Un grupo de organizaciones lanzó una Comisión investigadora sobre la Violencia en el territorio para monitorear el conflicto por la tierra.
Iki espera que le den el alta en el Hospital Santojanni. Hace diez días, el militante del Movimiento Popular La Dignidad recibió un disparo durante un conflicto por un terreno en Villa Adelina, La Matanza. A Oscar, un nene de ocho, lo mataron a pocas cuadras de una toma de tierras en Merlo. Cinco días después, las topadoras desalojaron el predio en el que unas mil familias esperaban una casa. Esta tarde un grupo de organizaciones lanzó una Comisión investigadora sobre la Violencia en el territorio para monitorear un nuevo escenario que se disputa a sangre y fuego: el conflicto por la vivienda.
La Comisión Investigadora propone desarmar las tramas y los actores detrás del negocio con el territorio. “La idea es que sea un nuevo organismo de Derechos Humanos”, dijo a Cosecha Roja Mario Santucho, uno de los organizadores. Entre los integrantes están La Garganta Poderosa, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Alejandro Bercovich, Leonardo Grosso, Horacio González, Alberto Binder, Ileana Arduino, Eduardo Anguita, Movimiento Evita, Frente Popular Dario Santillán y muchos otros. Hoy marcharon frente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, propietario de los terrenos en disputa en Villa Celina.
El caso de Iki (Darío Julián Euguenio) es paradigmático: recibió tres disparos en el lapso de quince años. Cada uno de ellos en un momento crucial para la militancia de las organizaciones sociales de la argentina reciente. El 20 de diciembre de 2001 un proyectil le perforó la cadera y le generó una peritonitis por la cual estuvo un mes internado; el segundo disparo que recibió fue el 26 de junio de 2002, cuando asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán -tres perdigones le rozaron la pierna y fue uno de los 33 heridos de la Masacre de Avellaneda-; y el tercero, el viernes 12 de febrero durante una asamblea vecinal en el Barrio Presidente Vicente López y Planes, en el partido bonaerense de la Matanza.
Los militantes del Movimiento Popular La Dignidad se reunieron en la puerta del jardín maternal Juanito Luna, que crearon los vecinos auto-convocados. “Estábamos realizando una colecta para el festival de la inauguración junto a las bandas que iban a tocar y los vecinos. Entonces aparecieron un hombre y una mujer que nos amenazaron”, contó a Cosecha Roja Ivana, la compañera de Iki.
— Dejense de joder con las tierras, dejense de joder con la Sociedad de Fomento – les gritó el hombre.
— Andate -le pidió Iki.
— Te voy a llenar a corchazos.
La asamblea se disolvió luego de las amenazas. A las nueve de la noche, el hombre volvió a la puerta del jardín y cuando estuvo a treinta metros de Iki, le disparó en el pecho delante de unos pocos vecinos que se habían quedado hasta el final. “Había mucha sangre en el lugar. Por suerte, Gustavo (militante del Movimiento Popular La Dignidad) nos llevó lo más rápido que pudo hasta el hospital”, contó Ivana. La bala le perforó un pulmón. Después de diez días de internación en Hospital Santojanni, se encuentra fuera de peligro.
Durante esta semana van a declarar los testigos del caso ante la fiscalía 1 del departamento judicial de San Justo, según contó a Cosecha Roja el abogado de Iki, Ramiro Geber. El hombre señalado como autor del disparo está prófugo y lo buscan las fuerzas de seguridad.
El conflicto por los terrenos desocupados en Villa Celina es de larga data y llegó a uno de los puntos más altos hace dos años, cuando los vecinos lograron detener el avance de una construcción que se realizaba en perjuicio de los barrios históricos. Ubicado en una zona estratégica, entre la Avenida General Paz y la embotelladora FEMSA (que envasa los productos de Coca-Cola, entre otras bebidas), se encuentra un predio de 17 hectáreas, único terreno libre en la zona. Pertenecía históricamente al Banco Hipotecario y luego fue cedido al Instituto de la Viviendo de la Ciudad de Buenos Aires y una Sociedad de Fomento del Barrio Vicente López.
Según Franco “El niño”, uno de los compañeros de Iki, la disputa entre la Sociedad de Fomento y los vecinos auto-convocados comenzó cuando los vecinos lograron detener el avance de la obra en el único predio desocupado de la zona. “Es un predio muy bien ubicado. Queremos algo para todos, no que empeore la situación. Las tierras o son del barrio o no son de nadie” dijo a Cosecha Roja Iki, desde el hospital donde se recupera.
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Según la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, “el derecho a una vivienda y a un hábitat digno comporta la satisfacción de las necesidades urbanas y habitacionales de los ciudadanos de la Provincia, especialmente de quienes no logren resolverlo por medio de recursos propios, de forma de favorecer el ejercicio pleno de los derechos fundamentales”.
Eduardo Reese, Director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS, siguió de cerca la toma en Merlo. “Abogamos por una salida negociada de este conflicto, en la que pobladores, vecinos y municipio salgan ganando, incluído el propietario de la tierra”, dijo a Cosecha Roja antes del desalojo. Al día siguiente, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, celebró el fin de la toma. “Felicitamos a los efectivos policiales y dialogamos con trabajadores sociales para darle fin a este conflicto”, escribió en su cuenta de Twitter.
Los problemas de la vivienda y la tierra son clásicos en las áreas metropolitanas de América Latina y se entienden como parte de la desigualdad estructural. “Cuando hay planes de vivienda, la conflictividad se reduce. La ausencia de ellas genera situaciones como las tomas pero la peor forma de responder a eso es a los tiros”, explicó a Cosecha Roja el doctor en Antropología Alejandro Grimson.
Según Reese, hay una metodología común que empieza con una fuerte presencia policial al inicio del conflicto. Cuando los jefes del operativo entienden que no pueden desarmar la toma, abandonan el predio y abren camino a la violencia. “El barrio se abandona para que aparezcan redes de negocio ilegales que lo copan”, explicó.
En la ciudad de Buenos Aires también hay antecedentes. El 24 de febrero de 2014 600 vecinos tomaron las tierras de Villa Lugano y lo llamaron “Barrio Papa Francisco”. La ausencia del Estado se notó cuando no se cumplió el plan de urbanización dispuesto por la legislatura porteña en 2005, la Ley 1770. Dos años atrás, la toma comenzó con un muerto y terminó en un desalojo con un único interlocutor: la Policía Metropolitana.
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