Hace unas semanas, M. se enteró de que estaba embarazada. Lo confirmó a través de dos análisis de orina. Era un embarazo no deseado. Llamó a una amiga para consultarle adónde podía llamar para hacerse una interrupción voluntaria del embarazo en Córdoba capital, donde ella vive. La amiga le pasó el número de un consultorio que está conformado como cooperativa de profesionales de la salud. M. llamó y coordinó un turno.
Como cada vez que hace una consulta de cualquier especialidad, en paralelo al turno que sacó, M. llamó a Osde, su prepaga, para que le indicaran cuáles eran los pasos a seguir. “No me brindaron ningún tipo de información. Sólo me dijeron que en 48 horas me iban a enviar por correo un listado con los prestadores que realizan IVEs en Córdoba capital”, contó a Cosecha Roja.
M. se fijó en la web de Osde, donde está publicada la cartilla con profesionales de todo el país, y comprobó que la información de los prestadores que garantizan IVEs/ILEs no está en ningún lado. “ Sólo podés entrar a ver el plan materno infantil”, dice.
Ella esperó las 48 horas hábiles y nunca le llegó nada. La Ley establece que, una vez solicitada la prestación, la salud pública, la obra social o la prepaga tiene un plazo máximo de diez días corridos para cumplir con la práctica. Los días pasaron y la información nunca llegó.
M. fue a la consulta particular y pagó 10 mil pesos por la interrupción legal de su embarazo. No volvió a llamar a Osde.
“Frente a la inacción de Osde, fui a mi consulta particular. Pero soy conciente de mis privilegios: yo tengo un trabajo y dispongo del tiempo y del dinero para hacer la consulta y la práctica de manera particular, aún cuando sé que no me van a reintegrar un peso”, dice. ¿Qué pasa con las personas gestantes que ven obstaculizados sus derechos y no disponen de los medios y las herramientas que tiene M.?
Alerta obras sociales y prepagas
Lo dice la ley 27.610: las Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud, deben garantizar la cobertura integral y gratuita de las interrupciones voluntarias y legales del embarazo.
Antes también debían hacerlo en el caso de los abortos por causales, contemplados en el Código Penal desde 1921, pero la garantía era una nebulosa. En concreto: la sanción de la ley de IVE puso en evidencia las limitaciones de la salud privada para garantizar derechos.
Pocos días después de promulgada la ley, el Gobierno abrió un formulario en la Superintendencia de Salud (SSS) donde se puede denunciar a las obras sociales y prepagas que se negaron o restringieron el derecho al aborto.
El primer informe de la SSS sobre los reclamos recibidos arrojó los siguientes datos: desde la promulgación de la ley hasta el 9 de junio hubo 134 reclamos. En el 49 por ciento de esos casos, la práctica directamente fue negada. En otros casos, el reclamo fue porque hubo obstaculización. Es decir: la práctica no fue negada pero resultó complicado acceder al derecho.
Los reclamos están mayormente concentrados entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, que tienen el 62 por ciento del total. Las prepagas que más reclamos recibieron fueron dos de las más caras: Osde y Swiss Medical, con 11 reclamos cada una. En el caso de las obras sociales, Osecac y Ioma fueron las que más incumplieron con la ley, con 6 y 3 reclamos respectivamente.
¿Un caso aislado?
En el informe que difundió la SSS sobre las denuncias hacia prepagas y/u obras sociales, Córdoba se ubica en el cuarto lugar, después de Salta, con nueve reclamos.
En Córdoba capital, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir aporta un dato contundente: de 860 personas que hicieron la consulta por IVE/ILE en el sistema de salud público y recibieron misoprostol, el 15 por ciento tenía obra social. Es decir: fueron a la salud pública porque en el sector privado no encontraron respuestas o no se sintieron seguras. En el 96 por ciento de los casos, la medicación la proveyó el Estado.
En la ciudad cordobesa, hay 100 centros municipales de salud pública y otros 17 provinciales. “Antes de que se aprobara la ley, las ILES se garantizaban en un 40 por ciento de esos centros municipales y provinciales. Luego de la aprobación, ya son más del 70 por ciento quienes acompañan y garantizan IVEs”, cuenta a Cosecha Roja Betiana Olearo, médica del sistema de salud público de Córdoba Capital e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
“En el sistema público se avanzó mucho”, dice Olearo y advierte que las mayores dificultades se dan en el sector privado. “Son menos de un tercio las instituciones privadas que cuentan con algún profesional que acompañe la IVE Y además la calidad de la práctica no es la misma a la que se accede por el sistema público”, destaca.
