Foto: Lara Otero
Prevenir violencias con medidas dirigidas a intensificar la intervención policial y judicial es ante todo una confesión de inoperancia. En esa línea se inscribe la propuesta del gobierno de Mauricio Macri, que denomina medidas extraordinarias a un amontonamiento de lugares comunes cuando por convicción o modorra postula como toda política pública 3 o 4 cosas gestadas en el Ministerio de Seguridad.
El tono general de la propuesta es de una chatura indisimulable. La generalidad de la “mujer”, el “femicidio” -como si las condiciones y modalidades no incidieran en el diseño de las políticas que en cada caso se requieren- preanuncian una mala política de prevención, como toda aquella que no explicita el diagnóstico del que parte, generaliza adjetivando y enfatiza obviedades, sin lograr mostrar cómo eso que proponen podría prevenir lo que promete evitarnos.
Se suele decir que quien no tiene la razón, grita. Podemos afirmar que quien no tiene el menor interés en resolver un problema, apela a la demagogia punitiva.
Se suele decir que quien no tiene la razón, grita. Podemos afirmar que quien no tiene el menor interés en resolver un problema, apela a la demagogia punitiva.
Vimos hace poco a la gobernadora María Eugenia Vidal “retar” en acción de propaganda a Horacio, un acosador en una barriada del conurbano donde la gente subsiste para no caer al otro lado de la flamante línea de los 5 millones nuevos de pobres que gestionó el gobierno en los últimos 4 años. Estas propuestas son de la misma factura: la de la banalización y la parodia. Tan frívolo es todo que se vuelve difícil de refutar. En eso reside también la eficacia de sus dispositivos, en apostar al mano seo de la confusión.
Pero ¿a qué llaman plan?
1. Proponen “investigación automática ante la primera denuncia” y afirman quién sabe porqué, que hoy la víctima tiene que realizar dos denuncias para lograr la intervención activa de la Justicia, la primera en la comisaría y la segunda propiamente en la Justicia. Tenemos malas noticias: a algunas personas no les reciben ni una. Pero aún así, la existencia de 24 provincias, cada una con su sistema vuelve ridícula esa afirmación y cualquier promesa de estandarización de prácticas que no necesitan normas que las permitan o las consientan, las denuncias no se tramitan cuando no se quieren tramitar.
Eso ocurre con alarmante frecuencia cuando el hecho denunciado involucra violencias machistas. Si a la condición de género la víctima suma otras opresiones, económicas, raciales, de clase, la impunidad se impone como destino natural.
A juicio del plan de gobierno esas demoras burocráticas, problemáticas -qué duda cabe- “crean una ventana de desprotección que en muchas ocasiones pone en riesgo de vida a la mujer denunciante. Vamos a eliminar esa zona de riesgo haciendo que la Justicia esté obligada a intervenir desde la primera denuncia”.
Ojalá las “ventanas de desprotección” fueran sólo producto de la burocracia. Hay miles de mujeres que viven inmersas en verdaderas zonas de riesgo: la dependencia económica, la vulnerabilidad habitacional, la falta de autonomía financiera, la persistencia de sostenes culturales de no involucramiento en la neutralización de las violencias machistas, la falta de recursos y estrategias por ausencia de información oportuna y acceso a una educación que desmonte la violencia vincular como forma privilegiada de relacionamiento.
Hay miles de mujeres que viven inmersas en verdaderas zonas de riesgo: la dependencia económica, la vulnerabilidad habitacional, la falta de autonomía financiera.
De esas condiciones estructurales debería ocuparse una buena política de prevención de la exposición a violencias femicidas. Para sorpresa de nadie, ni una línea dedica el plan a estas cuestiones.
En lugar de copiarse de Europa cuando hay brotes de xenofobia, podrían empezar por emular la política de la Unión Europea que viene hace años estableciendo que la protección para las personas violentadas en razón de género no puede depender de que existan denuncias penales, que si alguien quiere denunciar denuncia, pero eso no es condición para garantizar sus derechos.
Tampoco nos cuenta la propuesta cuántas personas fueron sancionadas en las policías o en los poderes judiciales o los ministerios públicos por no atender con diligencia esas denuncias que es necesario insistir nunca exigieron ni horas ni plazos para ser operativas. ¿Qué entenderá por atender un caso el Presidente?
