Más allá de los arcoíris que hay en algunas sendas peatonales de la Ciudad de Buenos Aires, la disidencia sexual ya no parece ser una cuestión de Estado. Esta presunción no está en el aire: hay razones que argumentan que las personas LGBT, empoderadas en los últimos años, ahora parecen un estorbo. ¿Por qué? Porque el año empezó con travestis muertas en la desidia del encierro de un penal de Florencio Varela y aún no tienen justicia. Porque siguió con denuncias de demoras en la entrega de medicamentos e insumos para el tratamiento de vih. Porque la ley de cupo laboral travesti trans aprobada en 2015 sigue sin reglamentarse. Porque una lesbiana fue detenida por besarse con su esposa. Porque se está tratando un proyecto de “libertad religiosa” que sería una involución en derechos civiles. Porque el ministerio de Seguridad aprobó un protocolo para la detención de personas LGBT. Porque -y aunque después de toda la violencia a quién puede importarle demasiado- el ministerio de Cultura no pondrá sus tablas y fierros para que la marcha del orgullo de mañana termine frente a un escenario.
1 ¿Les gusta besarse? Al calabozo
A principios de octubre Mariana Solange Gómez fue detenida y golpeada en la estación Constitución del subte C por besarse con su esposa Rocío Girat. La razón “oficial” de la paliza fue que supuestamente estaba fumando en un sector no autorizado. Los policías la insultaron -incluso la trataron de ‘pibe’-, la golpearon, la esposaron y la llevaron detenida. Parte del ‘operativo’ quedó registrado en un video. La liberaron pasadas las 21 horas. En repudio a este avasallamiento a la existencia lesbiana, varias activistas se juntaron en la estación para besarse.
“El besazo es una manifestación colectiva revolucionaria donde todas las lesbianas, mujeres bisexuales y el resto de la sociedad que nos acompañó nos unimos a decir basta: no entramos en la lógica heteronormativa, no vamos a entrar en el adoctrinamiento. Estas compañeras que estuvieron ahí fueron una pareja que estaban casadas, que accedieron al matrimonio igualitario, un derecho que tanto nos costó y que era un reclamo histórico”, dijo a Cosecha Roja Claudia Castro, integrante de La Fulana. Y agregó: “A esta violencia institucional con la que este gobierno liberal pretende adoctrinarnos, se lo para con lucha, enfrentando visiblemente con nuestros amores, nuestros deseos, nuestros placeres”.
2 Un protocolo para arrestar con onda gayfriendly
“Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.”. Esta norma que estandariza cómo deben arrestarse a personas de la comunidad LGBT fue publicada hace dos semanas en el Boletín Oficial. Entre sus puntos, se plantea que los arrestos sean efectuados “por personal femenino, quien actuará de conformidad con el modelo de Uso Racional de la Fuerza, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción”. Si bien el espíritu del proyecto puede ser vendido desde la cartera de Seguridad como un avance para frenar los reiterados abusos, el mensaje que se lee de fondo es otro: una “solución” punitiva que refuerza la exclusión.
“La asunción de Macri en la Nación y de Vidal en la provincia significaron la implementación de un perverso plan contra nuestros cuerpos e identidades que tiene entre sus pilares el aval a diferentes actores políticos y sociales y especialmente a las fuerzas de seguridad para perseguirnos y reprimirnos. y que a través de medidas como el llamado Protocolo de detención a personas LGBTI, tengan garantizada la impunidad. Este protocolo, combinado con el vaciamiento de las políticas de inclusión, el aumento de la violencia institucional y la alianza con un sector del movimiento LGBTI, significan un enorme retroceso en materia de derechos humanos que nos pone en estado de alerta y movilización”, dijo a Cosecha Roja Darío Arias, integrante de Conurbanxs x la Diversidad y del Frente de Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.
3 Nueva ley de vih: cajoneada
Hace dos años que un grupo de organizaciones en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación consensuó un proyecto para modificar la actual ley de sida, sancionada en 1990 en un contexto de emergencia. La ley 23.798, que fue de avanzada en sus primeros años, hoy está desactualizada en varios puntos: carece de una de perspectiva de prevención y diagnóstico, no incluye a niños y jóvenes que nacieron con el virus y hoy son adultos ni tiene una mirada con foco en derechos humanos que asuma que un tratamiento no se trata solo tomar una medicina. Después de obtener dictamen en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, el ahora el proyecto debe aprobarse en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda. Si no pasa antes de fin del año legislativo, deberá volver a ser presentado y atravesar todas las instancias.
