A ella no le gustaba el color rosa ni jugar con muñecas o a la maestra. Tampoco le gustaba lucir vestidos ni trenzas en el pelo. Quería usar shorts, el pelo bien cortito y jugar a la pelota. Una vez, dibujó un corazón que unía dos nombres femeninos. Algunas personas no compartieron sus preferencias y la fueron dejando de lado y otros se sintieron con derecho a lastimarla. La quisieron “hacer sentir mujer” por la fuerza, para que le gusten los hombres, y con la complicidad del silencio, guardó esos ataques para que nadie lo supiera.
Historias como estas, detalles más o detalles menos, son conocidas en el colectivo de la diversidad sexual. Las agresiones sexuales hacia personas que manifestaron otra elección sexual, diferente a lo que se conoce como ‘la normalidad’, se suman a la cifra negra de los abusos sexuales.
Pedro Rosacha es el presidente de la Asociación de Diversidad Sexual Catamarca (DiSCa) y secretario nacional de la UCR Diversidad, toda una autoridad en la provincia sobre grupo LGBT. Al momento de hablar sobre la problemática de las agresiones sexuales hacia este grupo social, recordó el caso de una mujer lesbiana. “Ella tenía en claro su orientación pero su hermano la violaba para que sea ‘hétero’. Pasó hace un tiempo y ella jamás denunció. Dejó su hogar y se fue a vivir a otro lugar”, comentó.
Esta mujer lesbiana sufrió, por parte de su hermano, una agresión conocida como ‘violación correctiva’. Para Pedro estas situaciones son muy difíciles y más aún para denunciar. El problema, señaló, es poder afrontar la vergüenza y la carga social porque se sigue culpando y avergonzando a las víctimas por lo sucedido. Además, enfatizó, existe una mentalidad machista.
En los grupos de LGTB este tipo de historias solo se sacan con tirabuzón. Son temas difíciles de abordar aunque sea en una charla íntima y con una persona de mucha confianza. “No se pregunta y no se habla. Hay mucho hermetismo. Se siente la falta de seguridad y de acompañamiento en este tipo de situaciones. Si no lo hablo, si no lo digo, significa que no existió”, expresó.
Pedro reconoció que queda el trauma y, a la vez, recalcó la deuda del Estado para con el colectivo LGBT porque se torna complicado que una persona pueda asimilar su sexualidad y se hace más difícil sobrellevarla cuando hay un contexto social con fuertes normas tradicionalistas. Advirtió que en el interior, con relación a la Capital, estos grupos lo viven distinto y se manejan de otra manera y la provincia en sí también tiene una realidad diferente en comparación con grandes urbes.
Con relación a las agresiones sexuales al colectivo LGBT, el fiscal Ezequiel Walther señaló que este grupo social tiene un alto estigma y esto hace que sea más difícil que lleguen a los estrados judiciales esas denuncias. “Se puede tener conocimiento informal de hechos pero, a la hora de investigar o citar para que se investigue, la investigación es muy difícil. El grupo y el vínculo son mucho más cerrados y las relaciones que existen en esos grupos”, advirtió.
El fiscal aclaró que, en general, los abusos sexuales tienen una cifra negra y el número de las denuncias fue incrementando o decreciendo de acuerdo con las circunstancias sociales y culturales de distintas épocas. “Es probable que las mujeres no se animen a denunciar y a veces tiene que ver con los frenos psicológicos o con las secuelas que el hecho mismo pudo haber acarreado a la víctima más de una vez. Es probable que esto aflore a lo largo del tiempo o de circunstancias particulares de la víctima que permitan poner en evidencia y manifestar este suceso anterior”, explicó.
Con casi 15 años de experiencia en el Fuero Penal, Walther tiene recuerdos, aunque pocos, de casos de hombres que aseguraron haber sido atacados por mujeres pero, con la investigación, se comprobó que ‘sus agresoras’ en realidad se habían defendido de un ataque sexual.