2. La golosina neoliberal preferida: denuncia para todxs. La única redistribución constatada, la del vigilantismo.
Dice el Presidente: “Muchas veces las víctimas de violencia de género son cautivas de relaciones dominantes que les dificultan o incluso impiden hacer una denuncia. Sin embargo, también es frecuente que familiares directos, amigos y hasta vecinos, sepan de la violencia que esa víctima padece. Para que ellos puedan intervenir, vamos a transformar las denuncias por violencia de género en denuncias de instancia pública, como lo es, por ejemplo el abuso infantil. Hoy enviamos un proyecto de ley al Congreso para que esto suceda”
Imaginemos la escena. Estamos en nuestra casa y somos invitadas a declarar en el juicio que se sigue a otra persona acusada por vaya a saber quien, el portero, una vecina que interpreta mejor que yo mis necesidades, por un hecho de violencia que nosotros padecimos y otro denunció. Lindo caldo de cultivo para incentivar las denuncias anónimas, expresión afin al fascismo si las hay.
La situación de quien está soportando una situación de violencia reclama múltiples abordajes. ¿O alguien piensa que todas las dependencias apuntadas arriba, cuando son la causa de la reticencia a denunciar, dejan de operar por el solo hecho de que alguien vaya y denuncie?
Esto el corolario perfecto para un proceso de reducción de las mujeres a cosas disponibles, ni siquiera podemos decidir qué denunciar y a quiénes. Para protegernos a nosotras, ampliamos las capacidades de denuncia de los otros, incluso en contra nuestra. Ya ni el liberal libreto del empoderamiento nos es concedido.
Pienso, cuando denunciemos en redes sociales o contemos en una reunión – porque optamos que es mejor que someternos a un sistema de justicia penal que nos vomita porque no nos cree-, siempre alguien podrá impulsar una investigación a pesar nuestro, aunque digamos que no. Una vez más nuestro sí explícito no importa, si denunciamos asiduamente no investigan, pero si no queremos hacerlo, otro lo hará.
Cuando denunciemos en redes sociales o contemos en una reunión siempre alguien podrá impulsar una investigación a pesar nuestro, aunque digamos que no.
Luego ¿qué jerarquías de lo denunciable aparecerán allí? Los señalamientos a los que se consideran, para decirlo con Dorlin, matables, a los que hoy ocupan el lugar de los negros que en otros momentos eran linchados con mecanismos de atribución del poder de denunciar, delatar, señalar, perseguir en nombre de la defensa de “las mujeres” estarán disponibles. Una vez más, pregono protecciones en nombre de género mientras trafico clavijas de reajuste del orden clasista
¿Sabrá el Presidente de la Nación que según datos de noviembre de 2018 elaborados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que ya analizamos en otra nota través de una investigación llevada adelante por su Dirección de Políticas de Género, que en el 72% de los hechos denunciados los casos terminaron archivados o con los acusados sobreseídos en tiempo récord si comparamos con otros delitos?
Si sólo en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente dos tercios de los casos, se desechan aun cuando las mujeres los denuncian sin que se tomen medidas probatorias de relevancia ¿por qué habríamos de confiar en que las denuncias de terceros podrían modificar esa performance de desinterés estructural del sistema judicial ante las violencias sexistas? Si no se ocupan de lo que las víctimas ponen en conocimiento, pidiendo expresamente intervenir ¿van a hacerlo cuando lo hagan otros y en contra de su explícito interés?
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Hay que impugnar que para proteger debamos consentir menos posibilidades de decisión. Pero aun cuando se consintiera la reducción a nada de la autonomía de las mujeres afectadas -a las que el Presidente compara con niñxs abusadxs sexualmente haciendo gala de una indolencia torpe y de desconocimientos jurídicos elementales- esta medida, donde lo único que se redistribuye es potestad de delación, ha sido de comprobada ineficacia allí donde se ha desplegado. Es casi un lugar común señalar que el momento de la denuncia puede provocar episodios de violencia: ¿cómo se acompaña a quien ni siquiera sabe que está denunciando?
Bajo ese pulso, nada asegura que la deriva punitiva no se vuelva sobre las supuestamente protegidas, tal como ocurrió en otros países, donde de tanta vocación de denuncia a pesar de los intereses de las propias involucradas, los avances en nombre de los derechos de las mujeres consisten en -como si fuera magia- recolocarlas desde su condición de víctimas de repente en perseguidas.
En un trabajo clásico de Elena Larrauri “¿Por qué retiran las mujeres maltradas las denuncias?” se explican con claridad estas llamadas no drop policies desplegadas sobre todo en EEUU con distintos niveles de intensidad: “Algunas son denominadas «duras» porque permiten el arresto de la mujer, otras son denominadas «blandas» porque se ordena que la víctima que no quiere cooperar asista a grupos de apoyo”
¿Que exagero porque eso no podría ocurrir nunca jamás aquí? La misma investigación del Ministerio Público Fiscal que cité más arriba da cuenta de que EL 28% de las mujeres que denunciaron hechos de violencia, en los procesos a los que llegaron como víctimas, terminaron siendo llevadas por la fuerza pública.
