Julia Varela – Cosecha Roja.-
El termo violeta y el vaso de aluminio transpirado quedaron en el piso, al lado de la pata de la silla. Cuando los sicarios dispararon desde la moto, Eusebio tomaba tereré bajo la sombra de un níspero, en la puerta de su casa. Faltaban diez minutos para las cinco de la tarde de un miércoles de marzo.
-¿Usted es Eusebio Torres? -preguntaron. Él asintió. Y dispararon cinco veces con una pistola 9 milímetros. Acertaron cuatro tiros, y desaparecieron.
Eusebio era dirigente campesino de la comunidad Santa Lucía, de Ytakyry, en el departamento de Alto Paraná, Paraguay. Tenía el pelo lacio y un mechón morocho le caía sobre la frente. La piel era del mismo color que la tierra; grasosa. En la mirada se le notaba la cadencia para hablar.
-La mafia sojera lo asesinó -dijo Tomás Zayas Roa, secretario general de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná -porque Eusebio se ofreció de guía para mostrarle al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), las tierras campesinas usurpadas por sojeros. Él era el que había acompañado a Justo Cárdenas, su director, y al juez Juan Aguirre, a ver los lotes que podían ser recuperados. Él había cotejado planos, iniciado gestiones y organizado reuniones. Pero alguien mandó a matarlo. Alguien, a 435 kilómetros de Asunción, casi en la frontera con Brasil, en uno de los departamentos de la mítica Industrial Paraguaya y de Tranquilo Favero -el Rey de la soja-, no quería nada parecido a una Reforma Agraria.
Pese a que no existe en Paraguay un catastro oficial de posesión tierras y cultivos, el martes pasado, el INDERT el inició una campaña de recuperación de 3187 hectáreas de tierras en Itakyry, que hoy son sojales. Todos los sectores apoyan la iniciativa; el Partido Colorado, la iglesia y la Unión de Gremios de la Producción, también. El diario ABC Color lo llamó Operación Rojevy: recuperar. El objetivo es que tierras que forman parte parcelas de producción intensiva vuelvan a manos de campesinos. A producir en pequeña escala. Que sean parte de un loteo que las divida de a diez hectáreas y se otorguen a aquellas 540 familias que Favero dejó sin tierras en 2012.
-Niego categóricamente, en memoria del señor Torres, que su muerte tenga que ver con lo que estamos haciendo, dijo Justo Cárdenas, solemne. Cárdenas fue hasta Santa Lucía y comprobó que casi toda de tierra del lugar se destina al cultivo de soja, que no hay población. Cada tanto, alguna casa. Algún contratado, algún campesino cuidador del sojal. Empleados de brasileros o descendientes de ellos.
Aureliano Díaz Morales era el cuñado Eusebio y había visto desconocidos rondar la zona. “Ya había tenido amenazas, vinculadas con el narco”, dijo Tomás Zayas Roa a Cosecha Roja. A Eusebio lo mandaron a matar, de la misma manera que a Vidal Vega, Sixto Pérez, Nery Benítez y tantos otros en los últimos dos años, que luchaban contra el avance del latifundio. “Los dirigentes de Itakyry están amenazados de muerte”, agregó Zayas. También dijo que le había insistido a Eusebio para irse del lugar, que a otros dirigentes había conseguido trasladarlos, pero él quiso quedarse.
Alto Paraná es uno de los departamentos del este paraguayo que limita con Brasil. Y su capital es Ciudad del Este, en la triple frontera. En Alto Paraná se produce la mayor cantidad de soja del país. Y el país es el quinto productor de soja del mundo.
Según Ernesto Benítez, candidato a senador nacional por el Frente Guasú en 2013, ocho millones de hectáreas de la frontera con Brasil están en manos extranjeras. “Y hoy día y con mucha fuerza entran los agroexportadoras, el agronegocio. Ahí podemos encontrar a unas seis empresas multinacionales: Cagill, ADM, Bunge, Monsanto, Dreyfus, Bactcher. Estas empresas trasnacionales con sus socios locales controlan alrededor del 90 % de la exportación paraguaya”, dice.
Hay una ley que no permite que un propietario extranjero se instale en 50 kilómetros de la franja de frontera: esas tierras son de Estado. Pero no puede obligar a los que están, a que se vayan. Eusebio participó de la conquista de las tierras para la comunidad Santa Lucía en 1995. Pero ahora en muchos de esos lotes se instalaron sojales. Porque los campesinos, muchas veces amenazados, vendieron sus derecheras; los certificados que los hacían dueños.
-Esto recién empieza, a muchos de nosotros nos va a tocar, -le habían dicho a Zayas hace un mes, cuando mataron a Arsenio López, el director de la radio de Itakyry.
El tomo 4 del Informe Final Anive haguã okio, realizado en 2008 por la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, dice es un país de 40.675.200 hectáreas de tierra, donde el 85% están en manos del 2% de la población. También dice que entre 1954 y 2003 se entregaron tierras a personas que pretendían ser beneficiarios del programa de Reforma Agraria Integral. Pero, según ellos, el 64% de esas tierras entregadas, no fueron destinadas a campesinos pobres que necesitan la tierra para su subsistencia y alimentación, sino a amigos del dictador Alfredo Stroessner o a personas vinculadas con el Partido Colorado. A ese 64% de tierras se las llamaron Tierras Mal Habidas.
Unas 200.705 adjudicaciones de lotes. Una superficie total de 12.229.594 hectáreas, donde 7.851.295 fueron adjudicadas con graves irregularidades. El 64% de las tierras entregadas. De las más de cuarenta millones de hectáreas que tiene el país, sólo 24 millones son arables. Entonces, las tierras Mal Habidas representan el 32% del territorio nacional que puede ser apto para el cultivo. El 32% de las tierras del país está en manos ajenas; en manos de presidentes de la República, ministros, funcionarios de gobierno, militares y policías en servicio activo, senadores y diputados, políticos, latifundistas y dictadores perseguidos por la justicia de otros países, refugiados en Paraguay.
Pero no existe ningún catastro oficial que de cuenta de la titularidad de las tierras. Por eso el Indert está llevando adelante las mesuras. Para poder saber qué tiene sembrada la tierra, de qué manera, a quién le pertenece.
-Torres hizo la denuncia de cultivo de sojales en tierras que son propiedad del Estado paraguayo, y ahora está muerto, -dijo a la prensa el senador Hugo Richer, del Frente Guasú. -Hay campesinos que salen a movilizar para el cumplimiento de la ley, para que se cumplan las normas ambientales. Y como respuesta hay 212 campesinos imputados y cero sojeros imputados.
Cuando llegó la policía nacional, las cuatro sillas de plástico del patio se convirtieron en el cerco perimetral. Alrededor de ellas colocaron la faja roja y blanca que dice peligro. Armaron un cuadrado. El cuerpo de Eusebio Torres quedó dentro, cubierto por una sábana cada vez más roja. El aserrín chupó la sangre del piso. Mientras, dos policías trabajaban sin guantes, lo medían. Y cuarenta personas miraban la tarea, algunos sentados, otros con los brazos cruzados, esperando a que el fiscal de la causa, Delio González consiga algún avance en la investigación.
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