Nicaragua: juegan a la ruleta rusa con los presos

Elizabeth Romero, El Tiempo-.

“Un oficial agarró un arma, le metió un tiro y me decía ‘dale hijo de p… decime ¿quién lo mató? decime ¿dónde están? ¿quiénes lo mataron?’ Y me tronaba (sonaba) la pistola, la tronó la primera vez, me volvió a hacer la misma pregunta. Cinco veces la tronó”.

El relato es de Jorge Luis Pasquier Molina, un muchacho de 18 años, quien el mes pasado fue arrestado junto con su madre Vilma y su tía Elsa, ambas de apellido Molina. Los tres fueron acusados por la Policía de integrar una banda delictiva.

Del anexo de Villa Flor Sur fueron conducidos al Distrito Ocho de la Policía donde se realizaba la investigación sobre el crimen de una persona, ocurrido en el antiguo ingenio Timal. Los tres detenidos coinciden en que los oficiales pretendían que con insultos y golpes aceptaran la acusación que les hacían para esclarecer el caso de asesinato. La denuncia fue presentada en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y en Asuntos Internos.

De acuerdo con lo que explica Pasquier, el oficial jugó con él, cinco veces a la “ruleta rusa”, al colocarle el arma en la sien izquierda y accionarla, en un juego macabro con la muerte. Ante la amenaza de que en del cañón del arma saliera una bala y no el sonido seco, Pasquier dice: “Yo solo temblaba, me temblaban las manos, sentía que las manos se me adormecían…” .

Eso no fue todo. En el relato del denunciante describe varias escenas escalofriantes sobre la forma en que los oficiales supuestamente realizaron los interrogatorios que no solo consta de golpes a puños y patadas, sino que con un preservativo en el cuello uno de ellos lo llevó casi a la asfixia, ante la negativa del joven de aceptar participación en el acto delictivo.

En uno de los momentos señala que el oficial que lo interrogaba lo obligó a arrodillarse, encendió un cigarrillo y se lo acercó al ojo para que el muchacho aceptara la acusación.

A esto se suman presiones psicológicas indignantes. “Hay algo que a mí me da pena decirlo, pero lo voy a decir. Uno de ellos agarró el arma hechiza con que me había golpeado, le puso un preservativo, me hizo que me bajara el pantalón, no me lo metió… pero sí me lo puso así (..) me tocó”.

Hay una queja en Asuntos Internos que está siendo atendida con todas las diligencias que corresponden al caso, expresó el vocero policial comisionado mayor Fernando Borge. Sin embargo, al referirse al tema, el funcionario lo explicó como que se trata de “entrevistas” vinculadas al crimen de una persona en el Timal.

CASOS FRECUENTES

Aunque la Policía siempre ha alegado que se trata de casos aislados cada vez son más frecuentes los casos de señalamientos contra agentes del orden. La lista es grande, casos de capturas indiscriminadas y arbitrarias, allanamientos sin órdenes, maltrato, violaciones a mujeres detenidas y muerte de un joven en las celdas, entre otros, se suman.

Sin lugar a dudas hubo casos que trascendieron como la detención ilegal del fotógrafo de AFP, Héctor Retamal; los múltiples allanamientos en Estelí en contra de reconocidos comerciantes y las violentas capturas en Tipitapa, todas en el primer semestre de este año. Y el más reciente y más cuestionado, la vergonzosa posición de permitir que los adultos mayores y jóvenes que los apoyan sean vapuleados por grupos de choque, así como organizar violentos arrestos en contra de jóvenes que apoyan a los ancianos.

Roberto Orozco, investigador en temas de seguridad, resumió las últimas actuaciones policiales como “graves abusos de autoridad”. Esto porque dijo “hay un sentir en la Policía Nacional que ellos están por encima de la ley”, con lo cual considera Orozco violan sus propios procedimientos policiales.

Esto lo vivió José Luis Serrano. A punta de golpes y amenazas fue obligado por varios oficiales a cavar un hueco en los corrales de la finca de su familia. Después de haber pasado el día en el lugar, el superior de ellos le ordenó entrar al hueco y sus subordinados empezaron a lanzarle paladas de tierra. La intención, según Serrano, era enterrarlo allí mismo.

Esto ocurrió el 23 de abril en su propiedad ubicada en Kukra River, San Pancho, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), con lo cual se cerró un ciclo de hostigamiento y amenazas a su familia que inició desde 2011 cuando la Policía les desarmó a pesar de que tenían portación para esas armas, denunció el pasado 9 de mayo en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

EXHIBEN BRUTALIDAD

El funcionario del Cenidh, Gonzalo Carrión, critica que es común observar a través de la televisión cuando los detenidos ya esposados “el policía le va dando de patada, le monta la bota en la cara… y eso sale en imágenes, hay exhibición de la brutalidad policial”.

Esto ocurre, según Carrión, porque hay una concepción equivocada, “se pretende escarmentar a la ciudadanía reducida, es una triste forma de enviarnos mensajes que están lejos de una Policía profesional”. Carrión recordó que el año pasado recibieron 600 denuncias en contra de la Policía en un comportamiento similar al del 2011.

No obstante aumentó la gravedad de los mismos. “No en aumento de denuncia sino en niveles de abuso, gravedad de la situación, cuando hablas de tortura, de privación de la vida, gravedad de hechos”, dijo Carrión.

Ante los señalamientos de que los denunciantes hablan de interrogatorios con castigos físicos, Borge manifestó que en casos como el de Pasquier “de trato incorrecto vamos a esperar los resultados de Asuntos Internos”. Sobre las denuncias generalizadas de tortura, Borge refirió que de manera permanente hay un sistema que atiende las denuncias de las personas y no es una situación confirmada y tampoco generalizada. “Recordemos que nosotros a nivel nacional atendemos miles de personas, entrevistamos miles de personas; en relación a los casos, no tenemos una situación que se pueda decir como que hay un maltrato generalizado”, alegó Borge.

Orozco expresó que entre los agentes impera la creencia de que ellos están por encima de la ley y como no están supervisados por autoridad superior es que incurren en “ serios abusos”. Mencionó casos como el ocurrido en Estelí en contra de varios comerciantes, entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio de ese departamento, Roberto Moncada, entre otros. “La Policía está sin una supervisión superior, sin un control superior, está desbordada en su sentimiento de abuso de autoridad”, explica Orozco. Aconseja que la jefatura policial ejerza una mayor supervisión, igual debe hacerlo el ejecutivo. Y recuerda que la Policía tiene una estructura piramidal, donde los jefes son responsables de la actuación de sus subordinados administrativamente, por tanto tienen responsabilidad administrativa en los abusos de autoridad.

Roberto Orozco, investigador independiente en temas de seguridad