Por Soledad Deza*
La llegada al gabinete nacional de Juan Manzur, ex gobernador peronista de Tucumán, fue recibida como un balde de agua fría por los feminismos de todo el país y me incluyo. No es sólo Manzur, es comprobar que la paridad de género no está en agenda y es confirmar malabares políticos que recogen un viraje a la derecha en horizonte que no es exclusivo del país, ni de la región, es global.
Las resistencias feministas a Manzur vienen arraigadas con las reminiscencias del caso de “Lucía”, una niña que en el verano del 2019 tuvo que atravesar una serie de obstáculos judiciales y sanitarios para terminar un embarazo producto del abuso sexual de su abuelastro. Ese caso tuvo muchísimas peculiaridades que profundizaron desde dentro del Estado las violencias que venía sufriendo. Una fiscal que en la investigación del abuso sexual supo informarle que tenía derecho a una ILE; otra fiscal que había ordenado que el aborto no se hiciera; un equipo de salud que dentro del Hospital del Este no quiso garantizar los derechos de la niña; una ministra de Salud que no hizo su trabajo de rectoría en materia de política sanitaria; una jueza de Familia que supo devolverle la responsabilidad de garante al sistema de salud y una estrategia jurídica y de movilización social muy mediática que llegó hasta organismos internacionales para visibilizar que obligar a parir a las niñas es tortura.
Pero, nobleza obliga, con la historia de quienes trabajan hace tiempo el acceso al aborto desde dentro y fuera del sistema público de salud, antes de ese caso y después también, se hicieron otras interrupciones legales de embarazos de niñas y en edades gestacionales muchas veces también avanzadas. Alguna de ellas incluyó hasta una misa en las escaleras de la Maternidad y la Jefa de Salud Mental haciendo de instrumentista. Y en otros casos, la objeción de conciencia mayoritaria dentro del sistema público de salud -y afianzada desde un Ministerio que miraba para otro lado o miraba para censurar- pudo ser desarticulada con el trabajo titánico de profesionales que desde hace muchos años ponen el cuerpo silenciosa, pero comprometidamente, a ese sacudón federal que fueron los número de abortos tucumanos de ese tuit.
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Me preguntan cómo es Manzur y digo que es un gobernador peronista de una provincia conservadora. Me preguntan si es conservador y respondo una y otra vez que sí, como lo es la mayoría de nuestra sociedad. Y es que las sociedades del norte tienen un maridaje histórico entre jerarquías eclesiásticas y dirigencias políticas que no se circunscribe al peronismo y sus lazos con la pastoral cristiana, que son los que sirven para paliar la ausencia estatal en urgencias sociales territoriales.
Me gustaría decir que el resto de los espacios partidarios no son conservadores, pero salvando a los partidos de izquierda –divididos en 3 para estas elecciones- en Tucumán la oposición también lo es y albergó en sus listas de las PASO a una pastora evangélica que además, es parte del gobierno municipal Juntos x el Cambio. Y la alternativa a las opciones polarizadas de siempre, acá incluyen al Partido Bussista de Fuerza Republicana, que sacó 120 mil votos en las últimas elecciones generales.
Entonces, ¿cómo son nuestras alternativas políticas? Bastante parecidas a nuestra sociedad que, independientemente del grado religioso de ciudadanía que tenga, es indudablemente conservadora. Y si bien el peronismo no es un dechado de progresismo, las otras opciones reales tampoco lo son.
Me preguntan si Manzur es “antiderechos” y respondo que ninguna lectura política es tan lineal sobre ese concepto aquí en Tucumán, porque aun habiéndose pronunciando él públicamente en contra del derecho a decidir, el peronismo que aquí conduce aportó cinco votos para la legalización del derecho a abortar en 2020. Y siendo una provincia conservadora, asediada por la objeción de conciencia sanitaria a lo largo y lo ancho del sistema de salud público, podemos abortar dentro del Estado. Y siendo el Poder Judicial igual de misógino y racista que en el resto del país, en Tucumán se rechazaron las cuatro acciones judiciales para revertir la ley 27.610: dos en el fuero provincial y dos en el fuero federal.
Eso no quita de la postal local enormes fracasos en materia de articulación interinstitucional de políticas públicas de género que se evidenciaron con la cárcel de Belén, el femicidio de Paola Tacacho o la reciente tragedia de cuatro mujeres privadas de libertad que murieron calcinadas en una Comisaría de Concepción. Ni valida la mora de 19 años en adherir a la Ley 25.673 que asegura anticoncepción gratuita para toda la población. Ni ignora la recarga institucional que viven quienes garantizan los abortos y lidian con el estigma de colegas que se aprovechan que otros hacen, para poder no hacer. Ni oculta las deficiencias imperdonables de la gestión de un ministerio de Seguridad en la cual murió a consecuencia del gatillo fácil Facundo Ferreira, un niño de 11 años, o bajo cuyo silencio murieron Luis Espinoza y Ceferino Nadal.
Entonces, ¿si defiendo a Manzur? No, en todo caso, reivindico los feminismos que contra viento y marea –desde dentro y fuera del Estado- impiden desde hace muchos años que los conservadurismos locales perviertan el derecho a decidir. Y en última instancia visibilizo que, a pesar de la posición personal de Manzur, abortar viene siendo un derecho no sólo en la letra de la ley 27.610.
Ayer leí que las demandas feministas le suben el nivel a la democracia y coincido. Creo que además los feminismos necesitamos bajar el tono a algunas discusiones entre nosotres para poder dialogar sin sospechas y evitar reproducir las lógicas patriarcales que denunciamos violentas. Porque al final del día, quién tiene la razón es lo de menos, lo que importa es saber que contamos con otres para seguir construyendo ese mundo más amable con el que soñamos.
*Abogada feminista de Tucumán. Presidenta de Mujeres x Mujeres.
