A. Osorio y F. Cobián – Proceso.


Guadalajara— “¡Ahora sí ya se los cargó la chingada ¡Con ustedes ya tenemos el número para completar la venganza”… Estas son las palabras que asegura haber escuchado la esposa de uno de los 26 levantados que la mañana del 24 de noviembre aparecieron asesinados en los Arcos del Milenio en tres camionetas.

Era cerca de la medianoche del 23 de noviembre. La mujer, su esposo y dos acompañantes varones regresaban de San Luis Potosí, a donde habían llevado una carga de chatarra. Minutos antes habían hecho un alto en Ojuelos, Jalisco, para tomar café. Les faltaban menos de dos horas para llegar a San Francisco de los Romo, Aguascalientes, de donde habían partido temprano ese mismo día. Fueron los tres últimos levantados por miembros del cártel Zetas-Milenio para completar la “cuota”.

Circulaban por la carretera federal 70, a poca distancia de Ojuelos en dirección a Aguascalientes cuando fueron interceptados y obligados a salir de la cinta asfáltica por una camioneta en la que viajaban al menos dos hombres armados. Los cuatro pasajeros fueron sacados a golpes del vehículo; los tres hombres fueron subidos por la fuerza a la camioneta de los agresores. A la mujer la dejaron tirada ahí, al borde de la carretera.

Hacia las once de la noche, en su casa de San Francisco de los Romo Eva Murillo López había recibido una llamada desde el celular de su esposo, Carlos Solís Coronado, quien le avisó que iba en camino, que llegaría de madrugada.

“Me dijo que ya venían a la mitad del camino, que llegarían a la una de la mañana para que lo esperara… pero ya nunca llegó”, declaró Eva cuando, acompañada por su hermana María Elena, llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Guadalajara a reclamar el cuerpo de su marido, que el jueves 24 de noviembre fue encontrado entre los cadáveres dejados en tres camionetas en la glorieta de los Arcos del Milenio, a dos cuadras del Mercado de Abastos y a cuatro de la Expo Guadalajara, donde dos días después se inauguró la Feria Internacional del Libro.

Tanto Eva como su hermana aseguraron que Carlos Solís, mecánico dedicado también a la venta de chatarra, no tenía nada que ver con actividades ilícitas. Eva recuerda que su esposo había salido temprano de San Francisco rumbo a San Luis Potosí y que durante el día no tuvo más comunicación con él hasta que se reportó para avisarle que iba de regreso.

Cuenta que el día del levantón de Carlos una mujer fue testigo de todo: “Con ellos venía la esposa de uno de los acompañantes de mi esposo, pero a ella la golpearon y la bajaron mientras a los demás se los llevaron; nunca les dijeron el motivo”. Ella le dio aviso.

Sigue: “La familia de mi esposo es de aquí de Tonalá y yo les hablé a sus parientes; les dije que lo habían agarrado en la carretera a él y a otras dos personas, que se los habían llevado, y desde ese momento lo empezaron a buscar hasta que lo encontraron aquí”, en el Semefo.

Los compañeros del mecánico Carlos Solís, quienes aparecieron asesinados junto con él, son José Manuel Jara Salazar y Juan Carlos Cázares Guzmán. Éste sí tenía antecedentes penales en Aguascalientes, donde estuvo preso por fraude.

Aún sin perfiles

Más de ocho días después de que aparecieron los cadáveres las autoridades no lograban disipar una serie de dudas en torno a la matanza y menos clarificar el perfil de los ejecutados, aunque policías y expertos opinan que algunos de ellos –la mayoría jóvenes– eran “tropa” del narco que conocían o efectuaban acciones de narcomenudeo o participaban en otros ilícitos como lavado de dinero, extorsiones o algún negocio vinculado con las bandas del crimen organizado. No descartan que en la redada criminal también se haya levantado a inocentes.