En muchos casos, los sanatorios o clínicas privadas no prescriben el tratamiento ambulatorio (con misoprostol) en el primer trimestre, sino que garantizan la práctica a través del método conocido como legrado o raspaje, que tiene mayores costos y que no es recomendado por la Organización Mundial de la Salud desde hace 20 años.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Córdoba coinciden con este diagnóstico. “Lo que estamos viendo en el sistema público es que hay una ampliación de equipos y profesionales para el cumplimiento de la ley y eso favorece el acceso de derechos”, dice Alejandra Domínguez.
“En cuanto a las obras sociales que hacen coberturas en hospitales privados y clínicas, hay mayores resistencias”, agrega. En esos lugares, las áreas de salud, la Red de Profesionales y la Campaña están trabajando. “Tenemos identificados clínicas y sanatorios que se han reconocido objetores de conciencia y eso no es posible. Porque quienes deben hacerlo son los profesionales, no las instituciones”, explica. Es que la ley dice claramente que todos los centros de salud pública o privada deben garantizar el derecho y en el caso de que no haya profesionales que hagan la práctica, hacerse cargo de la derivación y que la persona acceda a la IVE.
En esos casos de intento de objeción de conciencia institucional, que la ley no permite, debe intervenir el Ministerio de Salud. En lo que trabajan la Campaña y la Red es en capacitar a profesionales para ampliar la cantidad de equipos de salud que realicen la práctica.
En líneas generales, las IVES/ILES se garantizan desde el sistema público y sobre todo en las localidades y ciudades cabeceras de Córdoba.
El problema está en el norte de la provincia. “Hay pocos profesionales que garantizan el derecho. Las mujeres tienen que viajar varios kilómetros y muchas veces, como es el Estado el que envía la medicación, llega con demoras”, cuenta Olearo.
“Algunas mujeres tampoco van al centro de salud de su localidad por vergüenza, porque son pueblos chicos donde todo se sabe”, suma Dominguez. “Son situaciones que hay que trabajarlas, con información y concientización”.
La herramienta fundamental de información, acompañamiento y garantía del derecho es el 0800. Pero en muchas localidades ni siquiera está difundido. “Hay que trabajar mucho en la difusión del 0800 y cuando hay obstáculos, hay que denunciarlos”, dice Dominguez.
“En las capacitaciones surgen planteos de los profesionales que tienen que ver con sus creencias religiosas y sus posturas morales y personales. Pero también plantean un alto grado de desinformación”, dice Olearo. “Hay profesionales que no están motivados para conocer en profundidad la ley y hay otros que atienden las consultas pero sin perspectiva de derechos y dejan a quienes consultan a la deriva, no las acompañan ni contienen”, agrega.
A la ampliación de las redes en el sistema público se suman casos extraordinarios que no dejan de ser alentadores, como los de profesionales que antes de la ley eran objetores y que ahora ya no lo son. Y hace una semana la noticia de la primera IVE en un centro de salud ubicado a más de 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba donde hasta hace poco ni siquiera había un profesional dispuesto a hacer abortos legales.
Primer 28S con aborto legal en cualquier lugar
Durante 30 años el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se conmemoró en Argentina desde el deseo de poder elegir sobre nuestros cuerpos gestantes. La lucha se transformó en organización y en redes cuando en 2005 nació la Campaña Nacional por el Aborto, que por 15 años trabajó para darle un marco legal a ese derecho y, junto a organizaciones como Socorristas en Red y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, garantizar el acceso a las Interrupciones Legales del Embarazo (abortos por causales) . En 2018 el aborto salió del closet y la marea verde ganó las calles. Este es el primer año que nuestro país transita un 28S con aborto legal, seguro y gratuito.
Todavía no pasó un año desde la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En estos nueve meses no existen aún cifras oficiales de las prácticas de IVE. El Ministerio de Salud de la Nación está trabajando en la implementación de un sistema federal de información: una aplicación en la que los efectores de todas las provincias deberán ingresar los datos de las IVES. El sistema arrojará los primeros datos oficiales de abortos realizados en Argentina.
Por ahora, los únicos datos oficiales que se conocen son los que arroja el “0800 Salud Sexual”, la línea gratuita de consulta, asesoramiento y acompañamiento. Sólo entre enero y febrero de este año, hubo más consultas que en todo 2019. En total fueron 3781.
¿Cómo se está garantizando el aborto voluntario en nuestro país? ¿Cuáles son los mayores obstáculos?
Cuando se cumplieron los seis meses de implementación de la ley de IVE, Argentina contaba con al menos 1150 centros de salud que garantizaban la práctica en todo el país. Es un número que creció -empezó con una base de 700 efectores- y que continúa creciendo a base de trabajo de concientización y capacitación en las distintas provincias. Es fundamental el trabajo que, junto a las áreas de salud sexual municipales, provinciales y nacional vienen realizando las Socorristas, la Campaña y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
