Wilfredo Miranda.Confidencial.-

La relación de hechos expone que a las seis de la tarde del pasado nueve de agosto los oficiales entraron de turno para “resguardar la Casa Presidencial”, y  una hora más tarde la víctima, de 12 años de edad, llegó al parque El Carmen “con el objeto de jugar y pasear a su perrito”, llamado Tonqui o Rayo Mcqueen, como prefiere nombrarlo ella.

La niña comenzó a caminar y se sentó en una banca en el costado este del parque. Erving Jarquín “observa a la menor y decidió acercarse y entablar con la menor víctima, que por su contextura se juzga de forma rápida que se trata de una menor”, narra la acusación.

El diagnóstico clínico de la niña establece que padece un déficit neuro-cognitivo y epilepsia generalizada tipo ausente, “que la hace vulnerable ya que no mide las consecuencias de sus actos, su capacidad de raciocinio no es acorde a su edad, por lo que puede ser sugestionable a cualquier manipulación o engaño de una persona adulta que se pueda aprovechar de su condición”, versa el documento.

El oficial Erving Jarquín “identificó la vulnerabilidad de la víctima e inició a enamorarla hasta llevarla a un previo baldío, ubicado dentro de la Universidad Central de Nicaragua y el Condominio El Carmen”. En ese intervalo de tiempo comenzó a llover.  El acusado Walter Téllez, al notar lo que pasaba, se acercó a su compañero a “advertirle que no hiciera cuadros y a la vez le prestó un capote, el cual fue usado por Jarquín para cubrirse e impedir la visibilidad”. Allí la violó.

Al concluir Erving Jarquín el abuso contra la menor, Walter Téllez se aprovechó nuevamente de la vulnerabilidad de la niña y “revestido de su posición de poder y superioridad, procedió a seducirla y buscar su deleite sexual”, sin llegar a violarla, porque apareció en la escena Timerson Ixchilmora Parrales, quien “también quería tener sexo con la menor víctima”. Téllez se retiró. Timerson si la violó, se lee en el expediente judicial.

“En aras de no ser vistos por los vigilantes del lugar” los abusadores dejaron sola a la menor, “exponiéndola a cualquier otro depredador sexual”, acota la acusación.

En el transcurso de esa noche lluviosa, específicamente “entre las once de la noche del nueve de agosto a las dos de la mañana del diez de agosto”, Erving Jarquín buscó a la menor que se encontraba deambulando en el mismo sector. Al encontrarla “la condujo a un módulo en construcción ubicado en el parque El Carmen, cerca del parque peatonal”, dirección que corresponde a un edificio abandonado a la sombra de un enorme árbol de chilamate, donde antes funcionaba la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC), y que ahora los oficiales usan para guarecerse.

Jarquín al llegar al lugar “tendió una sábana al suelo” y volvió a violar a la niña. Rayo Mcqueen jamás dejó de ladrar, jamás abandonó a su dueña, aunque fue “neutralizado por una patada de Jarquín, situación que descompensó a la víctima, perdiendo la noción del tiempo y los hechos que estaban pasando”, subraya la relación de hechos.

El tono jurídico de la acusación establece que “los hechos irrumpieron en su etapa evolutiva, en su desarrollo sexual al inducirla a sostener relaciones de forma precoz, dejándola expuesta a futuras victimizaciones y disfunción personal” de la niña. Pero en palabras más cristianas, a la niña estos policías “le robaron la felicidad”, afirma Gonzalo Carrión, director del Cenidh.

  La salud psicológica de la niña violada por policías a escasos metros de la casa y despacho de Daniel Ortega el pasado nueve de agosto, empeora a medida que transcurren los días, a tal punto que el domingo se quiso suicidar, aseguró la madre de la víctima.

“Ella se quiere matar. El domingo le quitamos un cuchillo de las manos que se lo iba a ensartar y después se quiso ahorcar”, relató la madre vía telefónica a Confidencial, quien agregó que “la niña solo es llorar y grita que nadie la quiere”.

Cada vez que la pequeña recuerda el episodio de la violación se pone “muy mal”. “Mi marido y yo nos sentimos desesperados. Ya no sabemos qué hacer. Necesitamos ayuda urgente”, clama la mamá.

La niña estaba internada en un centro asistencial que atiende casos de violación llamado “Las Niñas”, situado en las Piedrecitas. El domingo los padres fueron a traer a la niña porque al día siguiente iban a llevarla a los Pipitos a recoger su medicina.

El padre de la menor explicó que antes de la violación la niña presentaba notables avances en cuanto a su recuperación, gracias a la terapia que brindada en los Pipitos. “Pero después de ese repugnante suceso todo se echó a perder. La niña ya no va a clases porque se siente demasiado mal”, afirmó en el padre en una entrevista concedida a este medio la semana pasada.

La víctima está siendo atendida por un psicólogo que, según los padres, fue asignado por parte de la Policía Nacional, señalada por ellos mismos de actuar negligentemente cuando conocieron el caso.

A principios de esta semana, el lunes 10 de septiembre, la jueza que lleva el caso, Aleyda Irías, fijó la fecha el juicio en contra de tres oficiales que según la acusación de la Fiscalía perpetraron la violación múltiple. Por su parte, el padre de la menor, difiere con la Fiscalía. Él asegura que fueron cinco oficiales quienes violaron a su hija más un guarda de la empresa de seguridad el Goliat, que no están en el banquillo de los acusados.

Las sospechas del padre recaen primordialmente en un policía de nombre Julio César García, quien supuestamente tuvo contacto previo con la menor y premeditó el abuso. La reacción de la Fiscalía respecto a estos cuestionamientos ha sido el silencio prácticamente.  La Fiscal asignada al caso, Denise Maltés, aseveró que no podía ahondar en el tema porque “sobre una investigación abierta no le puedo dar declaraciones”.

En tanto, los días pasan y la salud de la niña se ve atormentada al recordar el hecho que “le robó la felicidad”, en palabras de Gonzalo Carrión, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIH), que brindan acompañamiento a la familia en los tribunales.

El padre de la menor asegura que la Policía Nacional está “escondiendo, protegiendo” a Julio César García y a otro oficial de “celeste”, quienes abusaron de su hija. Sin embargo, la primera comisionada, Aminta Granera, declaró que la institución que lidera “no tiene el más mínimo reparo cuando hay un compañero que comete fallos y errores para tomar las medidas duras, para ponerlos a la orden de las autoridades competentes”.

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