“Es ofensivo. Otra vez, los familiares tenemos que hacer el esfuerzo de dar cuentas, de poner la cara”.

La que habla es Raquel. Ella es hija de Alberto Camps, sobreviviente de la Masacre de Trelew y asesinado en un enfrentamiento, el 16 de agosto de 1977, en la puerta de su casa, en Lomas de Zamora. Y de Rosa María Pargas, secuestrada ese mismo día y vista por última vez en el Centro Clandestino de Detención El Vesubio.

Raquel está conmovida, sorprendida y enojada con el número 6348. Esa vendría a ser la cifra de detenidos desaparecidos del informe que dio a conocer la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que causó indignación. “El gobierno debería ir a las fuentes y preguntarle a los asesinos. Hablar de un número es involucionar”, dijo a Cosecha Roja Raquel Camps, miembro del Colectivo de Hijos y de la Comisión de Derechos Humanos del gremio judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

“Investigación sobre víctimas de desaparición forzada y asesinato por el accionar represivo del Estado y Centros Clandestinos de Detención y otros lugares de detención clandestina” se llama el informe realizado por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado del Ministerio de Justicia en el que, a partir de hoy, la cifra de desparecidos no sería 30.000 sino 6.348 más 952 personas asesinadas sin mediar desaparición forzada.

Lo curioso es que a ese número se llega en cumplimiento de un pedido de información que la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional realizó al Estado nacional el pasado 16 de agosto.

Las repercusiones de la cifra circularon por las redes sociales. La abogada y experta en políticas de Seguridad y Género, Ileana Arduino, dijo: “Podemos agregar a los que aún no saben quiénes son y si el gobierno sigue desmontando política de derechos humanos y avanzando con guiños de impunidad, seguirán sin saber. Cuando niegan un número para imponer otro, minimizando siempre, lo que quieren es negar el genocidio mismo. Justo ahí donde reinó el ocultamiento vienen a plantear precisiones. Qué perversos. Ellos, justo. Que saben quiénes saben lo que callan. Si lo hubieran podido acreditar ya lo hubieran hecho. Esto no es asunto de las víctimas directas, es un asunto colectivo, de todxs nosotros y de las generaciones por venir”.

Camps va en la misma dirección: “Es terrible que salgan con esto ahora porque las víctimas no vamos a retroceder. Por nosotros y por nuestros muertos. Todavía hay muchos militares y cómplices que están en libertad. A ellos los debe perseguir el Estado en lugar de poner en duda todo lo que se logró y que es muchísimo”.

En su cuenta de Facebook, Fabiana Rousseaux, coautora del libro póstumo de Eduardo Luis Duhalde El ex-detenido desaparecido como testigo de los juicios por crímenes de lesa humanidad escribió: “Si hablamos de números de verdad, entonces, falta agregar a la lista a lxs suicidadxs, a lxs infartadxs, a lxs atropelladxs mientras buscaban desesperadamente a sus hijas e hijos, enloquecidxs de dolor, lxs que buscaban a sus madres y padres, en cuarteles y comisarías y desarrollaron enfermedades mortales, niñxs muertos en orfanatos por falta de atención cuando eran dejadxs allí cruelmente luego de secuestrar a sus padres. Hubo muchos, muchísimos muertos y desaparecidxs de los que el Estado también fue el responsable. Todo eso constituye la larga e infinita lista de víctimas del genocidio”.

 

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