Niños detenidos en la provincia de Buenos Aires

Catalina Dowbley – Cosecha Roja.-

Las denuncias por torturas y violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes detenidos en la provincia de Buenos Aires forman una fila de expedientes que tiene casi un metro de alto. Los vecinos de la mansión de 63 entre 2 y 3, donde está uno de los centro de recepción, presentaron quejas. Piensan que no es un lugar apto para que los pibes que están ahí detenidos accedan a los derechos mínimos que el estado debe garantizarles. El Defensor Penal Juvenil, Julián Axat, pidió la clausura definitiva del lugar porque, entre otras cosas, no cuenta con el espacio mínimo de distensión requerido.
Las condiciones de detención de los niños de la provincia de Buenos Aires no difieren mucho de las del resto de los presos. Hay leyes, tratados y convenciones internacionales que establecen que para que un menor de edad sea detenido en una institución de régimen cerrado, los jueces deben tener más que justificada su decisión. Pero la realidad no se siempre se ajusta a las convenciones.
Alejandro Villalba viajaba en moto con su amigo Brian Mogica cuando la noche del 19 de diciembre de 2013 el policía Gabriel Yuguet les disparó por la espalda. Brian murió casi en el acto y Alejandro fue detenido por tentativa de robo, pero Yuguet ni siquiera fue investigado. De su paso por el instituto de menores Alejandro Villalba tiene un recuerdo: el cuerpo quemado. Fue por eso que le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria.
En los penales y en los institutos hay escenas que se repiten con una frecuencia escalofriante. Para muchos pibes estar privados de la libertad es sinónimo de dolor, de infierno. A veces llueve adentro y afuera.
A los pibes la detención les pasa por el cuerpo. La comida escasea. Los horarios establecidos para que tengan clases no se cumplen. Están lejos de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos. Están rodeados de ratas, frío, hambre y dolor. Condenados.
Sólo el Instituto Almafuerte – considerado de máxima seguridad- cuenta con 25 habeas corpus presentados en el último año por denuncias de torturas. Las condiciones de detención de esos pibes todavía no cambiaron. A la lista de vejaciones se suman, por ejemplo, derivaciones hospitalarias realizadas en autos particulares.
Hay menores que no se sabe en dónde están detenidos. Pibes de 12, 13, 14 años compartiendo el lugar con otros de 18. Legajos que nunca llegan a manos de los defensores oficiales.
En abril de 2013 el Servicio Penitenciario Bonaerense contaba con 120 menores detenidos bajo su órbita. Seis meses después la cifra ascendió a 241. Axat presentó la última semana un Habeas Corpus colectivo, acompañado por Mario Coriolano- Defensor de Casación-, Carlos Altuve – Fiscal General- y Emilio García Méndez – presidente de la Fundación Sur-, solicitando que el Tribunal de Casación establezca un estándar de detención para los menores de edad en la Provincia.
Pero el listado de pedidos se agranda. No sólo solicitaron que ese estándar se ajuste a la ley y a los tratados internacionales. Instaron también a que desde la secretaría de Niñez de la Provincia de Buenos Aires se entreguen informes mensuales sobre el cupo de detenidos: un listado de personal de asistencia médica, odontológica y psicológica; un detalle de las refacciones realizadas a los lugares; un régimen de alimentación, un proyecto escolar y la realización de capacitaciones para el personal que trabaja en las distintas dependencias. Al igual que en el Servicio Penitenciario, los institutos de menores deberán contar con “una presencia judicial permanente”, dijo Axat.
El pedido surgió a raíz de un informe que muestra fuerte incremento de la cantidad de jóvenes que fueron transferidos de la órbita de la secretaría de Niñez al SPB. Incumplen así con la convención de derechos de la infancia y se amparan en una ley de la última dictadura militar argentina firmada por Jorge Rafael Videla.
El Defensor Juvenil destacó que entre 2012 y 2013 hubo 97 niños privados de la libertad sin juicio y aseguró que ello significaba una violación flagrante a los derechos de los niños. “No fundamentan los motivos para la elección de las detenciones en lugares de regímenes cerrados. No puede ser un capricho de la jurisdicción. Deben justificar por qué se elige el régimen de detención más doloroso”, señaló. “Estamos frente a un cuadro masivo de violaciones”, dijo Coriolano.