“Las personas con vih volvemos a marchar como hace tantos años porque exigimos una ley que hace rato debería existir: lo hacemos en un contexto donde el Estado nos ignora y pone en riesgo nuestra salud. No hay más tiempo. El 30 de noviembre los proyectos de ley presentados pierden estado parlamentario, se caen. Nosotrxs marchamos todos los días. A pesar de un gobierno que nos trata como identidades residuales y hace caso omiso a nuestra emergencia, seguimos activando. Como puto, bichoso y activista voy a seguir marchando y exigiendo las leyes que se escribieron con la sangre de mis pares muertxs para que esto pare. Estamos y estaremos”, dijo a Cosecha Roja Lucas Gutiérrez, integrante del Frente nacional por la salud de las personas con vih.
4 ¿Libertad? religiosa para todes
Si se transforma en ley el proyecto sobre “Libertad Religiosa, 0010/PE/2017” (enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el pasado 12 de junio) se consagraría una protección más completa a esa libertad cuyo derecho ya está garantizado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla de la profesión libre de culto y protege la libertad religiosa y de conciencia.
“Si bien el término de libertad religiosa suena amigable y pro-derechos cuando lees el contenido es absolutamente conservador y modifica el paradigma de la argentina como un Estado laico. Hay uno de los artículos que lo titulan ‘de no discriminación”’ y sencillamente es lo contrario. Dice que los trabajadores y trabajadoras de entidades religiosas, puede ser un sanatorio, colegio o universidad, tienen que seguir el ideario o las creencias de esa institución, o de lo contrario tienen el derecho de admisión o exclusión. Esto quiere decir que si vos tenés un docente o médico que sea ateo o gay o divorciado pueden ser despedidos sin ningún inconveniente”, explicó a Cosecha Roja Analía Mas, secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina LGBT.
“Otro punto muy terrible es el artículo 7, que crea la objeción de conciencia, no solo individual sino también institucional. Con este argumento institucional, te pueden decir que todo un hospital no te hace un aborto no punible, ni una ligadura tubaria, no te da anticonceptivos u hormonas para personas trans. Lo mismo que a docentes podrían bajarle línea desde su concepción religiosa, como por ejemplo promulgar la teoría creacionista”, dijo Mas.
5 Cupo laboral travesti trans: en veremos
En octubre de 2015 se aprobó en la provincia de Buenos Aires la ley de cupo laboral travesti trans, conocida como la ley “Diana Sacayán” en conmemoración de la activista que militó para su aprobación. A dos años, esa ley que establece un uno por ciento de los cargos en la cartera pública para personas T, aún sigue sin sancionarse, por lo que su implementación está en veremos.
“Es urgente la reglamentación, primero porque es una ley aprobada hace ya dos años que llevó muchos años de lucha y de soñar con una vida sin violencia y exclusión y sobre todo para romper con el sistema prostituyente. Sabemos que en la actualidad el 80 por ciento de las personas travestis y trans tiene como única alternativa la prostitución obligatoria para subsistir, haciendo que nuestra expectativa de vida siga siendo de 35 años”, dijo a Cosecha Roja Florencia Guimaraes, fotógrafa y activista de Furia Trava.
“Por otro lado, necesitamos su urgente aplicación para acceder a lo que durante tantas décadas nos fue negado por el simple hecho de ser quienes somos. El Estado debe hacerse cargo de la violencia y persecución que aplicó sobre nuestras identidades disidentes. El cupo es una herramienta que tiene el Estado para evitar la muerte de cientos de compañeras travestis y trans. Y este derecho tiene que ser extensivo a nivel nacional, para que todas las compañeras a lo largo del país puedan acceder a algo tan vital como es el trabajo”, señaló.
6 Si quieren escenario ¡páguenlo!
Los miles que irán a la marcha del orgullo que hace más 26 años promueve una comisión organizadora, mañana no tendrán cierre frente al escenario del Congreso. El Ministerio de Cultura de la Nación no cederá, después de doce años, los tablones, la escenografía ni el sonido. “Pasamos de ser sujetos políticos donde el avance de nuestros derechos redundaba en una sociedad más diversa y democrática y en el marco de los derechos humanos, a ser pequeños grupos en las ciudades más pobladas donde los servicios que nos quiere dar el Estado son turismo o las cuestiones culturales como un mero maquillaje, cuando están en riesgo nuestro derecho a la salud , al trabajo y a la educación, en ese sentido, el estado no solo ya está ausente sino desmantelando las políticas conquistadas por las organizaciones de la sociedad civil en estos últimos años”, dijo a Cosecha Roja Greta Pena, presidenta de 100% Diversidad y Derechos.
