Paraguay: once campesinos condenados por la masacre de Curuguaty

Durante el juicio por la masacre de Curuguaty se repitieron las irregularidades de la investigación: falta de pruebas, contradicciones entre peritos y ausencia de garantías para los acusados. Si bien el 15 de junio de 2012 diecisiete personas fueron asesinadas, sólo se investigó la muerte de los policías, cuyos cuerpos tenían orificios de armas automáticas que nunca aparecieron. Nada se dijo de los once campesinos asesinados. Las movilizaciones se replicaron en distintos puntos del país para pedir la anulación del proceso.

El calor era agobiante. El sol en Paraguay no da tregua. Ni hoy, ni aquel 15 de junio de 2012. Ardía tanto como la tierra. Los campesinos que acampaban en Curuguaty, al interior del departamento de Canindeyú, lo padecían sobre sus hombros. Sobre sus cabezas. Les pesaba tanto como su vida. La vida de la chacra, del campo. Donde las penas son más grandes y profundas.

Los rayos deshicieron las pocas telas que habían colgado para cubrirse. Las habían atado de unos palos con unos alambres. Y así pasaban los días. Por esa postal, los diarios empezaron a apodarlos “carperos”. Así también evitaban referirse al problema de fondo: el de un grupo de campesinos permanecían en el lugar para exigir que esas 2.000 hectáreas se destinen a la reforma agraria. Desde hacía seis años realizaban gestiones para acceder plenamente al predio como propietarios. La puerta se había abierto mediante un decreto que llevaba la firma del ex presidente Nicanor Duarte Frutos y que incluía a aquel sitio en la reforma.

Ese día el aire se respiraba tenso. El zumbido del helicóptero se llevaba la poca tranquilidad. Cada vez que se acercaba, un viento caluroso revolvía la tierra colorada, atentaba contra las carpas y provocaba un ruido ensordecedor. Se sentía desde la noche anterior y para las primeras horas del día eran casi 300 los efectivos en el lugar. En sus manos tenían una orden de allanamiento y un despliegue de armas y fuerzas que no se justificaba.

El jefe del GEO de Alto Paraná, Erven Lovera Ortíz, estaba a cargo del operativo. Sus hombres se dividieron en columnas. Recorrieron el lugar para no dejar un solo punto ciego. Los campesinos quedaron entre varios frentes y sin posibilidad de movimiento. En aquel mar de gritos, un denso sonido seco fue la primera gota de una lluvia de balas que no distinguió entre propios y ajenos. Al ritmo del tableteo de las armas automáticas de los uniformados; las huellas atravesaron los cuerpos de los campesinos. De a uno, comenzaron a caer como si fueran árboles arrancados de la tierra.

Un silencio cómplice, en el que todavía se sentía el eco de los tiros, anunció el fin del operativo. Era el mediodía del 15 de junio de 2012. Los cuerpos sin vida de seis policías eran cargados por sus compañeros. La Municipalidad declaró tres días de duelo por la muerte de Lovera. Pero nada se dijo de los once campesinos masacrados, muchos de ellos fusilados a corta distancia, ni de las torturas y vejaciones que padecieron.

Aquel silencio cómplice se mantuvo hasta el lunes 11 de julio de este año, cuando once campesinos fueron sentenciados por el crimen de los policías. Como si se tratara una violenta ironía del destino, fue la misma cifra de muertos que la Justicia decidió no investigar.

Casi cuatro años pasaron hasta que el Tribunal de Asunción diera a conocer su veredicto condenatorio, con penas que van desde cuatro a treinta años de prisión. Durante ese tiempo nada se dijo en la radio, los diarios o los despachos judiciales. El silencio sólo se fractura con una incógnita: ¿qué pasó en Curuguaty? Una pregunta que se convirtió la bandera de las agrupaciones de Derechos Humanos y que no respondió la Justicia, porque los crímenes de 2012 se prolongaron hasta la sentencia. Y continuarán cada día entre las cuatro paredes de los condenados.

Sin pruebas

El juicio quedará fuera de los manuales de Derecho. Es que fueron tantas las irregularidades que para los familiares es más sencillo hablar de una “escenografía montada” que de un juicio real. “Solo se investigó en una dirección y fue para incriminar a los acusados. Nunca se conoció quiénes fueron los asesinos de los campesinos. Nadie tuvo un interés sobre las ejecuciones y las torturas que padecieron esas once personas”, dijo a Cosecha Roja el abogado defensor Amelio Sisco desde la sala donde el Tribunal dio el fallo condenatorio.