Por último, si esos procesos son iniciados sin ningún interés o peor aún contra la voluntad de las señaladas como víctimas ¿a quién le importa lo que pase con esos juicios?
Al fin y al cabo siempre quedará la posibilidad de decir que se las quiso cuidar, pero ellas no aceptaron. Que si algo hubiera pasado, hubiese aprovechado la disposición de todos los que, denuncias mediante, han querido ayudarla. Los centros de atribución de culpa de la usina sexista en alianza con el complejo policial penal, se mantendrán intactos, en cabeza de las mismas de siempre.
Por lo demás, debería saber el Presidente que las víctimas de femicidio, en una importante cantidad de casos, habían denunciado hechos previos.
Debería saber el Presidente que las víctimas de femicidio, en una importante cantidad de casos, habían denunciado hechos previos.
No faltan denuncias, sobra desatención de los poderes públicos ante esas denuncias, sean judiciales, administrativas e incluso sociales. Aún nos estremecemos por las derivas punitivas del denuncismo como principal herramienta, me incluyo, pero rara vez nos conmovemos con el ninguneo habitual con que se responde a las denuncias “donde corresponde”.
3. Se anuncia una propuesta consistente en “centralizar información de denuncias” porque hoy, pasados cuatro años de gobierno y sus promesas de revolución, el Presidente nos cuenta que “las denuncias por violencia de género se encuentran dispersas en organismos e instituciones que no comparten su información, dificultando que los casos de agresión sean seguidos de manera eficaz”.
Es una medida administrativa cuya pretensión de política pública es más escandalosa aún cuando nadie explica qué pasó hasta ahora. Como nunca en otro momento político existió una identidad político partidaria entre la mayoría de las jurisdicciones -por ejemplo el gobierno de CABA, provincia de Buenos Aires y la Nación para la zona metropolitana- proveyendo una condición siempre señalada como indispensable para estas acciones que reclamaban coordinación. Si le hubieran puesto la mitad del entusiasmo y recursos que a la “federalización” de carriles preferenciales – o metrobus- otra sería la historia.
Como si el mamarracho no fuera mayúsculo hasta aquí, esta supuesta coordinación informativa permitiría a su vez, “tomar acciones de respuesta inmediata desde la primera alerta que se registre y en relación a la magnitud del riesgo de cada caso”. Esto implicará desde la realización de “visitas periódicas de un tutor”. ¡Un tutor! Sólo me sale ¡plop!. ¿Con qué recursos humanos, con qué formación, adquirida cuándo, van a hacer eso?. Y si cualquiera puede denunciar, ¿el tutor podría ser puesto aún en contra de la voluntad de quienes los poseen? ¿Quién lo designa? ¿El vecino que denuncia? ¿Y la cobertura en todo el país de esa figura? ¿Será una tarea policial el acompañamiento a víctimas? ¿Esto es en serio?
4. Prometen cosas que no puede cumplir —algunas cosas se hacen costumbre parece— cuando señala en su plan que será resorte del poder ejecutivo imponer restricciones de acercamiento o incluso colocar tobilleras electrónicas.
Sobre esto último no está mal apuntar algunas cifras. Según datos publicados el pasado mes de enero en el diario La Nación, provistos por el Ministerio de Justicia, por cada dispositivo electrónico y el servicio de monitoreo correspondiente el costo era de $10.990 (IVA incluido). Se contaba entonces con 2490 dispositivos. Eso implica que el Gobierno gastaba, $27.420.050, lo que representa alrededor de un millón de pesos por día en pulseras electrónicas. Si se usan para desagotar cárceles, bienvenidas,pero la tasa de crecimiento carcelario no se ha conmovido.
Ahora, semejante inversión ¿no merece una imaginación política más al servicio de la emancipación de las personas violentadas que acotada al control electrónico de los que violentan? ¿Invertir para modificar las condiciones de vida o para vigilar remotamente las expresiones violentas de la existencia en sociedades estalladas?
Digo ineficaz porque en una actividad reciente en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en junio de 2018 con motivo de la semana del desarme, una Comisaría de la policía local contó que frente a unas aproximadamente 2000 alertas de botón de pánico, la policía llegó a dar con el infractor de la restricción en alrededor de 80 casos, afortunadamente en los otros casos no pasó nada. En ese 96% de las activaciones, los policías llegaron para cuando llegaron ya se habían ido mientras que tuvo una intervención oportuna y neutralizante en un modesto 4%.. Habrá que hablar de eficacia en serio en algún momento.
