiene 20 años, calza zapatillas Topper y lleva musculosa rosada, short playero, gorra con visera para atrás y una pistola en la cintura. Los policías Diego Íbalo y Rodrigo Molina lo persiguen, cruzan el campito, entran al baldíoy dan la voz de alto. Gabriel se detiene y levanta los brazos. Un tiro entra por la nuca y lo mata.
Son las 10:45 de la mañana y los policías acomodan el cuerpo y marcan la perimetral. En apenas minutos un video en el que se ve a varios funcionarios policiales interviniendo en la escena se viraliza y hace público el caso.
“Ahí comienza una serie de irregularidades en la recolección de pruebas que van a quedar en evidencia cuando lleguemos al juicio oral y que pasan en todos estos casos de violencia institucional, donde los involucrados son uno o dos policías y resulta que después tenés un montón de involucrados que cometieron diversas acciones en pos del encubrimiento del hecho”, dice la abogada Lucía Tejera, de HIJOS Paraná y parte de la querella.
Cuando aproximadamente media hora después llega Maira Gusmán, su hermana mayor, Gabriel está envuelto en un nylon blanco y no la dejan acercarse. Lo reconoce por las zapatillas y la tez morena. Ella le habla, le insiste: “Gabi, levantate, vamos para casa”.
El fiscal de turno Juan Ramírez Montrull intenta tranquilizarla.
—Ya tenemos dos funcionarios detenidos en la Alcaldía. Su hermano estaba en un enfrentamiento con unos chicos del barrio y actuó la Policía —le dice.
—¿Y cómo actuó la Policía? —retruca Maira.
A las pocas horas Diego Íbalo y Rodrigo Molina salen en libertad. “Como si no hubiera pasado nada, cuando todo el mundo acá sabe que se trata de un caso de gatillo fácil”, denuncia Maira a Cosecha Roja. Alejandra López, la mamá, asegura que él obedeció la voz de alto: “Ni siquiera le dieron la oportunidad de revisarlo”. Recién a las dos semanas con la intervención de organismos como HIJOS y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre la familia obtiene acceso al legajo judicial.
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Un año después los policías no fueron indagados y siguen en sus funciones. Ese fue ayer el reclamo de toda la familia, organizaciones sociales y de derechos humanos frente a los Tribunales de Paraná, que pidieron justicia para Gabriel y “basta de pibes asesinados por la Policía”.
“Entendemos que la movilización es muy importante porque gran parte de la sociedad entrerriana no quiere más muertes por balas policiales”, destaca Tejera y advierte que el Ministerio Público Fiscal no puede excusar a la Policía en esta instancia, sin investigación alguna y habiendo pruebas y testimonios que contradicen y refutan la versión policial.
Los testigos hablan de dos momentos bien definidos: el enfrentamiento entre las bandas y la persecución policial. Varios de ellos vieron a Gabriel detenerse, levantar las manos y caer después de recibir el tiro. En la escena las únicas vainas encontradas partieron de las armas de los policías: ninguna salió de la 38 que llevaba Gabriel.
“¿La muerte de un pibe de 20 años por una bala policial en la nuca no amerita ni siquiera que se tome declaración indagatoria?”, dice. “Es necesario que los funcionarios judiciales salgan de sus escritorios y expedientes y vean lo que está pasando en la calle; que sientan el dolor de la familia de Gabriel y que se comprometan con el pedido de Justicia. Ellos no pueden ser garantes de la impunidad”.