Walther remarcó que de un tiempo para atrás, era mayor la cifra negra que existía con relación a este tipo de delitos por las connotaciones de la más diversa índole y un montón de prácticas culturales machistas que permitían encubrir o tapar determinados casos. “Es parte de la discusión actual si hay mayor cantidad de delitos o es que efectivamente dejan de ser cifra negra y que se tiene más conocimiento de supuestos hechos ilícitos de esta índole”, aclaró.
Con relación a los abusos sexuales, el fiscal consideró que debe haber prudencia con algunas cuestiones porque “existe una falsa hipocresía de todos cuando dicen que pretenden investigar y colaborar pero a la hora de la verdad cuando se los cita y se les pide que expresen lo que saben y cuenten para colaborar en la investigación, más de una vez esquivan las preguntas o se hacen los desentendidos y no aportan datos que permitan llevar a la investigación a buen puerto aunque tengan conocimiento”.
Un ataque para defender la honra
Alrededor de las agresiones sexuales, a cualquier persona, sin poner atención en su elección sexual, gira la posibilidad de la defensa de la honra. El Ancasti consultó a la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) sobre la legítima defensa ante un ataque sexual. El contexto para la consulta fue el caso, que se trascendió en la semana, de Eva Analía De Jesús, más conocida como Higui, una mujer lesbiana de 42 años, del conurbano bonaerense.
En octubre, por el Día de la Madre, Higui fue a visitar a su mamá y a la noche cuando volvía a su casa, fue atacada por un grupo de hombres que la golpeó e intentó violar por su orientación sexual y, al defenderse, mató con un arma blanca a uno de sus agresores. Fue detenida e imputada por el delito de “homicidio simple”. Hace unos días, luego de una intensa lucha de organismos feministas y de Derechos Humanos, la excarcelaron y ahora puede esperar el juicio en libertad.
La golpearon, la tiraron al suelo y la patearon. Algunos dijeron que eran 10 y otros que eran seis; era una patota. Higui era una sola, nada más. “Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana”, le había dicho uno de sus agresores, mientras le rompía el pantalón y el boxer que llevaba puesto. No era la primera vez que la agredían y que la amenazaban con violarla para “corregirla”. Higui llevaba un cuchillo para defenderse y se le clavó al hombre que tenía encima mientras el resto seguía pegándole en el suelo.
Con este ejemplo, se indicó el caso de la defensa ejercida por una mujer ante una agresión sexual a la que era sometida por varias personas. El Artículo 119 del Código Penal considera esta conducta como agravada por ser cometida por dos o más personas y estipula una pena de ocho a 20 años de reclusión o prisión, o sea un delito cuya sanción casi se equipara con el homicidio por su severidad.
“Nos preguntamos si es de aplicación la llamada legítima defensa que es una justificante prevista por el Código de Fondo, en su Artículo 34, incisos 6 y 7, que autoriza a defender bienes propios atacando bienes jurídicos de quien trata de agraviar aquellos; considerada entonces una acción de repulsa autorizada por la ley. En este caso particular para defender su reserva sexual”, se advirtió.
Se trata de defensa propia siempre y cuando concurrieren algunas siguientes circunstancias, tales como la agresión ilegítima; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Si una persona (hombre o mujer, sin precisar su orientación sexual) es agredida sexualmente, más aún por dos o más hombres, y no los provoca y no tiene cómo defenderse, claramente se comprueba la existencia de estas circunstancias. “La agresión desde ya que es ilegítima y actual y no solo eso sino que además es gravemente delictiva, el medio utilizado también concuerda, ya que ante el ataque por parte de varios hombres, la utilización de un elemento cortante aparece como absolutamente razonable y el portarlo en una zona peligrosa del conurbano no merece reparos de ninguna índole, por último es claro que no hubo ni siquiera un atisbo de provocación por parte de la mujer”, se consideró.
