Una arquitecta de 58 años hace su transición de género y se pregunta quién la va a cuidar los meses de recuperación que le implicaría hacerse una cirugía. El caso es real y se puede ver en el documental Canela, que subió esta semana a la plataforma Cine.Ar y muestra cómo algunas personas viven su transición en la adultez, cuando pueden hacerse un tiempo para conectar con su deseo. Lo mismo le pasa a Malena, una mujer trans salteña que logró esta semana que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -más conocido como PAMI- le cubra la intervención quirúrgica para sus pechos después de un fallo de la Cámara Federal de Salta.
El derecho de Malena figura en la ley 26.743 de identidad de género, donde dice que las personas mayores de edad podrán acceder a intervenciones quirúrgicas sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Cuando el año pasado dijo que estaba en un tratamiento hormonal avanzado para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida, en PAMI le dijeron que no tenían un especialista para la cirugía y tampoco autorizaban el presupuesto para que pueda atenderse con un particular.
“Las obras sociales y el sistema de salud público nos tiene acostumbradas a generar demoras innecesarias en el acceso a la salud”, dice a Cosecha Roja Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA). “Muchas veces se piensa que es un capricho estético cuando la adecuación del cuerpo es algo que atraviesa muchas cosas de nuestras vidas que trascienden lo externo y tienen que ver con nuestra vivencia interior”.
Sin una respuesta por parte de la obra social, Malena inició la demanda. PAMI le respondió que le había dado cobertura “real e integral” de acuerdo a la “normativa vigente”. También le dijeron que ese tipo de operación “no se encuentra incluida en el Programa Médico Obligatorio y que por lo tanto –en principio– las obras sociales y otros agentes de salud no están obligados a brindarlas en forma gratuita, lo cual no significa rechazar la cobertura a la afiliada, sino explicar los motivos de una razonable demora en la coordinación de la cirugía”.
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El Juzgado Federal N° 1 de Salta, a cargo del juez Julio Leonardo Bavio, hizo lugar al amparo de Malena el 8 de junio, haciendo referencia a que “la cirugía se encuentra incluida en el PMO, y a pesar de ello y del tiempo transcurrido (más de un año) aún no fue autorizada por el PAMI”. El organismo apeló el fallo de primera instancia, pero la novedad es que la Cámara Federal de Salta -compuesta por María Ximena Saravia Peretti, Guillermo Elías y Mariano Catalano- le dio la razón a Malena y autorizaron que se le garantice el derecho a su operación.
“Precisamos que haya un presupuesto asignado para que se cumpla con nuestros derechos y que se cumpla en todo el país, porque es muy desigual la atención en cada provincia”, dice Romero y exige que también se capacite a los médicos: “Hay casos de mala praxis demasiado seguido. En algunos hombres trans las cicatrices que quedan tras las mastectomías son tremendas. Eso pasa porque no hay una intención de formar profesionales que entiendan nuestras necesidades”.
Como en ATTTA se cansaron de tener que dar explicaciones cada vez que un hombre o mujer trans solicita una intervención, hicieron una guía donde explican el aval que tienen por parte de la ley para que les aprueben sus tratamientos.
Para Romero, sin el acceso a la salud, no se está cumpliendo con un punto muy importante de la autopercepción de las identidades trans: “Precisamos que, así como hay un cupo, exista una posibilidad real de adecuar nuestros cuerpos a la autopercepción sin tener que pasar por una judicialización. Muchas compañeras no tienen la posibilidad ni las fuerzas para dar una pelea judicial para que se cumplan sus derechos y se está vulnerando una necesidad básica”.
