De madrugada, en la Feria Punta Mogotes, a unas 15 cuadras del Puente La Noria, sobre el Camino de la Ribera, terminaba el operativo conjunto de las policías Federal, Bonaerense y Gendarmería. Allí, los puesteros se juntaron para pedir que se les permita trabajar porque a la noche llegarían varios contingentes del interior y de países limítrofes. La feria ilegal más grande de la Argentina da de comer a miles de familias: las ganancias de esos trabajadores informales -los que atienden y los que forman la cadena de producción- viven de lo que ganan cuando las dos millones 6oo mil personas compran en sus puestos cada semana.

Las cifras que maneja La Salada son millonarias. Sólo con ver la mansión de Jorge Castillo -ahora preso- en el barrio cerrado Open Door de Luján, es evidente que es un negocio de ricos. Pero detrás de esos números y de la cantidad de puesteros que trabajan martes, jueves y domingos para atender la feria, hay miles de trabajadores informales que proveen a los puestos y cuyas condiciones son peores.

“Me parece una escenificación que pone de nuevo los costos sobre los sectores más perjudicados por el ajuste y la inflación, que complica el cotidiano de las economías populares”, dijo a Cosecha Roja la politóloga Verónica Gago. “Y digo ‘escenificación’ porque es lo que permite, por ejemplo, desplazar la discusión sobre el endeudamiento masivo que hace el gobierno”.

Con el “Rey de La Salada” preso, el gobierno aprovechó para subir al escenario y descubrir ante los medios de comunicación la existencia de mafias y connivencias. La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich calificó a la feria como un “Estado paralelo” y su par bonaerense, Cristian Ritondo, prometió seguir en la lucha contra las mafias para “ayudar al vecino al trabajo digno”. En cualquiera de los análisis, los feriantes quedaron a un lado.

Al día siguiente de la detención de Jorge Castillo y otras 31 personas, la Feria amaneció con fuertes controles de seguridad en todas sus puertas. A vender y a hacer compras fue mucha menos gente que la que diariamente concurre. Las topadoras aportadas por el Municipio de Lomas de Zamora se ocuparon de destruir los puestos que están por fuera de Punta Mogotes, Urkupiña y Ocean y que conforman una “mini feria” que no tiene permiso ni legalidad. Los empleados municipales cargaron los hierros en camiones y los sacaron del lugar.

Los feriantes del Camino de la Ribera pagaban diariamente un alquiler aunque no se sabe a quién. Los medios señalaron a barrabravas o “piratas del asfalto”. De esos más de 7000 puestos que fueron destruidos depende la economía de, al menos, igual número de familias. “La criminalización de las economías populares es parte de la criminalización de los sectores que encuentran en el rebusque la autogestión precaria y en las múltiples redes informales maneras de sobrevivir y enfrentar la crisis”, explicó Gago.

En el sitio Argentina ilegal de CAME y en una aplicación que se puede bajar en los teléfonos celulares se puede denunciar una dirección exacta de cualquier lugar del país en donde haya “falsificación”, “contrabando”, “robo de mercadería”, “saladitas y puestos de venta callejeros” y “talleres clandestinos y trata de personas”. En el segundo semestre de 2016, CAME recibió 2.121denuncias a través de la aplicación: 670 (el 49,45 por ciento) son de saladitas y puestos de venta callejeros. Según el mismo sitio, en el Gran Buenos Aires hay 17.015 puestos de venta callejeros.

Para Gago no es un detalle menor la facilidad para denunciar. “Es importante tener siempre en cuenta la presión que ejerce CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) sobre el gobierno a través de una suerte de GPS contra la informalidad que auspicia la denuncia a mansalva”.

Para su libro La razón neoliberal, Gago investigó sobre la feria, los talleres textiles y la villa 1-11-14. “Las prácticas ‘desde abajo’ operan una pluralización del neoliberalismo que deja ver la articulación con formas comunitarias, con tácticas populares de resolución de la vida, con emprendimientos que alimentan las redes informales y con modalidades de negociación de derechos que se valen de esa vitalidad social”.

Por eso, recordó la cantidad de despidos de trabajadores que se realizaron en paralelo al allanamiento y detenciones en La Salada. Sólo entre ayer y hoy, Pepsico despidió a 581 empleados, Lanxess a 170 y Puma 180. Las estrategias van desde despidos a la apertura a las importaciones que perjudican al sector local. “Mientras, se intenta resolver el asunto haciendo de Castillo un monstruo sobre el que estigmatizar a los feriantes”, dijo Gago.

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