Entrevistados por Proceso, familiares de Víctor Andrés Jaime Rivera, de 19 años –la más joven de las víctimas–, consideran desafortunado que autoridades o medios de comunicación pretendan ver en muchos de los ejecutados a personas ligadas con el narcotráfico.

“Mi sobrino era un muchacho limpio, igual que otros dos jóvenes que fueron encontrados y que andaban con él, ellos eran inocentes”, declara a este semanario una de las tías del joven que estaba entre los 26 muertos. Víctor vivía en la colonia Ayuntamiento, en el municipio de Guadalajara y vendía videojuegos en el mercado de la colonia Constitución de Zapopan.

María Rivera, de 37 años, madre del muchacho, dijo a las autoridades que su hijo desapareció el 23 de noviembre y reconoció que no había presentado ninguna denuncia debido a que esperaba que regresara sano.

Aunque 10 familias interpusieron denuncias por desaparición de algunos de sus miembros, otras no lo hicieron porque, explicaron, en la Procuraduría General de Justicia les informaron que tenían que esperar 72 horas antes de confirmar el hecho.

El médico forense Mario Rivas Souza, responsable del Semefo y quien trabaja desde hace seis décadas en ese lugar, dice a Proceso que la mayor parte de las víctimas –entre ellas un peón de albañil y un vendedor de hamburguesas– procedía de familias de escasos recursos. Hasta el cierre de la presente edición habían sido identificados 22 cadáveres; el último es el de José Jorge Montoya, de 34 años, originario de San Luis Potosí.

Entre las víctimas también se encontró a Carlos Humberto Carpio Piña, originario de Guanajuato, conductor de una camioneta de carga Nissan, una de las usadas para dejar los cuerpos. La unidad es propiedad de la Farmacéutica Marzán. El hombre fue levantado por varios sujetos armados mientras recorría el trayecto Lagos de Moreno-Aguascalientes la noche del 22 o la madrugada del 23. Iba a entregar medicamentos controlados.

Otra de las víctimas, José Guadalupe Buenrostro Calzada, de 29 años, era empleado del área de frutas y verduras de una tienda Sam’s en Tlaquepaque. Su madre, Juliana Calzada, recalca que su hijo fue levantado el 23 de noviembre y junto con él también desapareció Saúl Mendoza Jaso, de 22 años. Ambos estaban por entrar a su centro de trabajo cuando fueron sorprendidos por sujetos que se los llevaron violentamente a bordo de un vehículo del que no hay descripción.

En la colonia Santa Margarita, Zapopan, de donde levantaron a otras dos personas, el ambiente es de miedo. En varias partes de la populosa colonia hay una especie de toque de queda de facto y al anochecer las calles quedan semivacías. Ahí son pocos los que quieren hablar sobre el levantón y asesinato de Octavio Gutiérrez Rodríguez y Horacio Oceguera López, habitantes del vecindario plagiados el 21 de noviembre.

“Aquí nadie quiere hablar por eso que pasó y porque la cosa está muy caliente. Usted pasa como a esta hora de la noche (las 20:00 horas) y ya casi no sale la gente de sus casas desde la semana pasada”, dice un hombre mayor que pide el anonimato. El reporte de las autoridades señala que Octavio Gutiérrez, panadero de 36 años, desapareció la noche del 21. Su hermano Jesús aclara que no levantaron denuncia por su desaparición.

Horacio Oceguera, de 31 años, fue identificado por su madre, Socorro López Ramos. Según la información judicial, Horacio tenía antecedentes penales por delitos contra la salud (expediente 779/2004-D).

Las pistas del forense

El 29 de noviembre la Procuraduría de Justicia informó que dos días antes la policía de Guadalajara dio con una casa entre las calles Siderúrgica y Fuelle, en la zona industrial del Álamo, abandonada de súbito y con las puertas abiertas. En su interior encontraron cuatro armas AK-47 y AR-15, al menos 15 cargadores para éstas y droga.

