Cosecha Roja.-
Que hicieran saltos rana. Que hicieran sentadillas y flexiones. Y, de pronto, que ¡cuerpo a tierra! No era un baile, guiso o manija -así se denomina en la jerga- de un entrenamiento militar. Eran los policías Lucas Horacio Pérez y Rodrigo Adrián Rubilar pegándoles un baile a tres detenidos -dos de ellos menores- en la Comisaría Primera de Puerto Madryn, el 17 de mayo de 2011. Los oficiales acaban de ser condenados a un año de prisión en suspenso y quedaron inhabilitados para desarrollar la función policial por dos años. En el último año, el Ministerio Público Fiscal registró al menos siete casos de abuso de poder de la policía: allanamientos ilegales, falsificación de documentos, hurto y golpes.
– ¿Qué les pasó? – preguntó en 2011 el defensor nocturno que recorría la Comisaría cuando encontró a los detenidos en el patio, contra la pared.
– Sacanos de acá – le rogaron.
“Fue una burla hacia los detenidos, les hicieron hacer algo que no tenían por qué”, dijo a Cosecha Roja la fiscal general de la causa, Myriam Pazos. A partir de entonces, Jairo Arce, Claudio Hueche y Gino Germillac hicieron la denuncia y se inició la causa penal. “Es importante que haya habido una sentencia para futuros casos”, dijo a Cosecha Roja el asesor de menores de la Provincia de Chubut, Damián Sáenz. El fallo indica que no podrán realizar “tareas de calle, comando, custodia de detenidos”, pero sí tareas administrativas. Se basa en el artículo 144 bis del código penal que condena al funcionario público que imponga vejaciones o apremios ilegales. “Esto es inadmisible en una comisaría”, consideró Sáenz. Fue un juicio abreviado en el que ambos imputados reconocieron su participación los hechos y aceptaron la condena.
En la Asesoría de Familia reciben denuncias de apremios ilegales y vejaciones cada dos semanas. Ellos acompañan a las víctimas para que sean querellantes. “No todos siguen adelante, afecta mucho el factor temor, el miedo de que vuelva a suceder”, explicó Sáenz. Los métodos para demostrar el maltrato policial incluyen testigos, ruedas de reconocimiento médico e informes médicos: “Hay muchas posibilidades de esclarecerlo si hay voluntad”, dijo.
Este tipo de casos no ocurre sólo en Puerto Madryn. La policía también hace abuso de su autoridad en otras ciudades de la provincia de Chubut. Trelew, por ejemplo, carga con la impunidad del asesinato de Julián Antillanca, el 5 de septiembre de 2010. Julián tenía 20 años y la policía lo molió a golpes en la rotonda 5. Después lo subieron, muerto, a una patrulla. El cuerpo apareció en la calle Patagonia del barrio UPCN, y sus documentos, en cualquier otro lado. “Encontraron rastros de sangre en la patrulla de la Comisaría Segunda cuyo ADN compatible con el de Julián y no hubo condena”, dijo Natali Narváez, integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut.
Esa misma noche, los hermanos Sergio y Denis Aballay también salieron de un boliche y también recibieron los golpes de la policía. El más chico entró a la comisaría y salió con siete impactos de bala de goma. Los hermanos denunciaron, fueron a juicio y lograron que se condenara por privación ilegítima de la libertad agravada a Diego Rey, el cabo Martín Solís, la agente Analía Di Gregorio, el agente Jorge Abraham y el comisario Carlos Sandoval. El 9 de marzo de este año, Sergio y Denis fueron en auto al almacén del barrio Tiro Federal a comprar cerveza para celebrar el día de la Mujer. Discutieron con otro cliente, Horacio Blanco, que después los siguió con su Volkswagen Senda y los fusiló.
“Tengo información de que la cúpula mayor de la Policía del Chubut está presionando para que el juez César Zaratiegui, quien fue fiscal de nuestro caso en 2010, no quede al frente de la causa. Si eso es así, quedaría confirmado que la policía está detrás de la muerte de mis dos hijos y entonces ‘wait’, yo no hablo más”, había dicho a Cosecha Roja Miguel Aballay, el padre.
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