Por Travis Lupick
Imagen: Jérémy-Günther-Heinz Jähnick via Wikimedia Commons/Creative Commons 3.0
Si Maya Schenwar y Victoria Law se pararan juntas en la esquina de un barrio empobrecido, verían por doquier ejemplos de un sistema carcelario nuevo y ampliado.
Si un hombre caminara en su dirección, ellas notarían que tiene una pulsera electrónica en el tobillo, monitoreando su ubicación. Dentro del grupo de personas que están en la cuadra de enfrente, varios estarían en libertad condicional, y Schenwar y Law casi podrían ver números flotando sobre las cabezas de los hombres, contando los años hasta estar libres de la amenaza constante del encarcelamiento. Detrás de Schenwar y Law, dentro de un edificio de departamentos, una mujer bajo arresto domiciliario miraría por la ventana.
En el otro extremo, un par de policías de turno silban mientras caminan por la calle. Parecen lo suficientemente amistosos, pero, como Schenwar y Law explican en su nuevo libro, “Los otros nombres de la cárcel: las dañinas consecuencias de las reformas populares” (Prison by Any Other Name: The Harmful Consequences of Popular Reforms, Editorial The New Press, 2020), estos oficiales representan una violenta expansión de la vigilancia policial que está ampliando el alcance de la red que las autoridades estadounidenses tejen para controlar un número cada vez mayor de personas.
“Otras reformas de las que hablamos en el libro, son menos visibles”, dijo Schenwar a Filter en una entrevista telefónica. “Se trata de esconder a la gente”.
Esto incluye la realización de tratamientos obligatorios en instituciones que albergan a personas arrestadas por posesión de drogas, por ejemplo, y hospitales psiquiátricos que retienen a personas detenidas por crisis de salud mental. “Todos esos espacios que la activista abolicionista Mariame Kaba llama “el otro lugar” (the somewhere else)”, continuó Schenwar.
“Estamos ampliando la cantidad de personas bajo el control físico del estado”, dijo Law en la misma entrevista. Si no existieran estos “otros lugares”, “podrían haber recibido algún tipo de sentencia más flexible y que tal vez no implique tantos requisitos”, agregó Law. “Y entonces este [impulso por alternativas fuera de la prisión] en realidad está expandiendo el número de personas que son capturadas”.
Schenwar (editora en jefe de Truthout) y Law (periodista independiente y cofundadora de la versión neoyorquina de la iniciativa “Libros a través de los Barrotes” o Books Through Bars), han escrito un libro que continúa los planteos de la obra de Michelle Alexander “El nuevo Jim Crow: Encarcelamiento Masivo en la Era del Daltonismo” (“The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness”). Incluso contiene un prólogo de Alexander. Si bien se enfoca menos en la raza, aunque mantiene la mirada sobre el racismo sistémico, este nuevo libro retoma vagamente los muros de la prisión donde terminó el primero de ellos.
El libro “Los otros nombres de la cárcel” detalla la expansión cada vez mayor del complejo industrial penitenciario, más allá de las cercas de alambre de púas, hacia el interior de las comunidades de personas, las escuelas y los hogares. Señala que la cantidad de personas en Estados Unidos bajo monitoreo electrónico aumentó de 53.000 en 2005 a 125.000 en 2015.
Aun si durante el mismo período, el número de personas en cárceles y prisiones hubiera disminuido (que no lo hizo, a pesar de una reducción hacia el final), esto seguiría siendo un hecho reprobable. El objetivo de las reformas debería ser que haya menos personas capturadas por el sistema penal, así como su transformación total, no que haya la misma cantidad bajo otras formas de “control correccional”.
“Estas diversas manifestaciones del sistema penal nos llevan a interrogarnos qué define a una prisión”, escriben Schenwar y Law en el libro. “Existe una gravedad incomparable en toda sentencia de prisión, por la violencia que supone encerrar a un ser humano en una jaula. Sin embargo, el sistema es más amplio que los edificios llamados “cárceles”. La manipulación, el confinamiento, el castigo y la privación, pueden tomar muchas formas cuyo carácter violento es más difícil de reconocer”.
Tomemos el ejemplo de los tribunales de drogas (drug courts) (1).
A medida que la crisis de sobredosis de opioides de la década de los 2000 reemplazó a la “epidemia de crack” de los ‘80 y principios de los ‘90, el centro de atención pasó de la población negra a lxs blancxs. Eso resultó en una Guerra contra las Drogas supuestamente más amable y gentil, y alentó a algunos políticxs, como el candidato presidencial demócrata Joe Biden (2), a adoptar los tribunales de drogas como una alternativa a la prisión y basada en el tratamiento. Pero el hecho de que éstos sean menos violentos que el encarcelamiento es bastante debatible, sostiene el libro.