Luego de plantear distintos recursos ante la Justicia, la farsa crecía. Porque solo hay una forma de hacer creíble una mentira: seguirla hasta el final. “El Tribunal demostró que su resolución no estaba fundamentada en un trabajo intelectual y que no hubo una la sana crítica. Sino que, sencillamente, usaron parte de lo que era la introducción a los alegatos de la fiscalía, las mismas expresiones. Esto implica que como juristas están bajo influencia de un factor externo, no fueron independientes. Esto es una causal de recusación, como también lo es el hecho de que han demostrado una parcialidad manifiesta. El Tribunal siguió con la lectura al margen de la recusación y no tuvimos más opción que comenzar una ocupación”, contó Sisco.

La mayoría de los campesinos acusados no pudieron comprender lo que sucedía durante el proceso de indagatorias, ninguno de los trámites, ni de muchas de las actuaciones de la fiscalía. Y es que su idioma original es el guaraní, el que se habla en las chacras, en la siembra, en el campo. La Justicia habla otro lenguaje: el de los códigos fríos, inaccesibles y técnicos y el español. Sólo se colocó un intérprete por insistencia de la defensa.

El debate sobre la muerte de Lovera – jefe del GEO y el encargado de llevar adelante el operativo – fue el más problemático. En un primer momento, los peritos habían planteado que su cuerpo tenía cuatro proyectiles. Después se hizo un nuevo análisis forense por parte del Ministerio Público y se conoció que habían sido diez orificios de entrada realizados por múltiples calibres.

“Jamás se presentó una placa radiográfica de los policías o campesinos para que puedan apoyarse sobre esto. Ni siquiera aparecieron los proyectiles de armas automáticas que, supuestamente, eran de los acusados. Los cuerpos de los compañeros de los ahora sentenciados fueron arrastrados y aparecieron tres cadáveres con escopetas entre las piernas: esa no es una posición de una persona que haya participado de un enfrentamiento”, dijo Sisco.

La tierra color sangre

En 1967 la empresa Industrial Paraguaya S.A., que poseía la titularidad sobre las 2.000 hectáreas, las cedió a la Armada. El decreto 29.366 oficializó la operación. Sin embargo, nunca se llegó a formalizar la escritura. A pesar de no haberse cumplido con los pasos burocráticos, hasta 1999 desarrolló sus actividades el Destacamento Naval Agropecuario. Fue recién en 2005 cuando la empresa Campos de Morombí S.A. identificó a este espacio como propio, sin haber tenido relación previa con el sitio. Y en diciembre de aquel año, el juez Carlos Goiburú, de Curuguaty, dictó una sentencia favorable a la compañía.

“En el momento en que se produjo el operativo del supuesto intento de desalojo, ni las tierras eran de Campos Morombí S.A, ni se podía emitir una orden así, tal como lo habían solicitado ante juez los presuntos propietarios, que presentaron una denuncia por invasión de inmueble ajeno y otros supuestos hechos punibles”, dijo a Cosecha Roja Cristina Coronel, del Servicio de Paz y Justicia de Paraguay (Serpaj).

Campos de Morombí S.A. le pertenecía al ex senador Blas N. Riquelme. Un reconocido barón del Partido Colorado, que falleció en septiembre de 2012. Al momento de su muerte el colorado poseía varias empresas, entre las que se encontraban: Cereales S.A., Cervecera Asunción S.A. y Cervecera Itapúa S.A., Cadena Real S.A. (supermercados) y Cristalera Asunción S.A.

La respuesta más acertada para tratar de cerrar la incógnita que abren las organizaciones sociales en Paraguay con el reconocido ¿Qué pasó en Curuguaty? comienza a escribirse en 1954, con la figura de Alfredo Stroessner y el modelo implementado: instituciones endebles, una Justicia adicta y un sector político constituido como clase. Pero también existen responsables materiales. Los que apretaron el gatillo el 15 de junio de 2012.  Sobre ellos, el Tribunal decidió no pronunciarse.

Foto: nanduti.com.py