Aunque hasta el jueves 1 no se tenía la certeza, los investigadores no descartan que haya sido el lugar donde mataron a las 26 personas que el día 24 fueron halladas en las tres camionetas en torno de los Arcos del Milenio. La finca sigue sujeta a investigación.

Un analista forense consultado por Proceso llama la atención sobre las características del múltiple homicidio. Asegura que la forma en que se privó de la vida a los 26 hombres da fe de un modus operandi que ningún investigador puede pasar por alto. “Seguramente los captores se concentraron en algún lugar donde no podían hacer detonaciones de arma de fuego y por ende optaron por matarlos a golpes o asfixiándolos”.

El entrevistado cuestiona la versión de que uno o varios de los muertos sean inocentes: “No se equivoquen, la mafia no escoge al azar; las bandas rivales saben tras de quién van, ubican perfectamente a sus rivales y los lugares donde operan, identifican a quienes están en el negocio y sólo bajo un lamentable error se puede justificar que un occiso se encontrara en el lugar equivocado, en el momento inoportuno y acompañado de la persona equivocada. Sólo así se puede entender la muerte de inocentes en este hecho”.

Dante Haro Reyes, investigador de la Universidad de Guadalajara, asegura que la escalada de violencia en Jalisco se advertía desde hacía varios meses y que la presión creció para esta entidad al amparo de una especie de vendetta encabezada por Los Zetas contra Los Chapos, a raíz de los acontecimientos registrados en Boca del Río, Veracruz, donde se abandonaron 35 cuerpos de zetas en una de las principales avenidas de esa ciudad el pasado septiembre en un hecho similar al ocurrido en Guadalajara.

Según Haro la ejecución de los 26 hombres en Guadalajara es una venganza del cártel Zetas-Milenio por lo ocurrido en Veracruz, toda vez que el cártel Jalisco Nueva Generación se adjudicó aquel ataque y que fueron “ellos mismos –los de la Nueva Generación– quienes subieron un video a YouTube en su propio territorio (zeta). Y se supone que Nueva Generación tiene el cobijo del cártel de Sinaloa”.

Subraya que el aumento de la violencia en Jalisco y Sinaloa es apenas un aviso de los tiempos difíciles que se avecinan y prevé una jornada electoral en 2012 complicada en materia de seguridad.

A tono con esto el criminalista Alfredo Rodríguez habla incluso de condiciones de alto riesgo para líderes sociales, políticos o funcionarios en los próximos meses ante la crisis de seguridad, de corrupción y el embate de las bandas que reclaman los territorios de Jalisco.

Haro habla de la incapacidad de las autoridades estatales y municipales y de la manera en que los delincuentes presumen actos de impunidad. “También es un aviso a la ciudadanía sobre su capacidad de acción, exhiben un acto de barbarie y de terrorismo… que los beneficia en la realización de delitos colaterales como secuestros, extorsiones y cobros de piso. Esto es un claro mensaje de que no están jugando”.

Asegura que las 10 denuncias por desaparición y secuestro de personas, antes del abandono de los 26 cuerpos, demuestra falta de capacidad de las autoridades para defender a la población civil. Añade que el abandono de los 26 cuerpos en la zona metropolitana ocurre cuando la Policía Federal y el Ejército salieron de la ciudad, después de cuidar el orden durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Haro denuncia un subejercicio de 40% en los recursos asignados a seguridad en Jalisco: “Aquí se gastó nada más 60% del presupuesto a pesar de los serios problemas que existen. En Jalisco 97% de los delitos cometidos son castigados”, asegura.

Por su parte el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera, afirma que la narcomanta en donde se hace alusión a los gobernadores Emilio González Márquez y Mario López sólo busca mermar la credibilidad de la autoridad por parte de las bandas del crimen organizado, tal como ha ocurrido con otros mensajes dirigidos contra el Ejército o el presidente Felipe Calderón en otras entidades. “Lo que quieren es que la gente tenga desconfianza de su autoridad y que no denuncie”.

Foto: Associeted Press

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