No hay nada más desesperante que no saber cuándo te van a juzgar

Se aprobó el nuevo Código Procesal Penal: establece un máximo de tres años el tiempo para resolver una causa, reemplaza el sistema inquisitorio por el acusatorio, suspende el proceso a prueba y permite la expulsión de extranjeros que hayan cometido un delito en flagrancia. También se crean 17 nuevas fiscalías y defensorías en todo el país.

Cosecha Roja.-

“No podemos tener durante años a una persona presa esperando una condena. Necesitamos mayores certidumbres con respecto a las penas”, dijo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el anuncio del anteproyecto del Código Procesal Penal en octubre. Del total de presos del país (62.263) más de 31 mil están encerrados sin condena y sólo 30 mil tienen una sentencia. En otras palabras: la mitad de los presos en Argentina son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia es una garantía constitucional. Las cárceles del Servicio Penitenciario Federal tienen 9.807 presos y sólo 4.356 tienen la certeza de haber sido declarado culpables. Es decir, que más de la mitad esperan tras las rejas la fecha del juicio. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay más de 15 mil personas encerradas sin que se haya comprobado que son culpables de algún delito: 6 de cada 10 presos alojados en Olmos, en Los Hornos, en Dolores, en Mercedes, son inocentes hasta que un juez dictamine -en sentencia firme- lo contrario.

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No saber qué va a pasar desespera al que está adentro y al que está afuera. “Desespera al culpable y desespera al inocente, ninguno sabe cuánto falta”, dijo. No pueden planear cómo sigue la vida ni decirle a la familia ‘quedate tranquilo, salgo tal día’. Cuando el que está tras las rejas era el sostén familiar, es lo que más les preocupa: “En lo único que pensaba era en mi familia”, dijo Bordón.

El 5 de octubre de 2010 mataron a un chofer de la línea 524 en Monte Chingolo. Minutos después Bordón salió de su casa y corrió el colectivo para no llegar tarde a trabajar. Un policía lo confundió con el asesino porque “tenía un buzo blanco” y lo persiguió. Cuando lo alcanzó arriba del micro, le apuntó con el revólver, lo golpeó, lo hizo arrodillar. Bordón se desmayó. A partir de entonces le intentaron armar una causa y estuvo dos meses preso en una comisaría, nueve en el penal de Sierra Chica y siete entre la Unidad de Tránsito de La Plata y el penal de Lomas de Zamora. El 2 de junio de 2012 lo absolvieron por unanimidad.

“Es desesperante la burocracia judicial y lo lento que avanza todo: una presentación judicial demora una eternidad y todo se hace cuesta arriba”, dijo Bordón. Sus papeles iban y venían de juzgado en juzgado. Sus compañeros del penal pedían un traslado para hablar con un fiscal y demoraban 5 meses en responderles. Entre el traslado de La Plata a Lomas de Zamora se perdió la historia clínica de Alejandro:  motivo suficiente para demorar todo algunos meses más, hasta que alguien le dio una mano. Los compañeros, contaba, podían tardar semanas en lograr comunicarse con el defensor o recibir una resolución. Los resultados del dermotest -el análisis de la piel para ver si la persona usó un arma-, en el caso de Alejandro, demoraron un año.

El Código Procesal Penal agrupa todas las reglas que rigen el proceso de investigación, enjuiciamiento, y ejecución: cómo se investiga, cuándo y por qué se toma indagatoria, cuál es la manera correcta de presentar una prueba, qué plazos hay para cada etapa, qué recursos pueden usarse. El anteproyecto para modificarlo busca que todo sea más ágil. Para eso, propone que todos los juicios sean orales y reubica roles: el fiscal será quien investigue y el juez quien resuelva. Los jueces, además, serán quienes velen porque no se vulneren derechos del debido proceso. Los juicios no podrán durar más de tres años y la etapa de instrucción, más de uno.

A veces la espera es en la comisaría. En la Provincia de Buenos Aires, la cantidad de detenidos en dependencias policiales se duplicó en el último año: pasó de 1500 a 3000. En Chubut se acentuó la tasa de encarcelamiento y en julio había 148 personas privadas de libertad en comisarías. Son lugares que no están preparados para recibir detenidos: no hay espacio ni servicios ni lugar de esparcimiento. Además, no están comunicados como deberían ni acompañados de personal capacitado. En junio se conocieron imágenes de torturas en una comisaría de San Luis. La semana pasada se viralizó un video en el que golpean e insultan a un detenido en Tucumán.

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Antes de ser detenido Elvio Ariel Astrada era vendedor ambulante: a veces vendía plantas, a veces queso, salame o ropa. A mitad del año pasado recuperó la libertad después de estar 18 meses en la cárcel cordobesa de Bouwer por tener el mismo apellido que un hombre sospechado de narcomenudeo. El abogado, Sebastián Maccari Gaido, dijo a Cosecha Roja: “Pasó mucha angustia día a día, sufrió un daño psicológico irreparable, se separó de la mujer, no tuvo contacto con sus hijos y perdió los pocos medios que tenía para trabajar”. A Elvio no lo reconocieron en la rueda y ni siquiera su altura coincidía con las descripciones. El abogado presentará una demanda civil al Estado Provincial.

Elvio tenía antecedentes: “Había robado, él lo reconoce pero lo involucraron en una cosa que no tenía nada que ver”, explicó Maccardi. El hecho de tener antecedentes es uno de los elementos que los jueces analizan al momento de dictar o no la prisión preventiva. Los otros ítems que se toman en cuenta son los riesgos procesales: la posibilidad de que la persona entorpezca la investigación o el peligro de que se fugue. El Código Procesal Penal actual es lo suficientemente laxo como para que haya tantas interpretaciones como jueces. En el anteproyecto se propone establecer pautas objetivas para determinar los riesgos procesales, plazos acotados y alternativas orientadas para garantizar que el imputado no se ausente del juicio.

A mitad de septiembre, la Cámara 2 ª del Crimen de Córdoba absolvió a Astrada. “Pese a eso, el etiquetamiento de Elvio frente a los vecinos no se lo saca más y es muy difícil conseguir trabajo”, dijo Maccardi.

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Sergio Jara, un almacenero de 44 años, estuvo dos años preso acusado de asesinar a Bebecho Pereyra, en mayo de 2012, en Chaco. Apeló cuatro veces y logró el sobreseimiento: era inocente. A Oscar Peche, en Corrientes, lo acusaron de un asalto: estuvo 15 meses tras las rejas. Contó a medios locales que no dormía y no comía. Peche es camionero y estuvo alojado en la Unidad 5, donde había diez personas por celda. Horacio Cerenez estuvo dos años preso en General Roca: el 14 de octubre de 2010, asesinaron a Matías Sepúlveda de un disparo. Cerenez no estaba ahí pero, sin saber, llevó a los asesinos en su camioneta. En septiembre lo absolvieron y condenaron a los cuatro asesinos. Cómo él hay muchos. 30 mil personas esperan, en la cárcel, que la justicia decida.

Foto: Télam.