“En lugar de simplemente brindar una alternativa para las personas que de otro modo serían enviadas a prisión, los tribunales de drogas están juzgando, sentenciando y confinando a personas que en muchos casos no hubieran sido encarceladas”, explica.
“Se ha demostrado que la existencia de tribunales diseñados para manejar cargos menores relacionados con las drogas alienta a la policía a aumentar ese tipo de arrestos”, continúa el libro. “La policía sabe que estos tribunales existen para poder manejar el aumento de casos menores relacionados a las drogas, por lo que es más probable que realicen más detenciones. Como dijo el juez de la corte del distrito de Denver, Morris B. Hoffman, “Está claro que la mera existencia de las cortes de drogas está haciendo que la policía realice arrestos y que los fiscales presenten cargos para los casos de ventas cara a cara por 10 o 20 dólares, que antes el sistema simplemente no se habría molestado en procesar””.
Y sumado a esto: “Aproximadamente la mitad de las personas sentenciadas a un programa a través de un tribunal de drogas no pueden terminarlo y, cuando eso sucede, se les aplica sentencias de cárcel más severas que en el caso de no haber seguido el camino del tribunal de drogas en primer lugar”.
Schenwar y Law colocan este efecto (“ampliar la red”, lo llaman) en el centro de todo lo que está mal en la trayectoria actual de la reforma penitenciaria.
“A lxs políticxs les encanta la idea de la desviación por otros canales”, dijo Schenwar. “pero continúan arrestando a personas por delitos relacionados con las drogas, criminalizando las drogas, persiguiendo todo tipo de acciones que deriven del consumo de drogas o la adicción. Pero en lugar de la prisión, canaliza a las personas a este sistema alternativo porque de alguna manera ayudará a las personas al proporcionar un “tratamiento””.
“Y luego, cuando las personas violan los términos de la sentencia de un tribunal de drogas (lo que sucede muy a menudo porque esos requisitos son muy rígidos y estrictos), entonces frecuentemente la pena es el encarcelamiento y, en muchos casos, con la sentencia máxima”, continuó.
El libro “Los otros nombres de la cárcel” fue lanzado en el contexto urgente de la segunda ola del movimiento Black Lives Matter. Tanto Schenwar como Law abogan por la abolición de todo el sistema penal, argumentando que lo que se necesita para la creación de una sociedad más justa es un acceso más amplio a una educación de calidad, mejores opciones de empleo, un sistema de salud drásticamente mejor que incluya servicios de salud mental, y otras reformas holísticas.
Ambas llegaron a los temas que abordan en el libro a través de sus experiencias personales.
“Victoria, o Vikki, como la conocen sus amigos, estuvo una vez en libertad condicional”, dice el libro. “A los dieciséis años, Vikki fue arrestada por varios cargos de robo a mano armada y posesión de armas, todos los cuales son cargos por delitos graves (…) Finalmente, fue sentenciada a cinco años de libertad condicional”.
La historia de Schenwar es algo diferente. “Para mí, este tema es muy personal porque mi hermana estuvo durante unos 15 años entrando y saliendo de cárceles y todo tipo de alternativas: monitoreo electrónico, centros de tratamiento de drogas y todo tipo de cosas”, dijo.
“Estaba en un programa del tribunal de drogas en febrero cuando murió”, continuó Schenwar. “Cuando murió de una sobredosis, estaba en un programa basado en la abstinencia”.
Schenwar explicó que su hermana tenía el mandato de permanecer abstinente o ir a la cárcel. Pudo alejarse de las drogas, por un tiempo. Pero luego, cuando finalmente recayó, su tolerancia fue menor de lo que pensaba. Si a su hermana le hubieran ofrecido un programa más adaptado a su experiencia individual, tal vez el resultado hubiera sido diferente, dijo Schenwar, con enojo en su voz.
“El tribunal de drogas jugó un papel en su muerte”, agregó. “A este sistema no le importaba su supervivencia, sino si estaba siguiendo la ley “.
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*Originalmente titulado “Cages Don’t Always Have Bars: How “Reforms” Swelled the Carceral State”, y publicado en Filter. Traducido por Andrea Pereyra Barreyro. Quienes traducimos no compartimos necesariamente todas las ideas formuladas por lxs autores de los artículos.
(1)Nota de traducción: es un programa especializado en criminalidad vinculada con el consumo problemático de alcohol y otras drogas.
(2)Nota de traducción: electo presidente de Estados Unidos en 2020.