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Pero el desastre no se mide solo por lo que proponen, más es lo que debieran hacer y no están haciendo. No basta con señalar lo mal que está todo, lo grande que le queda a este aluvión de lugares comunes de la cantinela punitiva, el mote de programa, plan o política pública. Pero aún cuando sospechemos de las políticas siempre concentradas en lo policial o lo judicial, hay cosas para hacer en ese campo que decididamente no se hacen.
El plan no dice nada sobre la incidencia creciente de las armas de fuego en la producción de femicidios. Esa mayor incidencia coincide con la política de descontrol y desatención al circulante de armas, un retroceso notable respecto de no hace tantos años, cuando Argentina era reconocida como un país auspicioso por sus políticas de desarme.
El plan no dice nada sobre la incidencia creciente de las armas de fuego en la producción de femicidios.
El descenso fue, como quien dice, a pique, pasamos de capturar mediante el plan de desarme un promedio de 130 armas en sus inicio en 2007 a apenas unas 30 en el último año. Eso es consecuencia directa del abandono de la política de desarme pues desde 2016 el Estado Nacional hizo de la inacción una bandera.
El desinterés por los controles no reparó ni siquiera en las implicancias de género. Al respecto, desde INECIP venimos trabajando en investigaciones acerca de la relación entre armas de fuego y violencia de género. Gran parte de las dificultades para llevar adelante esa tarea tienen que ver con la falta de datos y la nula disponibilidad del poder Ejecutivo, en particular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El 99% de los usuarios de armas de fuego autorizados por el Estado son varones, las mujeres no son poseedoras. En esa escena, tenemos que colocar que en 2018 uno de cada cuatro femicidios fueron producidos por armas de fuego, las mismas que se utilizan para amenazar. Pero hay más, en más de la mitad de las armas utilizadas para cometer femicidio, siempre según los datos que recopila la CSJN, no se puede establecer si estaban legalmente registradas o no y en 15 casos las tenían personas que no estaban autorizadas a tenerlas. Si miramos realidades provinciales, en Santa Fe por ejemplo, la mitad de los femicidios fueron con armas de fuego.
La ANMAC es el organismo encargado de este (des) control: no articula ni con la línea 144 ni con la Dirección de Orientación a víctimas ni está en conexión con las comisarías de la CABA. Imaginemos el vínculo con el resto del país. No es una cosa menor: en el 26% de las denuncias efectuadas a la línea 144 las víctimas relataron que los agresores poseían armas de fuego y en seis de cada diez casos ya se habían dispuesto medidas de protección. El Estado nacional ni siquiera cruza esas informaciones pero nos promete tarde y desordenadamente una matrix de denuncias.
Tampoco interviene con una política activa de reducción de riesgos sobre el personal perteneciente a las policías y fuerzas de seguridad, a quienes deja con poder de fuego bajo la fantasía del servicio a la comunidad durante 24 horas.
¿En qué se traduce eso? En mayor riesgo y letalidad para todos, el propio personal policial, los jóvenes pobres cuyas muertes algunos celebran y sin duda las mujeres que viven cerca de estos rambos armados 24 horas que con la excusa de protegernos a todos, someten a muchas. De hecho casi el 20% de las armas con que se cometieron femicidios en 2018 eran armas reglamentarias de personal de las fuerzas de seguridad, indebidamente resguardadas, innecesariamente fuera de lugar.
Hay políticas para adoptar en este ámbito, son medidas concretas, muy específicas pero el Poder Ejecutivo opta por la retórica ramboide, colocando un asunto extremadamente complejo, que requiere sensibilidades diversas, en el ala más recalcitrantemente policial. Más que una perspectiva, una mira.
Por último: ni un eco de fortalecimiento o restitución de políticas de educación sexual integral, ni remoción de asimetrías en la distribución de trabajo de cuidado, ni fortalecimiento de las capacidades económicas de las mujeres, aparecen aquí.
Tiene sentido y responde al uso puramente instrumental del cotillón de vigilante para esconder un desinterés profundo por la transformación del orden patriarcal de las cosas. Nunca ampliar vigilantismo puede conducir a más autonomía. Estas políticas subrayan el carácter de excusas que las demandas contra la violencia machista, deben alertarnos sobre los dispositivos que se trafican con la excusa de defendernos.
También dan la espalda al fenomenal proceso de movilización feminista que viene organizando resistencia y construyendo otras formas de respuesta frente a las violencias machistas, más ocupadas en desmontar sus condiciones de posibilidad gestadas al calor de privilegios e injusticias, más lejos del pinkwashing punitivista y más cerca de la comprensión cabal de lo profunda que es la alianza criminal entre patriarcado y capital.
No se trata de dar palazos al boleo sobre las consecuencias esperables del orden neoliberal que produce y reproduce violencias -aprovechando las exigencias de justicia para expandir la malla de persecuciones-. Más que nunca, más feminismo, menos policía.
