ONU: Argentina debe “legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”

Juana tenía 12 años cuando la violaron ocho hombres en Alto la Sierra, Salta. La niña de la comunidad wichi fue obligada a cursar un embarazo hasta los siete meses de gestación. Los acusados quedaron libres en febrero y la Justicia nunca dictó el aborto no punible: le practicaron una cesárea el 3 de junio porque el bebé no tenía expectativa de vida. El caso de Juana, presentado junto a otros en un informe “sombra” por Amnistía Internacional, fue tratado hoy en el Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, en inglés) de la ONU. La conferencia fue en Ginebra y la delegación argentina no pudo responder la mayoría de las preguntas que realizó el comité de Naciones Unidas con respecto a las políticas de género puestas en marcha en la Argentina en los últimos seis años.

La reunión, que comenzó a las 6 de la mañana -cuatro horas menos con Suiza-, se realizó en la Sala XVI del Palacio de las Naciones. Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, en representación del Estado, estuvo acompañada por representantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Derechos Humanos.

Durante la conferencia, el Estado argentino reconoció que no cumple las reglas de Bangkok y las reglas Mandela para el tratamiento de mujeres en cárceles y no respondió acerca de las garantías al acceso al aborto no punible en todas las provincias.

– ¿Qué medidas están tomando para evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros? – preguntó el Comité CEDAW al Estado argentino.

Túñez admitió que “la mortalidad materna en el país sigue siendo elevada” y que una de las principales causas “son los abortos clandestinos”. Sin embargo no pudo dar estadísticas sobre el tema: se comprometió a acercar los números en un lapso de 48 horas.

El Comité también indagó sobre la marcha atrás de la provincia de Buenos Aires con el protocolo de interrupción legal del embarazo e hizo referencia a las “presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia” bonaerenses. A la observación de que los recortes de presupuesto pueden generar una regresión, Túñez en nombre del Estado argentino respondió: “se está fortaleciendo el presupuesto en un 30 por ciento”. Entonces el Cedaw recomendó: “Los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”.

Parte de la reunión se dedicó al movimiento de mujeres #NiUnaMenos. “Se inició en las redes sociales pero hoy ya forma parte del acervo cultural de toda la sociedad. En su primera marcha pedía cinco medidas que ya han sido cumplimentadas en estos diez meses de gestión”, contó Túñez.

“Las respuestas que ha dado el Estado nos preocupan mucho”, dijo a Cosecha Roja María Florencia Alcaraz, periodista y miembro del colectivo de mujeres #NiUnaMenos. “Se habló de movimiento como si fuera un slogan y no un actor político. Y eso no es otra cosa que minimizar el poder político que el movimiento supo conseguir. No basta con hablar de ‘violencia machista’, hay que hablar también de la situación económica de las mujeres. Parece mentira pero cuando el Comité preguntó si había microcréditos para las mujeres, la delegación oficial no dio ninguna respuesta y sólo alcanzó a hablar del programa ‘Ellas hacen’”.

Desde Suiza, Leah Tandeter, una de las abogadas de Amnistía, dijo a Cosecha Roja: “El acceso al aborto legal y los derechos sexuales reproductivos, sin dudas, son los temas más importantes de la reunión”. También recordó que es un retroceso que la provincia de Buenos Aires haya dado marcha atrás con la adhesión al protocolo de interrupción del embarazo, conocido como ILE. Hay sólo ocho jurisdicciones donde rige. Y en Salta, donde Juana estuvo 31 semanas afectada por un embarazo producto de una violación, tampoco se implementa.

“El Estado argentino debe garantizar el acceso a los abortos legales en todas las jurisdicciones del país, apoyado por campañas de difusión pública para promover el mayor conocimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo”, dijo Tandeter.

Según los datos del Ministerio de Salud, en 2015 hubo 500 abortos. En Ginebra, además de la delegación oficial, están las comitivas de Amnistía, el CELS, CLADEM, FEIM. Todas presentaron informes sobre derechos de las mujeres, en paralelo a la presentación oficial, denominados “sombra”. Leah y los demás representantes de las ONG mantuvieron ayer una reunión formal y otra informal con el comité evaluador. En ambas, los 23 especialistas en materia de género se mostraron interesados en las problemáticas planteadas: el aborto, la paridad y los femicidios.

Aunque la evaluación de los Estados parte ante el CEDAW se hace cada cinco años, la Argentina fue interrogada por el comité por última vez en 2010. El período que se examina ahora es la mayoría del kirchnerismo y casi un año del macrismo. Las resoluciones del comité de la ONU se dan a conocer en una fecha estimada de 15 días. Los especialistas redactan un documento en el que le indican al Estado las medidas que debe adoptar para promover y respetar los derechos de las mujeres. Leah advirtió que lo que dicta la convención es vinculante para el país. “Es responsabilidad de nosotros, las organizaciones civiles, estar detrás del Estado para que cumpla con las recomendaciones”, dijo.