Operativo Independencia: La ciencia al servicio de la justicia

Quince años trabajando. Más de 70 mil registros entre fotografías y videos. Cerca de 37 mil piezas óseas encontradas. 149 medidas judiciales realizadas. 33 metros de excavación avanzados. 105 personas identificadas. Por Gabriela Cruz – La Palta.

Los datos fueron esparcidos a lo largo de una hora y 20 minutos de exposición. Ante la mirada atenta de los jueces, Ruy Zurita respondió las preguntas que le hicieron tanto la fiscalía como las querellas. Preguntas que buscaban entender un poco más eso que el perito explicó con la solidez que le dan 15 años de investigación y trabajo en el centro de inhumación clandestino conocido como Pozo de Vargas. Ruy fue presentado como testigo por el trabajo que realiza como miembro del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).

Los hallazgos, los estudios y los resultados llegaron a la sala de audiencia como uno de los últimos testimonios en un megajuicio histórico y emblemático. Histórico porque ahora la Justicia tiene la oportunidad de reconocer que el Operativo Independencia funcionó como sala de ensayo del genocidio perpetrado durante la última dictadura militar. Emblemático porque esa misma Justicia puede ser impartida, aunque 40 años después, asumiendo que los delitos de lesa humanidad se cometieron antes del golpe de Estado de 1976.

Las excavaciones en el predio de la finca de Vargas empezaron el 24 de abril del año 2002. Diferentes testimonios señalaban que allí, en el límite entre las ciudades de San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, había existido un pozo de agua que habría sido utilizado para arrojar cuerpos durante el terrorismo de Estado. “Comenzamos ubicando un punto pericial y luego seguimos con la excavación, recuperación y estudio de los materiales que sean probatorios para la causa”, fue el resumen de Zurita a modo de introducción de su testimonio. La construcción de ese pozo de agua data de 1870, y fue realizada por el ferrocarril para proveer de agua a las máquinas de vapor. Un pozo de agua de 3 metros de ancho y 40 metros de profundidad que fue destruido y tapado en su totalidad sobre el final de última dictadura militar. Una construcción que parecía no haber dejado rastros de su existencia. Un lugar en que se encontró respuesta a más de un centenar de búsquedas; respuesta que a la sala de audiencias llega como ‘materiales probatorios’ para alcanzar algo de justicia.

“A los 26 metros, empiezan a aparecer los primeros restos mayores a 10 centímetros”. Las palabras del perito toman otra dimensión cuando se piensa que se habla de restos óseos y cuando se entiende que en el pozo se arrojó gran cantidad de tierra, rocas y bloques de construcciones para taparlo. “Estimamos que se necesitó, para tapar el pozo, cerca de 160 camiones de cajas de 10 metros cúbicos de contención”. “La caída de esos bloques desde la superficie hasta los 35 metros de profundidad lo que hicieron fue ir alterando el contexto hacia el interior del pozo”. “Hay unas vigas que eran originarias del pozo (que) se han ido quebrando”. “Hay que pensar en la fuerza y el peso de esos bloques que al caer han afectado los restos de esqueletos de los cuerpos arrojados al interior del pozo”. Cada una de esas oraciones fueron dichas por Ruy Zurita con la distancia que el investigador necesita al analizar su objeto de estudio. Las fotografías que acompañaban su exposición aportaron una aproximación a todo lo siniestro que significaba la descripción. “Entre los bloques esos se ha encontrado material textil y cerca de 100 proyectiles. Algunos asociados a los restos ‘esqueletales’, otros sueltos y otros que estaban impactados; es decir que han sido disparados desde arriba hacia el interior del pozo”, agregó señalando algunas de las fotografías.

“Fue difícil la excavación porque no se podía pisar por la cantidad de restos óseos que había, entonces hubo que innovar la forma de poder acceder e ir sacando el material para derivarlos a los laboratorios”, explicó Zurita. “Las ropas han cumplido un papel interesante porque incluso se han encontrado los textiles con la parte del esqueleto adentro totalmente articulado”. Y entre sus palabras y las imágenes aparecía con claridad la idea de un plan sistemático que incluyó la desaparición de los cuerpos. Esos cuerpos de las personas que habían sido secuestradas mientras dormían, mientras estudiaban, mientras estaban trabajando o volvían a sus casas. “Se encontraron tiras de gomas, grandes plásticos que están relacionados a los empaquetamientos, es decir a las formas de amordazar o de atar a los cuerpos”. Y los relatos de los cientos de testimonios de sobrevivientes encajan perfectamente con los hallazgos que se mostraron en la sala de audiencias.  

Hasta el momento hay unos 117 perfiles genéticos por ADN. Por el conteo de restos óseos habían determinado que había 127 cuerpos, un cálculo realizado a partir de contar todos los fémures derechos. Hasta el momento van 105 personas identificadas en el Pozo de Vargas. “El grueso de los restos óseos fueron extraídos entre los 28 y los 32 metros (de profundidad). “Ese material ha sido enviado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y ellos a medida que van identificando van dando los nombres”, explicó el perito del CAMIT. Romualdo Ricardo Abad, Leopoldo Navarro, María del Carmen Clodomira, Roberto Vega, David Costilla, Marcos Antonio Pérez, Samuel Gerónimo Romero, Santiago Vicente, Francisco Díaz, Segundo Bonifacio Arias, Nilda Zelarayan, Miguel Ángel González, Gustavo Focchi, Justina Carrizo, Esther Moreti, Miguel Antonio Ibarra y Luis Alejandro Lezcano son los nombres que corresponden a las víctimas de esta megacausa que ya fueron identificados en el Pozo de Vargas.  

“En estos momentos estamos en los 33 metros y medio”, explicó Ruy Zurita, que estima que quedan siete metros para terminar con la excavación.  Una excavación que desde octubre del año pasado está detenida debido a que desde Nación no se envía el dinero correspondiente para avanzar en la investigación. La presencia de una tercera napa de agua hace necesaria la compra e instalación de una bomba que permita continuar con el trabajo. “Estamos esperando la partida de fondos necesaria para poder movilizar el sistema de bombas nuevo para poder desagotar el agua y poder terminar los siete metros que nos faltan”, advirtió.

“Aunque parezca mentira la humedad lo protegió”, señaló el perito y explicó que los restos de estas características encontrados en el pozo tienen una de las posibilidades más altas del país de extracción de ADN. “Estamos hablando de un 72% de potencial de extracción de ADN”, aseguró. “Esto es producto del agua y aparte la protección de las capas que se fueron dando de la acumulación de sedimentos”, señaló refiriéndose al material arrojado para desaparecer la evidencia de los cuerpos. “Es decir que al tratar de tapar ayudaron a preservar la evidencia”, agregó el fiscal Pablo Camuña remarcando la paradoja.

A este megajuicio le resta una sola audiencia antes de la feria judicial. Se espera que a finales de julio empiecen los alegatos y a mediados de agosto se conozca la sentencia. Un proceso judicial que llegó a concretarse después de 40 años de búsqueda y que tiene en el banquillo a 19 imputados.

Foto interior: Elena Nicolay