Fotos: Marcos Sierra
Rocío Ponce salió temprano de la Villa 31 para ayudar a su mamá a mudarse a Corrientes. Estaba lejos de la casa que construyó en un basural cuando llegó el aviso: la Policía de la Ciudad había comenzado a desalojar la toma “Fuerza de las Mujeres”, el barrio donde vivía desde hace cuatro meses junto a 80 mujeres y 175 niñes.
El miércoles a la noche había circulado un alerta en el grupo de WhatsApp que comparte con integrantes de la toma. No le dieron importancia porque ya habían recibido anuncios falsos de desalojo otras veces. Además, tenían abierta una mesa de diálogo sobre la situación habitacional precaria en la que vivían. Rocío estaba lejos de su casa cuando le llegó la noticia de que el desalojo esta vez era cierto. En la toma quedó su marido que vio cómo la Policía destruía el rancho que habían levantado. “Ahora tengo que ver dónde vamos a dormir, porque yo pensaba volver a la toma esta noche”, cuenta Rocío.
La mayoría de les vecines había salido temprano a trabajar. Otres estaban por hacerlo cuando se encontraron con los patrulleros y las topadoras en la puerta de sus casas.
Ludmila Llanque tiene 18 años y habla rápido. Está triste y enojada. “Los chicos están desesperados y muertos de miedo. La mayoría de la toma son niños”, cuenta a Cosecha Roja. Una de sus hermanitas, de 9 años, aparece en uno de los tantos vídeos que circulan diciendo a los medios: “Nos trataron como animales. Nos destruyeron el único lugar que tenemos. Que vengan y nos den una casa si quieren que estemos bien”. La niña llora.
Ludmila es una de las 80 mujeres que en junio de este año acamparon en “La Containera”, en el Barrio Padre Mugica (Villa 31) de la Ciudad de Buenos Aires. Ella vivía en la toma junto a sus cinco hermanes menores y su mamá. El barrio se levantó con lo que tenían en terrenos cercanos a unos viejos depósitos de containers del puerto. Ludmila y Rocío se conocieron ahí, en la lucha y el sueño por tener una casa propia. “La Fuerza de las Mujeres” es el nombre con el que se autoproclamó la toma. El lugar era un basural: no vivía nadie. Durante casi 4 meses más de 100 familias, formadas por 80 mujeres y 175 niños, se instalaron con bolsas, maderas y algunas chapas. Limpiaron el predio y construyeron un lugar donde vivir.
Este jueves la Fiscalía Nº 11 de la Ciudad, a cargo de Valeria Massaglia, ordenó el desalojo de las familias. Muchas ya no estaban en sus casas y ahora no pueden volver: la zona está rodeada de policías. La decisión judicial llamó la atención de les vecines. La semana pasada funcionarios de la Fiscalía habían ido a la toma y nunca mencionaron el desalojo. “Todas las familias quedamos en la calle”, dice Rocío.
En medio del desalojo, los uniformados se llevaron detenido al vecino Omar Gauna por defender a una niña de los empujones de los oficiales. Su familia no sabe dónde está. Omar es la pareja de la mamá de Ludmila. Ella dice: “Se lo llevaron entre muchos policías porque quiso defender a mi hermana de los golpes que les estaban dando. Dicen que se lo llevaron a la alcaldía pero no sabemos nada más”.
La noticia del desalojo llega la misma semana en la que se conoció que el Gobierno porteño consiguió que la Legislatura apruebe de manera express los dictámenes necesarios para el desarrollo de 16 proyectos inmobiliarios. Lo hizo a través de excepciones que afectarán a doce barrios de la Ciudad para construir torres de hasta 85 metros con viviendas de lujo, oficinas, comercios, servicios hoteleros.
“Nos rompieron todo. No nos dejaron sacar nada”, cuenta Ludmila. Para ella los agentes querían sacarlos “así no más” y la mayoría perdió todo: no pudieron sacar sus cosas porque ya no estaban en sus casas.
El desalojo llegó la madrugada de este jueves sin aviso previo. Durante la madrugada las familias se sorprendieron por la presencia de oficiales de la Policía de la Ciudad con patrulleros y topadoras. Cuando empezó a salir el sol, vieron cómo tiraban abajo el techo que levantaron con esfuerzo. Después de destruir el barrio precario prendieron fuego los montículos formados por los restos de casas. Incluso las cosas de las familias.
“Hasta prendieron fuego un rancho sin saber si había alguien ahí. Ahorramos mucho para comprar las chapas y lo perdimos todo”, repite Ludmila. “A mi rancho lo tiraron abajo, a mis hermanos les pegaron, mi mamá terminó tirada en el piso y a una de mis hermanas la amenazaron diciéndole que le iban a pegar un escopetazo si seguía defendiendo a mi mamá”.
Walter Córdoba, referente del Movimiento Barrios de Pie, que junto a la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento La Dignidad apoyan la toma desde sus inicios, explica que el desalojo rompe con acuerdos que se habían hecho para una salida sin violencia. “Habíamos quedado con el Gobierno de la Ciudad en articular en una mesa de diálogo para posibles soluciones, junto a las familias y las organizaciones que las apoyamos. Pero evidentemente ignoraron ese acuerdo”, dice a Cosecha Roja.
Desde que comenzó, la Toma fue creciendo en actividad y también en calidad. Todos los días funcionó una olla popular que garantizó la comida de las familias, se armó un ropero comunitario y sostuvieron apoyo escolar para les niñes. Junto a esas actividades comunitarias, las mujeres crearon espacios para abordar las violencias de género que las atravesaron.
Las mujeres contaron muchas veces por qué llegaron a la Toma. La mayoría atravesaba problemas de violencia de género y la imposibilidad de pagar un alquiler por falta de trabajo y por tener hijes a cargo. Contaron que por no tener marido no les alquilan y que tienen que pagar hasta 10 mil pesos por una piecita.
“Nos reunimos con las mujeres para charlar sobre sus situaciones, asesorar con los trámites para acceder a programas del Ministerio de las Mujeres, que también se acercó a la toma para intervenir”, cuenta Mona Córdoba, referente de “Marea Feminismo Popular”. Durante todos estos meses hubo espacios para compartir la experiencia de cada una, buscaron acompañamiento de psicólogas y profundizaron la escucha. “Estos espacios fueron pensados para acompañar a las mujeres que estaban atravesando la toma pero también distintas problemáticas de género”, agrega Mona.
Walter dice que están evaluando hacer una presentación judicial para responder al desalojo. Pero lo que más les preocupa y ocupa es la urgencia donde van a vivir les vecines. Es que el Gobierno de la Ciudad no sólo les dejó sin casa: no les dio ninguna respuesta concreta a las familias.
“Lo único que nos dicen es que llamemos al BAP (por Buenos Aires Presente, que atiende a personas en situación de calle). Nos dicen que ellos no podían hacer nada porque la toma era ilegal. Esa fue toda la solución”, dice Ludmila. Mientras, organiza con el resto de las mujeres de la Toma dónde van a pasar esta noche.
