Neuquén: condenas leves para los represores de La Escuelita IV

Este mediodía, cuando los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 de Neuquén terminaron de leer la sentencia, se escucharon abucheos y puteadas. Las partes querellantes habían pedido penas más altas y los familiares de víctimas y las organizaciones de derechos humanos también esperaban condenas mayores. En el veredicto por la causa del centro clandestino “Escuelita IV”, la justicia condenó a un ex jefe de inteligencia a prisión perpetua y a 14 imputados a penas de tres a diez años de prisión. Otros cuatro represores fueron absueltos.

“Hay que ver lo positivo: cuarenta años después conseguimos un fallo de la justicia que funciona con fines de memoria y reparatorios”, dijo a Cosecha Roja Marcelo Medrano, el abogado de la secretaría de DDHH. Pero aclaró que va a esperar hasta que le entreguen los fundamentos de la sentencia en diciembre para saber por qué no se tomaron en cuenta los cargos por tormentos: a los represores los condenaron por privación ilegítima de la libertad y homicidio. Las partes querellantes van a apelar el fallo ante la Cámara de Casación.

Este es el cuarto juicio que se hace en la causa por el centro clandestino de detención que funcionaba en el predio del Batallón de Ingenieros de Construcción 181 de Neuquén, más conocida como “La Escuelita”. El tribunal conformado por Alejandro Silva, Guido Otranto y Marcos Aguerrido juzgó casos de 28 víctimas. Solo siete de ellas siguen vivas: catorce continúan desaparecidas y siete murieron con el paso del tiempo. Según Medrano, esta es la primera vez que en la causa los jueces consideraron los cargos por homicidio: “Tomaron en cuenta que hubo muertes y lo sumaron a la condena”.

Durante el juicio declararon Iván Molina Melo, Germán González y Gladys Alonso desde Bariloche mediante teleconferencia. Los tres relataron cuando estuvieron detenidos en una cancha de pelota paleta del predio de la Escuela de Instrucción Andina de esa ciudad. Por esto, condenaron a 5 años a Néstor Castelli, superior del ejército que estaba a cargo del lugar. “Es algo muy importante debido a que se reconoce que en Bariloche funcionaba un centro clandestino de detención”, contó Medrano. “El juicio mostró casos de distintas localidades de las provincias de Neuquén y Río Negro. Fue una causa federal”, dijo el abogado. Y agregó que van a esperar hasta diciembre para leer los argumentos del tribunal y ver qué decisiones toman.

Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de inteligencia del comando de la sexta brigada, fue el único condenado a prisión perpetua. Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín, agentes de inteligencia del ejército, recibieron 10 años de pena. Luego, Osvaldo Laurella Crippa, jefe de la policía provincial de Neuquén y Raúl Guglielminetti, personal civil de inteligencia, fueron condenados a ocho años de prisión.

Miguel Ángel Quiñones era agente de inteligencia de la policía rionegrina y lo condenaron a cumplir una pena de 5 años. Gustavo Vitton y Alberto Camarelli recibieron 6 de prisión: los dos estaban a cargo de la comisaría de Cipolletti. Además, Saturnino Martínez, que era jefe de la policía de esa localidad, fue condenado a 4 años.

Hilarión de la Paz Sosa era el encargado de confirmar si los torturadores podían seguir picaneando o no. Era médico encargado de sanidad. Fue condenado a cinco años de cárcel. También, el subcomisario de la Federal Jorge Alberto Soza recibió 4 años. Además, los jueces condenaron a 3 años de prisión en suspenso a Emilio Rozar, ex policía de Neuquén, y al ex oficial de la Federal Miguel Ángel Cancrini.

El tribunal absolvió a los ex policías de Río Negro Enerio Huircaín y Julio Villalobo, y también al oficial del ejército Enrique Sires y al agente de la Federal Gustavo Sommer. Y antes de dar el veredicto, apartaron del proceso al acusado Ramón Saboredo por cuestiones de salud.

“Hace 40 años que caminamos las calles de Neuquén. Y vamos a seguir hasta el último día de nuestras vidas, porque queremos justicia, queremos saber qué es lo que pasó en este país. Este tribunal le ha dado a los asesinos de los argentinos una miseria de años”, dijo Inés Ragni de Madres de Plaza de Mayo filial de Neuquén y Alto Valle. Salió de la audiencia “con muchísima bronca” y habló con los medios en las puertas del tribunal. De fondo se escuchaban los aplausos de los militantes por los derechos humanos: quedaron disconformes con las penas que recibieron los 20 imputados.

Natalia Hormazabal, abogada querellante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), también salió indignada. “Es una sentencia nefasta. No atiende para nada a lo que pasó en ese juicio. Nos están hablando de inseguridad en todos los medios, vemos que abunda la justicia por mano propia, quieren generar un clima de hostilidad y de violencia entre la gente y mandan a los genocidas a su casa”, dijo. El CeProDH fue una de las cuatro partes acusadoras: también estaban la Asamble Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el fiscal Walter Romero.