Juicio a poli borracho

Penélope Moro y Sebastián Moro – Radio Nacional Mendoza.-

La tercera audiencia del juicio contra el sargento Antonio Cruz, asesino de Tania Páez y Lorena Castro, y responsable de graves secuelas de una tercera adolescente en diciembre de 2014, dejó un sabor amargo en familiares y amigos de las víctimas. La jueza Lucía Motta, a cargo del Tribunal Correccional N° 4, rechazó el pedido de la querella de cambio de calificaciones, por lo que el imputado seguirá enjuiciado bajo “homicidio imprudente”, sin tener en cuenta su cargo de funcionario público, lo que prevé penas bajísimas y excarcelables.

Luego del pronunciamiento de la magistrada se ordenó una inspección ocular en el lugar de los hechos. Allí se corroboró que en el acta de instrucción hubo omisiones, a lo que se suman pruebas desestimadas durante el desarrollo del juicio por la fiscal de sala Rosa Giner. Se presume complicidad judicial en la causa. El lunes será el turno de los alegatos. Fuerte resistencia social de organismos de derechos humanos y agrupaciones que luchan contra la violencia institucional en la explanada de Tribunales.

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Vale recordar que el cambio de carátula requerido por la querella representada por los abogados Lucas Lecour, Sergio Salinas y Susana Soleti tenía la intención de que el policía imputado sea juzgado en una Cámara Criminal bajo la calificación de “doble homicidio simple”, contemplando la gravedad de los hechos y las pruebas surgidas a la luz del debate, con penas que van entre 8 y 25 años. Sin embargo la jueza Motta se reivindicó competente dentro de su fuero correccional para continuar con un proceso de menor categoría sobre los tremendos hechos provocados por el sargento alcoholizado y deshumanizado en su accionar, tal como señaló la totalidad de los testigos. Cruz se negó a declarar a lo largo de todo el debate.

La inspección ocular

Lamadrid y San Vicente fue la intersección del Barrio Villa del Parque en Godoy Cruz, donde la noche del 9 de diciembre de 2014 el sargento Antonio Cruz, de licencia en ese momento, embistió contra las tres niñas cuando regresaba en estado de ebriedad de un festejo de fin de año con sus colegas. Hasta allí se dirigieron la mañana del viernes el Tribunal, las distintas partes, los testigos y la prensa presente. Allí se pudo observar que el peritaje inicial realizado por el fiscal Gustavo Fehlman omitió labrar datos precisos como la distancia donde terminaron los cuerpos de las víctimas, no realizó la velocimetría necesaria para conocer la alta celeridad con que conducía el policía borracho ni tuvo en cuenta el zanjón próximo a la zona hacia donde se dirigía el efectivo policial a tirar botellas que sacaba de su auto mientras las adolescentes agonizaban.

El cuerpo de Tania, tras el impacto, fue desplazado por el aire a 23 metros de distancia, algo que se constató sólo con la inspección ocular. Las luminarias presentes en la cuadra tampoco figuran en el acto de Fehlman. Ni las frenadas que aun permanecen indelebles en el cordón de la vereda.

Las marcas del auto de Cruz

Tras embestir a las tres niñas que estaban sentadas del lado de la vereda en un montículo de cemento, Cruz chocó contra un árbol que fue cortado tiempo después. Colisionó contra un cartel de tránsito que tampoco existe en la actualidad, dio un trompo y terminó varado en dirección contraria a la que conduce San Vicente.

Melannie, la sobreviviente y más pequeña de las amigas, fue expuesta durante la inspección a revivir los hechos de aquella noche y a ubicarse en cada uno de los lugares donde terminaron los cuerpos.

Ni oral ni público, selectivo

A lo largo del debate que ya lleva tres días de proceso, los policías del Cuarto Juzgado Correccional se han mostrado virulentos ante los asistentes al juicio oral y público. Frente a los reclamos que al finalizar la jornada del miércoles recibió sobre la sumatoria de “pequeños” actos contrarios al ingreso, permanencia y respeto de parte de la guardia policial que está a su disposición contra víctimas, familiares, asistentes y periodistas que se fueron acumulando desde la audiencia inicial hasta antes de ayer – como agresiones contra una madre y una comunicadora-, la magistrada Motta aseguró que los funcionarios policiales tienen “autonomía” en su proceder.

Este viernes limitó por exclusivo criterio propio la libertad de trabajar -al restringir a solo dos periodistas el ingreso a la minúscula sala- y el derecho a la libertad de expresión -al público de esos medios y a la sociedad en general: una oficial llegó a decir a dos trabajadores de prensa que “elijan” entre uno de ellos-; y voluntariamente se volvieron a vulnerar derechos de víctimas -con padres impedidos de presenciar el debate solo porque “el tribunal ya se ha constituido”, a pesar de que la sala mayor del piso, que alberga a alrededor de veinte personas, se había desocupado; y, a diferencia de lo que sucede en los juicios por delitos de lesa humanidad, también se les prohíbe a las madres, hermanas, abuelas, amigos el acceso con fotografías de las víctimas: hoy hubo un “malentendido” con otro oficial acerca de si la imagen de Tania Páez en la remera de su mamá, Jésica Carvalho, era o no “una foto”, como le había instruido la señora jueza.

No es arbitrario pensar que de la misma manera -parcialmente protectora respecto a victimarios e imputados de las fuerzas de seguridad- que una magistrada -a la que además se le solicitó cambio de carátula porque dada la gravedad de los delitos debería declararse incompetente y en cambio rechazó el planteo por “aspectos formales”- percibe su autoridad diferenciada respecto al tratamiento de testigos, lo hace la justicia en cada una de las instancias de investigación, instrucción y elevación de causas donde están implicados policías.

Este juicio, por muchos motivos emblemático, se ha convertido también en sintomático de esta situación: así es como opera una doble complicidad y amparo judicial. En este caso el “favorecido” es el sargento Antonio Cruz, en base primero a omisiones en las actuaciones del procedimiento policial, constatadas por los testimonios y la inspección ocular -cuando el interés de la doctora Motta y la fiscal Giner estuvo ceñido a demostrar solamente que la escena de los hechos no había sido modificada, pero en cambio sí su registro-; luego al aval que el Ministerio Público da sin monitorear a esas actas -instruyó Fehlman, de la Unidad Fiscal 4 de Godoy Cruz-; y por último por la acusación, con Giner, al no incidir respecto a la abundante nueva prueba relevada y ser la puntal del rechazo al cambio de carátula.

Y finalmente, el rechazo de la jueza Motta, que viene a completar el círculo de impunidad, sea cual fuere su veredicto del próximo lunes. Claramente el juicio -estipulado para tres jornadas y acaso considerado de “trámite simple”- le ha quedado grande: de tres jornadas se le extenderá a casi una semana; así como la demostrada magnitud de los impactos automovilísticos y trasnochados de Cruz, significan en realidad, y entre otras cosas, más de tres víctimas directas: Dahiana Angélica y la hermanita de la sobreviviente Melannie Ávila Puebla, que instantes antes estaban con las chicas pero de frente y sentadas a una altura menor, por lo cual salvaron sus vidas solo de milagro.

El lunes 23 de noviembre a las 10 hs será el turno de los alegatos y se espera la sentencia. Organismos de derechos humanos y agrupaciones que luchan contra la violencia institucional invitan a convocarse en la explanada de Tribunales para acompañar a las familias de las víctimas.

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