Moisés despertó a su papá Ramón Vázquez, un albañil de 43 años, para avisarle que lo buscaba la policía. Cuatro o cinco agentes entraron por la fuerza en la casa sin orden de allanamiento y se lo llevaron detenido. Después del mediodía le avisaron a la familia que el hombre se había descompensado y había muerto en el hospital. La investigación judicial demostró que murió asfixiado durante una sesión de tortura en la comisaría. Hoy, casi cinco años después, nueve policías de la comisaría 10 de Santiago del Estero están siendo juzgados por el crimen de Ramón y por las torturas a otras cuatro personas.
La familia de Ramón participará esta tarde de la 4a Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que por primera vez se realizará en simultáneo en diferentes ciudades del país. En Buenos Aires organizaciones y familiares de víctimas se movilizarán desde el Congreso a la Casa Rosada. También habrá actos en Santiago del Estero, Mendoza, Rosario, Mar del Plata y Trelew.
“El de mi padre es un juicio sin precedentes ya que, en la mayoría de los casos, las denuncias por violencia policial no prosperan y son archivadas”, explicó Moisés. Diez días antes de ser asesinado, Ramón había sido detenido por la policía. Pasó casi un día preso por el robo a una casa en la zona sur de la ciudad en la que él había trabajado unos meses antes. Después de que lo liberaron su abogado presentó un hábeas corpus para evitar una nueva detención por la misma causa. Ramón intentó mostrarle ese papel a los policías que el 23 de septiembre entraron por la fuerza en su casa.
El albañil quedó detenido en la comisaría 10. La noche anterior la policía también había detenido sin orden judicial a tres hombres y una chica por el mismo robo. Uno de ellos declaró que lo encerraron en un cuartito y lo torturaron. Después lo sacaron al pasillo y lo metieron a Ramón. Desde afuera, escuchaba los golpes y los gritos y una pregunta insistente de los policías: “¿Dónde está la plata?”
Afuera la familia de Ramón esperaba novedades. Después del mediodía les avisaron que el hombre ya no estaba ahí: se había descompensado y lo habían trasladado al Hospital Regional, donde había fallecido. “La doctora de urgencias que recibió a mi papá me dijo que lo habían ingresado dos policías y que cuando llegó ya estaba sin vida”, contó Moisés.
El joven reconoció el cuerpo del padre: descubrió que tenía las marcas de las esposas en las muñecas, un hematoma en el labio inferior y una marca roja en forma circular en el pecho.
El informe de la autopsia terminó por derrumbar la versión policial: Ramón no se había descompensado, había muerto por asfixia por broncoaspiración gástrica. La familia sostiene que murió ahogado con su propio vómito mientras lo asfixiaban con una bolsa.
El 7 de agosto, casi cuatro años después, comenzó el juicio. Los policías Nazareno Moreno, Roberto Chávez, Genobio Díaz y Hernán Villarreal, de la Brigada de la comisaría 10 llegaron detenidos al juicio. Están acusados por torturas seguidas de muerte, privación ilegítima de la libertad, e incumplimiento de deberes del funcionario público. También están imputados otros cuatro policías que participaron del operativo ilegal en la casa de Ramón y el jefe de la comisaría.
